Metrovacesa sella la paz con la Iglesia: acuerdan deshacer la venta del solar de Valdebebas

Pax romana entre Metrovacesa y Fusara. La promotora controlada por Banco Santander ha llegado a un acuerdo con la fundación ligada al Arzobispado de Madrid para deshacer la compraventa de una parcela en el barrio madrileño de Valdebebas, una de las operaciones que forman parte del Caso Fundaciones.

Como ha venido informando este diario desde hace cuatro años, el juzgado número 28 de Madrid investiga la presunta existencia de una trama organizada que habría expoliado el patrimonio de fundaciones de beneficencia.

Una de las operaciones investigadas es la venta de 14 edificios residenciales en el centro de Madrid, propiedad de Fusara, y la compra, con ese dinero, del solar de Valdebebas a Metrovacesa por 47,7 millones de euros, IVA aparte. En los dos casos, la fundación resultó seriamente perjudicada, ya que traspasó sus inmuebles muy por debajo del valor real y compró muy por encima.

En concreto, la venta de los 14 edificios a la sociedad de nueva creación Tapiamar, detrás de las cuales estaban los fondos Castlelake y Ares, se fijó en 74 millones de euros, cuando el propio comprador tenía un informe de Savills Aguirre Newman que concedía a la cartera un precio de venta mínimo de 110 millones, importe que en un proceso competitivo podía llegar a superar los 140 millones.

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A este agujero se unió el de la compra a Metrovacesa, en marzo de 2020, operación que rompió todos los registros vistos hasta entonces en Valdebebas y, todavía hoy, los 1.370 euros por metro cuadrados de edificabilidad en que se cerró la operación es un 70% más caro de lo que ha pagado Stoneshield, el fondo de Juan Pepa y Gillermo Morenés, al Ayuntamiento de Madrid por la parcela justo de al lado.

Según el escrito enviado al juzgado, fue el pasado 19 de junio cuando Metrovacesa y Fusara pactaron un "acuerdo para la resolución amistosa de las controversias existentes". Como consecuencia, "las partes se han restituido recíprocamente las prestaciones, consistentes en la reinscripción registral de la parcela en favor de Metrovacesa y la devolución por esta a Fusara de 11,37 millones".

Este importe es cuatro millones de euros inferior a los 15,37 millones de euros que Fusara pagó a Metrovacesa hace cuatro años. Entonces, la compra del solar se estructuró en dos pagos y el segundo nunca se llegó a ejecutar. Ninguna de las partes afectadas ha querido aclarar a este medio en concepto de qué Metrovacesa se queda con ese dinero.

La promotora cerró la venta en pleno estallido del covid y cuando la justicia ya estaba investigando la venta del patrimonio de Fusara. Además, pagó una comisión de casi medio millón de euros a Raúl Chávarri, uno de los acusados por el juez y hermano de Antonio Chávarri, dueño del bufete del mismo nombre y que está considerado uno de los cerebros principales del rosario de compraventas.

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Fusara, cuyas riendas estaban entonces en manos de los ahora acusados -el interventor de la Archidiócesis de Madrid, Julio Lage, o los empleados de las fundaciones Antonio Naranjo y Manuel Fernández Clemente- pagó otra comisión de 900.000 euros también a Chávarri. Según una investigación de la policía judicial, todo este dinero se distribuían entre los miembros de la presunta trama.

Con este acuerdo, Metrovacesa consigue recuperar la titularidad del terreno, ya que el solar está a nombre de Fusara, aunque la entrada de este activo no tendrá impacto en sus cuentas, ya que ha seguido anotándoselo, a pesar de haberlo vendido. En cambio, el acuerdo sí va a tener un importante impacto en la caja de la promotora, con la salida de los 11,37 millones de euros que deberá devolver a la fundación.

Fusara, por su parte, logra resolver uno de los frentes más espinosos del caso Fundaciones, ya que la Justicia siempre ha rechazado imputar a Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa. Además, la promotora ha seguido peleando en los juzgados ejecutar una cláusula leonina que, si consiguiera aplicar, le permitiría poner a su nombre el suelo y quedarse con los 15,3 millones, una amenaza que la nueva representación legal de las fundaciones, el bufete Baker McKenzie, ha preferido evitar.