Euskadi salva a última hora el impuesto a los ricos: será más 'light' que en el resto de España

Euskadi tendrá sobre la bocina su impuesto a los ricos antes de que termine este 2023. Realmente tres, uno por provincia. Podemos ha anunciado este lunes un acuerdo con el PNV y el PSE para la aprobación del gravamen en las Juntas Generales de Álava y Guipúzcoa, los dos territorios donde nacionalistas y socialistas no cuentan con mayoría absoluta, a diferencia de Vizcaya, y necesitaban el apoyo de un tercer partido. El polémico tributo se aplicará con un año de retraso en el País Vasco y será más light que en el resto de España. El tipo máximo del 3,5% comenzará a aplicarse a partir de los 14,5 millones, frente a los 10,6 del conjunto del país.

Podemos se ha acabado convirtiendo en la tabla de salvación de las diputaciones vascas, gobernadas por el PNV y el PSOE en coalición, pero como reconoció el secretario de Organización en Euskadi, David Soto, ha sido a regañadientes. Los morados eran partidarios de que el gravamen vasco fuese exactamente igual que el nacional frente a la propuesta descafeinada del PNV y el PSE.

Los cambios son leves, pero la formación ha preferido cerrar un acuerdo con tal de conseguir que el impuesto se aplique. Las otras dos opciones a las que se podían agarrar las diputaciones estaban descartadas: Bildu por rechazar de entrada cualquier rebaja sobre el tributo nacional y el PP por oponerse al gravamen.

El tipo más alto del impuesto, fijado en un 3,5%, comenzará a aplicarse a partir de los 14,5 millones y no de los 16 que contemplaba la propuesta inicial del PNV y del PSE, según desgranó Soto. No obstante, la cifra se sitúa todavía lejos de los 10,6 millones del impuesto nacional. En el tramo anterior, fijado en los 12,8 millones, en Álava y en Guipúzcoa se aplicará un tipo del 2,5% y en Vizcaya, donde nacionalistas y socialistas no necesitan a Podemos para la aprobación del gravamen en las Juntas Generales, será el 2%. El acuerdo no prevé cambios en el resto de tramos. Unos 500 contribuyentes se verían afectados en la región.

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“Nos hubiera gustado ir más allá, pero se ha conseguido la aplicación efectiva del impuesto en Euskadi en términos más duros que los que pretendía el PNV”, defendió Soto, que también ha recordado que sin su apoyo el impuesto no se habría podido sacar adelante ni en Álava ni en Guipúzcoa. Además, el calendario apremia, ya que la medida debe aprobarse antes de que acabe el año. De lo contrario, el tributo, ideado en un principio para dos ejercicios, nunca se habría llegado a aplicar en Euskadi.

Soto, además, reprochó a los socialistas no haber hecho más por su aplicación en la comunidad. "Demostramos así que somos quienes realmente garantizamos la aplicación en Euskadi de los avances progresistas y de justicia social del Gobierno de coalición. Algo de lo que el PSE no es capaz", señaló.

Un camino tortuoso

La tramitación del impuesto en Euskadi ha sido un camino tortuoso (el gravamen todavía tiene que pasar el escollo definitivo, su aprobación en las respectivas Juntas Generales). En un primer momento, PNV y PSE se negaron a aplicarlo. La negativa suponía abrir una brecha con el resto de comunidades y daba alas a los recursos que las autonomías del PP, lideradas por Isabel Díaz Ayuso, presentaron contra el impuesto. Precisamente, el gravamen nació para dejar sin efecto las bonificaciones en Patrimonio impulsadas por las autonomías en manos del PP. Finalmente, se pactó su inclusión en el concierto económico como tributo concertado, pero su aprobación en Euskadi llegará en el tiempo de descuento, este mes de diciembre, y con un año de retraso respecto al resto del país.

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Si no hubiese entrado Podemos en escena, el PNV y el PSE se arriesgaban a una desarmonización entre las tres provincias vascas, ya que solo estaba garantizada la aprobación del impuesto en Vizcaya. Un escenario que, según reconocían fuentes del Ministerio de Hacienda a El Confidencial el pasado mes de octubre, “no tendría ninguna repercusión legal”, solo “consecuencias políticas”. El impuesto a los ricos fue aprobado la pasada legislatura con el apoyo de Bildu en el Congreso, mientras que los jeltzales se abstuvieron.