La guerra del campo vasco: todo sigue igual pese a la única ley propia de cadena alimentaria

El campo vasco podría considerarse afortunado, pero este lunes los agricultores de la comunidad bloquearon la frontera con Francia con decenas de tractores. Euskadi es la única autonomía que ha aprobado un decreto para desarrollar la ley de la cadena alimentaria, reivindicación histórica del sector y la norma que, teóricamente, prohíbe a los agricultores vender a pérdidas, pero el agro sigue revuelto. Trabajadores de Álava y Guipúzcoa, junto a navarros, aragoneses, catalanes y franceses, procedieron a bloquear varios puestos fronterizos para exigir el cumplimiento de la ley de la Cadena, mayor control de los productos procedentes de terceros países y bonificaciones fiscales para abaratar costes.

¿Por qué el campo vasco se sumó a una protesta para exigir algo que en Euskadi, supuestamente, está mucho mejor que en el resto de España? “Porque no estamos viendo ningún cambio, es insuficiente”, defiende Joseba Pagadizabal, de la asociación Bagea, una de las entidades independientes convocantes. En la comunidad, ninguno de los grandes sindicatos agrícolas tomó parte en la protesta, aunque dieron libertad a sus asociados para participar en la tractorada, que terminará este martes a las 10.00.

La ley de la cadena alimentaria, aprobada por el Congreso a finales de 2021, estaba llamada a ser la solución para uno de los grandes males del campo: la venta a pérdidas. La norma, que prevé multas de 250 euros a un millón, regula los contratos, amplía los supuestos abusivos y da más prerrogativas a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), encargada de la supervisión y persecución de las malas prácticas, pero, según el sector, “no funciona”. “Si la ley no va acompañada de un aumento de las sanciones a las empresas infractoras, no tiene mucho sentido”, zanja Juan José Álvarez, secretario general de Asaja.

Hasta ahora, según la central agrícola, no se ha sancionado a nadie por vender productos por debajo del precio de producción, aunque sea una práctica que se sigue dando y de ahí la importancia del decreto vasco, que, entre otras cosas, refuerza la labor de vigilancia. El texto, aprobado por el Gobierno de Iñigo Urkullu -en funciones- hace aproximadamente un mes, prevé inspecciones anuales y aleatorias, además de las que puedan desarrollarse tras una denuncia previa. La ley nacional contempla que la labores de control se repartan entre la administración central y las comunidades, por lo que el campo vasco tendría ahora más herramientas para la detección de infracciones, además de garantizar un precio justo para sus productos. Sin embargo, algo falla para el sector.

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Desde la Unión Agroganadera de Álava, una de las entidades que forman parte de EHNE, uno de los sindicatos agrícolas de referencia en el País Vasco, conceden que el decreto de Urkullu tiene varios puntos positivos. Destacan el Observatorio de la Cadena Alimentaria, el órgano que elaborará un índice de precios de referencia, además de realizar labores de control y supervisión de los contratos firmados, y también elogian que se establezca un código de buenas prácticas para que se adhieran las empresas, comprometiéndose a cubrir los costes, pero, advierten, “no son vinculantes”. “El Observatorio, por ejemplo, puede establecer que el coste de la patata son 15 céntimos, pero si luego se vende por debajo no pasa absolutamente nada”, lamentan en la Unión Agroganadera de Álava. “Es un paso adelante, pero hace falta más compromiso”, exigen.

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En ENBA, otra de las centrales de referencia en Euskadi, destacan muchas de las mejoras introducidas por el Ejecutivo vasco, la mayoría para dar respuesta a las reivindicaciones del sector. Las fuentes consultadas remarcan que los informes de precios de algunos productos se vayan a actualizar cada cuatro meses, además de que la administración refleje de forma precisa el coste de la mano de obra y refuerce las labores de inspección -en Euskadi hay actualmente siete personas dedicadas a este cometido, pero el compromiso es aumentar la plantilla-, pero la central señala que todavía es pronto para valorar el impacto el decreto. “El paso es positivo, pero hay que darle tiempo”.

La cautela y reservas expresadas por el sector en Euskadi contrastan con el entusiasmo que UPA (Unión de Pequeños Agricultores) muestra por el decreto vasco. La entidad destaca que es la primera comunidad que desarrolla la ley de cadena alimentaria y anima al resto a hacer lo mismo. “Las competencias de consumo y de comercio interior son de las comunidades. Por tanto, tienen inspectores y medios para evitar los abusos en la cadena alimentaria”, explican fuentes de UPA a El Confidencial.

“Cuantas más administraciones implicadas, mejor”, sostienen las voces consultadas. La clave para que la ley funcione es un control efectivo de las operaciones y para eso, aunque las sanciones dependan del Ministerio de Agricultura, la implicación de las comunidades debe ser clave, defienden en Asaja. “Sería bueno que las autonomías fijasen unos costes”, apunta Álvarez, consciente de las dificultades de aunar criterios entre regiones con producciones y metodologías muy diferentes, pero sin la adecuada labor de vigilancia y control para evitar ventas a pérdidas, insiste, la ley sirve de poco.