Es noticia
El PNV ejerce de cómodo carcelero para los etarras: 67 terceros grados y salidas sin aval judicial
  1. España
  2. País Vasco
117 reclusos de la banda en Euskadi

El PNV ejerce de cómodo carcelero para los etarras: 67 terceros grados y salidas sin aval judicial

Desde que asumió la gestión de prisiones en 2021, el Gobierno vasco ha beneficiado a casi la mitad del colectivo, lo que contribuye a calmar al sector abertzale crítico con Otegi

Foto: Una manifestación en favor de los presos de ETA. (EFE/Jesús Diges)
Una manifestación en favor de los presos de ETA. (EFE/Jesús Diges)
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

El Gobierno vasco, del PNV, ejerce de cómodo carcelero para los presos de ETA desde que en octubre de 2021 asumió las competencias de prisiones de manos del Ejecutivo central. A lo largo de estos dos años y medio ha otorgado ya hasta 67 terceros grados a un colectivo que hoy cuenta con 117 internos en las tres prisiones vascas. Eso es una media aproximada de uno cada quince días. Además, tal y como desveló El Confidencial, la Consejería de Justicia jeltzale utiliza un resquicio legal para conceder decenas de permisos de salida ordinarios de hasta 48 horas que no necesitan el aval judicial.

Esta flexibilidad en las cárceles propiciada por la transferencia y por las decisiones del Gobierno vasco ha contribuido a pacificar a los sectores más radicales dentro de la propia izquierda abertzale que encabeza Arnaldo Otegi. Desde el cese de los atentados en 2011, los herederos de la vieja Batasuna que retornaron a la institucionalidad en torno a Sortu y la coalición Bildu, han convivido con un sector crítico. Y el principal motivo de disputa eran los presos. Los sectores más irredentos acusaban a Otegi y sus seguidores de haber traicionado la causa y abandonado a sus reclusos.

En paralelo a la trasferencia de prisiones al País Vasco, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska puso fin a la dispersión de etarras que se mantuvo durante un cuarto de siglo. Los presos de la banda y sus familias vieron cumplida una reivindicación histórica, ya no estarían repartidos por centros penitenciarios de todo el territorio nacional como medida de seguridad. A lo largo de la pasada legislatura, el Gobierno de Sánchez fue acercando a todos a las cárceles de Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava).

Interior también trasladó a la prisión de Pamplona a los terroristas navarros, que hoy suman apenas seis internos. El colectivo lo completan otros seis reclusos en prisiones de Francia, según las listas de las propias plataformas de apoyo a presos de la organización criminal, autora de más de 800 asesinatos que se autodisolvió en 2018 tras casi una década sin atentados. Con las competencias penitenciarias transferidas a Euskadi, Madrid fue perdiendo el control sobre cada preso que llegaba a una cárcel vasca.

Foto: El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. (EFE/Javier Etxezarreta)

Los presos ETA dejaron así de depender administrativamente del Ministerio del Interior para estar bajo la Consejería de Justicia, en manos del PNV. Eso podría cambiar en las próximas semanas si Bildu gana las elecciones el domingo, pero lo cierto es que en estos dos años y medio los presos de ETA han disfrutado de una situación flexible por parte del Gobierno nacionalista de Íñigo Urkullu. Aunque judicialmente responden ante la Audiencia Nacional y las leyes son comunes a todo el Estado como el Reglamento Penitenciario y el Código Penal, la administración cuenta con un amplio margen para impulsar beneficios penitenciarios.

Lo que determina el modo en el que un preso va a cumplir su condena es el grado penitenciario en el que se le clasifica. Aquí la administración empieza a tener relevancia. Una vez se dicta una sentencia firme, la cárcel decide cuál de los tres grados se le aplica a un preso. El primero es el más severo, reservado a presos conflictivos condenados por delitos muy graves. Históricamente esta ha sido la situación de los etarras, pero eso ya ha cambiado. El segundo grado es el más común en las cárceles españolas y abre la puerta a salidas periódicas. El tercer grado es la semilibertad. En la mayoría de los casos permite salir a diario a la calle y volver para dormir en la celda.

Foto: (I-D) El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, durante la ronda de contactos. (Europa Press/Archivo/Eduardo Parra)

Antes de la transferencia de competencias, las cárceles vascas podían proponer el grado de cumplimiento, pero luego decidía Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Tras la transferencia de prisiones, es el Gobierno vasco el que decide el grado. Es decir, lo establece Vitoria en lugar de Madrid.

La clasificación se puede recurrir. El órgano competente es la Audiencia Nacional al tratarse de presos condenados por terrorismo. Pueden recurrir tanto el preso como la Fiscalía en caso de que no estén conformes con la decisión de la administración. Lo cierto es que el ministerio público se opone a la mayoría de los terceros grados penitenciarios que otorga el Gobierno vasco porque entiende que los reclusos no cumplen los requisitos suficientes como el perdón a las víctimas o la colaboración con la Justicia.

El recurso de la Fiscalía paraliza la salida de prisión del etarra en régimen de semilibertad, pero son múltiples los casos en los que el Ejecutivo autonómico ha vuelto a conceder un tercer grado a un preso terrorista, aunque lo hubiese revocado la Audiencia Nacional. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) lleva un conteo pormenorizado de todos los terceros grados concedidos por el Gobierno que actualiza todos los meses.

Terceros grados duplicados o triplicados

Según sus cálculos, los 67 terceros grados otorgados se corresponden con 54 presos de ETA, ya que en 13 casos se han duplicado o incluso triplicado las decisiones de progresión al régimen abierto tras decisiones judiciales contrarias al Gobierno Vasco. Desde 2021, los jueces han revocado 16 terceros grados y otras ocho están actualmente en suspenso por efecto del recurso de la Fiscalía. En conversaciones internas en prisión a las que ha tenido acceso este periódico, los presos de ETA señalaban a la Fiscalía de la Audiencia Nacional como su principal obstáculo.

Desde el inicio de la gestión carcelaria, las autoridades del PNV siempre avisaron que iban a apostar por la reinserción y la concesión de regímenes de semilibertad como el tercer grado. En esa estrategia los internos de ETA no han sido una excepción a pesar de que tienen que cumplir unos requisitos especiales por la gravedad de sus delitos.

Los permisos ordinarios de dos días

Pero además, la Consejería de Justicia del Gobierno vasco usan una segunda vía, mucho más discreta, que contribuye a pacificar a los internos etarras y sus familias. Permite a los reclusos acogerse a un resquicio legal para salir de prisión con permisos ordinarios sin la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Este atajo consiste en solicitar salidas no superiores a dos días de duración, según informan a El Confidencial diversas fuentes conocedoras de la situación.

Foto: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE/Emilio Naranjo)

Cuando no superan las 48 horas, no es necesario informar a las autoridades judiciales, y la competencia para concederlos es exclusiva de la Consejería de Justicia. Se da la circunstancia de que la acumulación de esos permisos sin incidentes es luego un argumento a su favor para optar a la semilibertad por medio del tercer grado. Tienen derecho por ley a pedir un total de 36 días al año fuera de la cárcel.

La clave en este caso es la duración de esos permisos. Pueden ser de un máximo de siete días seguidos, pero si no superan los dos días, no hace falta informar a la Fiscalía ni al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Así lo establece el artículo 161.2 del Reglamento Penitenciario: cuando los permisos son de uno o dos días, los decide directamente el centro directivo, es decir, el Gobierno vasco.

Según las fuentes penitenciarias consultadas por este periódico, al menos 48 presos de ETA repartidos en las tres cárceles vascas salieron en 2023. Se trata de un porcentaje alto del colectivo. A esas cifras hay que sumar los que salieron por esta vía en 2022, en torno a una veintena. Las mismas fuentes consultadas advierten además de que este número de permisos concedidos supera significativamente la media de los que se otorgan en el resto del Estado y en Cataluña, comunidad que también tiene las competencias penitenciarias transferidas.

El Gobierno vasco, del PNV, ejerce de cómodo carcelero para los presos de ETA desde que en octubre de 2021 asumió las competencias de prisiones de manos del Ejecutivo central. A lo largo de estos dos años y medio ha otorgado ya hasta 67 terceros grados a un colectivo que hoy cuenta con 117 internos en las tres prisiones vascas. Eso es una media aproximada de uno cada quince días. Además, tal y como desveló El Confidencial, la Consejería de Justicia jeltzale utiliza un resquicio legal para conceder decenas de permisos de salida ordinarios de hasta 48 horas que no necesitan el aval judicial.

Presos etarras Euskadi Elecciones País Vasco
El redactor recomienda