Sopuerta: el pueblo que vota a Bildu, pero no quiere un centro de menores inmigrantes en sus calles

"La palabra miedo quizás sea muy fuerte, pero estamos muy preocupados". En Sopuerta (2.731 habitantes), a poco más de 30 minutos en coche del centro de Bilbao y bajo Gobierno de Bildu, cuyo apoyo se ha resentido en las últimas elecciones, los vecinos viven intranquilos. El motivo es un centro de menores inmigrantes, abierto pocos días antes de la campaña del 21-A, y que ha sido protagonista en los últimos días de dos sucesos. El fin de semana uno de los internos habría robado el móvil a una joven del municipio y este lunes, la Ertzaintza tuvo que intervenir por un “altercado” en el interior del centro. Estos dos episodios, según los vecinos, demuestran que el palacete de Quintana no es el lugar idóneo para acoger un recurso de estas características.

La polémica por la apertura del centro se desató el pasado mes de febrero y fue uno de los asuntos que marcó la precampaña de las elecciones autonómicas del 21-A. El Ayuntamiento anunció en redes sociales la intención de la Diputación de Vizcaya, gobernada por el PNV, de abrir un espacio para el acogimiento de menores inmigrantes no acompañados en la localidad y los vecinos saltaron. Vox hizo bandera de las quejas vecinales, los afectados convocaron seis manifestaciones contra el centro, dos portavoces acudieron a las Juntas Generales de Vizcaya (el parlamento provincial) a exponer sus preocupaciones, además de pedir a la Diputación un cambio de ubicación y exigir explicaciones al Consistorio y su intermediación.

Pero la movilización fue en balde -un vecino llegó a poner un millón de euros encima de la mesa para comprar el inmueble y desbaratar los planes del Gobierno foral- y el centro abrió sus puertas a finales de marzo. Con la llegada de los primeros menores ―los planes de la Diputación pasan por el acogimiento de un máximo de 30 chavales, todos mayores de 14 años―, los vecinos dejaron las protestas a un lado. “Se decidió que ya no íbamos a hacer concentraciones a cara descubierta. Tenemos que convivir y no queremos represalias contra nadie”, explica uno de ellos. El objetivo ahora es “hacer desde el anonimato lo que legalmente esté en nuestras manos” para conseguir que el recurso sea trasladado, pero la preocupación ha aumentado en los últimos días a raíz de los dos incidentes.

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Las críticas se dirigen contra la Diputación y contra el Ayuntamiento. Consideran que ambas instituciones “se han puesto de perfil y quitan hierro al asunto. La única respuesta que recibimos es que ya se mirará, ya se valorará… pero ¿qué hace falta, una desgracia para que finalmente se tomen cartas en el asunto?”. El primero de los sucesos, según avanzó El Correo, se produjo en la madrugada del sábado. Uno de los internos habría robado el móvil a una joven del municipio. La Ertzaintza solo confirma la apertura de una investigación por robo con intimidación, pero no da detalles del posible autor o de cómo sucedieron los hechos. La Policía vasca también confirma una intervención este lunes por un incidente en el interior del centro y la detención de una persona por atentado contra la autoridad, pero tampoco ofrece más datos por haber menores implicados.

“Hay mucha preocupación, sobre todo en la gente que vive en las zonas aledañas”, explican las fuentes consultadas que detallan que el martes por la mañana, en la parada de autobús que hay justo enfrente del edificio de los menores, los padres que acompañaban a los niños que debían coger la ruta escolar se encontraron apósitos manchados de sangre, además de una llave para colocar una vía intravenosa. Este lunes, además de la presencia de la Ertzaintza, fue necesaria la intervención de una ambulancia.

Los vecinos aseguran que 40 menores en Sopuerta equivalen a 129.000 en Madrid

Desde la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento declinan hacer ningún comentario. Cuando se desató la polémica, en febrero, la institución foral justificó la apertura del servicio por la necesidad de dar una respuesta a los menores inmigrantes que estaban llegando a la provincia. Aquellos primeros días, no solo los vecinos criticaron la decisión, también el grupo municipal del PNV. “En un municipio como el nuestro, no existen servicios ni recursos suficientes para absorber este tipo de proyectos: policía municipal, Ertzaintza, transporte público, centros sanitarios, etc.”, argumentó la formación en un post colgado en Facebook. Aseguraron además que desconocían la apertura del centro, a pesar de que su partido gobierna la Diputación, y cerraron el mensaje con la siguiente frase: “¡Solidaridad sí, así no!”.

Los argumentos que esgrimieron desde el grupo municipal jeltzale son muy similares a los que plantean los vecinos, que Sopuerta no tiene los recursos necesarios para atender de forma adecuada a los chavales. El cálculo que hacen es que los 40 menores que pueden estar en el centro son el equivalente a enviar 13.000 a Bilbao o 129.000 a Madrid. “Nos han tachado de racistas y de xenófobos, y no, tenemos los antecedentes de lo que ha sucedido en pueblos cercanos y también la comprobación de que la Diputación se ha saltado su propia norma, con ratios superiores a las establecidas”, ahondan las mismas fuentes.

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Los vecinos se refieren a que en Amorebieta un recurso similar con 45 plazas ha llegado a tener a 115 chavales. También recuerdan lo sucedido en Arcentales y Carranza, donde se produjeron diversos conflictos. Antes de las elecciones, llegaron a recoger 2.000 firmas en contra de la apertura y aunque hace tiempo que no se manifiestan en la calle, “el centro de menores es la conversación que está en la boca de todo el mundo en el pueblo”. “Lo que queremos es que la Diputación y el Ayuntamiento faciliten información. Son menores. Yo con mi hijo, como tutor, tengo una responsabilidad moral, ética y legal, y alguien tendrá que hacerse responsable de estos niños, de lo que hacen”, zanja un vecino de Sopuerta.

Aunque Bildu siguió siendo la fuerza más votada el pasado 21 de abril, con 427 apoyos, la distancia es considerable con los 613 sufragios que obtuvo la coalición radical en las municipales de hace un año. Sin embargo, los jeltzales se mantuvieron estables con 382 votos en los comicios locales y 400 en los autonómicos, mientras que Vox, que hizo bandera de las protestas, obtuvo 23 sufragios.