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La 'europeización' de la crisis de la vivienda: la arriesgada apuesta de Von der Leyen
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La 'europeización' de la crisis de la vivienda: la arriesgada apuesta de Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea ha prometido un comisario que se encargará de realizar un plan de acción para vivienda, pero, ¿será efectivo?

Foto: Ursula von der Leyen celebra su elección como presidenta de la Comisión. (Reuters/Johanna Geron)
Ursula von der Leyen celebra su elección como presidenta de la Comisión. (Reuters/Johanna Geron)
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Ursula von der Leyen logró el pasado jueves ser reelegida presidenta de la Comisión Europea con 401 votos, 41 por encima de la mayoría necesaria. Tras la votación, los cuatro principales grupos políticos que la apoyaron, el Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D), los liberales de Renew Europe y Los Verdes, defendieron que la alemana había comprendido los elementos centrales de sus exigencias, aunque en algunas ocasiones fueran incompatibles. Los eurodiputados socialistas celebraron que Von der Leyen hubiera asumido su propuesta de que haya algún tipo de plan europeo para el acceso a la vivienda. La candidata a presidir la Comisión Europea incluyó en sus directrices políticas, la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario durante los próximos cinco años, un compromiso en esa dirección.

"Nombraré a un comisario cuyas responsabilidades incluirán la vivienda y presentaré el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible", señala el documento que envió a todos los grupos políticos poco antes de su intervención ante el Pleno de Estrasburgo. La idea ha provocado mucho arqueo de cejas estos días en Bruselas, porque los Tratados no otorgan a la Unión Europea ninguna competencia en materia de vivienda, un asunto que está en manos de los Estados miembros y, en muchos casos, en manos de las regiones. El asunto es grave y lleva tiempo siendo discutido a nivel académico y político, aunque siempre con poca esperanza: hay 700.000 personas sin hogar en la Unión Europea, y cada vez más europeos necesitan dedicar más del 40% de su renta a pagar el alquiler o su vivienda.

¿Hay margen de maniobra para políticas de vivienda desde la Unión Europea? Algo hay, pero es estrecho y ni mucho menos puede resolver la crisis por sí solo. Precisamente por eso es tan arriesgado: la solución sigue estando en las manos de los Estados miembros, por lo que poner a la Comisión Europea en primera fila puede convertirla en responsable de una crisis sobre la cual su influencia es muy limitada. Los planes de Von der Leyen respecto a qué pretende que sea dicho Plan Europeo de Vivienda Asequible son totalmente desconocidos. La alemana no ha dado más detalles, y en agosto, a medida que reflexione y decida a quién encarga la comisaría que tenga entre sus competencias el desarrollo de dicho plan, tendrá que pensar en qué puede hacer y qué no.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que la Comisión Europea se lanza a este asunto. En 2021, como parte de la estrategia europea para una campaña de renovación de edificios de la Unión Europea para hacerlos más eficientes, el Ejecutivo comunitario lanzó la Iniciativa de Vivienda Accesible, con la que se marcó el objetivo de la creación de 100 "distritos faro" de renovación de edificios y construcción de nuevas viviendas, intentando cooperar para mejorar la comunicación entre autoridades locales, asociaciones vecinales, inversores y sociedad civil. Es lo que la Comisión Europea ha bautizado como “ola de renovación”.

placeholder Von der Leyen saluda a Iratxe García, líder de los Socialdemócratas. (EFE)
Von der Leyen saluda a Iratxe García, líder de los Socialdemócratas. (EFE)

En 2018 hubo un plan de acción en el que se proponían distintas ideas para abordar el problema de vivienda que existe en distintas grandes ciudades europeas. En realidad, desde finales del siglo XX se viene hablando de vivienda a nivel europeo en las reuniones de ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano, con numerosos planes de acción, declaraciones y hojas de ruta. El Plan de Acción de Lille (año 2000), el comunicado de Róterdam (2004) o la declaración de Toledo (2010) son solamente algunas de las ocasiones.

La última vez que se abordó el asunto en profundidad fue en la reunión ministerial de Gijón durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y la declaración de Lieja durante el semestre belga, donde volvió a señalarse la necesidad de solucionar un problema que "afecta gravemente a los hogares de renta baja y media, a los jóvenes y a los grupos vulnerables". La Unión Europea, claramente, no tiene competencias en esta cuestión, pero cada vez que se ha abordado el asunto se recuerda que la legislación europea sí tiene un impacto directo sobre la política en materia de vivienda de los Estados miembros.

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Los defensores de que toca dar un paso más allá señalan al artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que subraya que “el objetivo de la Unión es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”. Ese último elemento, sumado a la referencia de “desarrollo sostenible” del tercer párrafo del artículo, justificaría una mayor acción europea en materia de vivienda, defienden por ejemplo desde S&D.

¿Se ha limitado únicamente a declaraciones e ideas? No. Entre 2011 y 2017 el Banco Europeo de Inversiones dedicó 9.500 millones de euros a partidas dedicadas a vivienda social en 18 Estados miembros de la Unión Europea. El fondo de desarrollo regional también ha dedicado a partir de 2007 fondos a vivienda social, aunque en la mayoría de estos casos se canaliza fundamentalmente a labores de renovación y de eficiencia energética, aunque el enfoque era muy diferente hacia los Estados miembros que habían ingresado en 2004 y los viejos socios de la Unión Europea, en parte por la heterogeneidad con la que se define la vivienda social en cada uno de los países, siendo en ocasiones una etiqueta dedicada a un estrato de la sociedad bastante bien definido entre los hogares con menos recursos, y en otras ocasiones siendo una definición bastante laxa, que alcanza hasta las clases medias.

Ya en los últimos años se han ido realizando más cambios para facilitar la canalización de fondos hacia vivienda social. Por ejemplo, durante la modificación de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios se hicieron cambios para incentivar el acceso prioritario de financiación en este ámbito a las viviendas más vulnerables y también a las personas que vivan en vivienda social, también con el objetivo de reducir la pobreza energética. También el Fondo de Recuperación, creado a raíz del coronavirus, ha aumentado la llegada de financiación para la renovación de edificios.

placeholder Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. (Reuters)
Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas. (Reuters)

¿Vías de acción?

Un problema fundamental es que el enfoque ha cambiado. Entonces, a principios del siglo XXI, el foco estaba puesto en la vivienda social y en los ciudadanos con menos recursos. Ahora, como muestra la declaración de Gijón, la situación es muy diferente, afectando ya también a las clases medias. En aquella declaración, los ministros también instaron "a la Comisión Europea a que refuerce los instrumentos actuales para complementar los planes de apoyo nacionales, regionales y locales en el sector de la vivienda".

Una de las probables vías que explore la Comisión Europea sea la revisión de las normas de ayudas de estado en relación con los Servicios de Interés Económico General (SIEG). Recientemente, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, España y Países Bajos han realizado un comunicado conjunto en el que solicitan a la Comisión Europea revisar los SIEG, que recogen excepciones para permitir una mayor intervención del Estado para financiar vivienda social, pero únicamente para los grupos más desfavorecidos.

En el comunicado, los siete Estados miembros subrayan que “existe una creciente preocupación en relación con un segmento cada vez mayor de ciudadanos que no disponen de medios económicos para alquilar o comprar una vivienda en condiciones de mercado, pero que no se consideran ‘ciudadanos desfavorecidos o grupos socialmente menos favorecidos, que debido a limitaciones de solvencia no pueden obtener una vivienda en condiciones de mercado’ y que, por lo tanto, no tienen derecho a una vivienda social financiada en virtud de las normas de los SIEG”.

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En otras palabras, un número de Estados miembros están pidiendo que se revisen las excepciones para poder poner más vivienda social en el mercado a través de una mayor financiación estatal. La propia Comisión Europea encuentra una brecha anual de 57.000 millones de euros en vivienda social. Por lo tanto, mayor canalización de fondos europeos hacia proyectos destinados a la vivienda, también una flexibilización de las normas de ayudas de estado que permita una mayor inversión estatal, y por último una mayor involucración del BEI, parecen la receta más probable, junto con un aumento de la coordinación y del intercambio de buenas prácticas. A priori estos son los instrumentos reales, que en muchos casos ya se han explorado, propuesto o utilizado en el pasado.

Respecto al aumento de la financiación directa de la Unión Europea que pueda, de alguna manera, ayudar a aliviar la crisis de la vivienda, los socialistas, en abril de 2024, también propusieron aumentar la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dedicado a viviendas sociales para clases medias y bajas. Actualmente dedica el 8% a proyectos de desarrollo urbano. Dentro de poco, la Unión comenzará a discutir el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para los próximos siete años, a partir de 2027, por lo que esta cuestión podría ser un elemento de negociación.

Von der Leyen tiene cierta tendencia a sobreprometer, a intentar ir más lejos de lo que en realidad puede conseguir. Las expectativas reales respecto al Plan de Acción que propuso la semana pasada en Estrasburgo son bajas. Una reorganización de todo lo que ya hay sobre la mesa y abordar la reclamación de los Estados miembros de una modificación de los SIEG para las ayudas de Estado parece lo más ambicioso a lo que se podría aspirar.

Riesgos políticos

Precisamente por eso, por el limitado margen de maniobra con el que cuenta, el movimiento de Von der Leyen tiene enormes riesgos políticos para ella. A lo largo y ancho de toda la Unión Europea se nota la crisis de la vivienda, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, París, Fráncfort, Berlín, Milán o Ámsterdam. Es un asunto cada vez más candente en el debate público a medida que deja de afectar a las clases bajas y empieza a notarse también en las clases medias-altas.

La Comisión podría haber pasado a la acción e intentar aportar soluciones a la crisis sin poner todos los focos mediáticos y políticos sobre ella. Al asumir la promesa de manera central en su discurso político la semana pasada, Von der Leyen se arriesga a que los Gobiernos centrales y regionales puedan externalizar los efectos de fracasar a la hora de encontrar soluciones para la crisis, en lo que podría convertirse en otro de los tradicionales ejemplos de que el éxito siempre tiene un padre nacional y el fracaso un padre europeo.

Ursula von der Leyen logró el pasado jueves ser reelegida presidenta de la Comisión Europea con 401 votos, 41 por encima de la mayoría necesaria. Tras la votación, los cuatro principales grupos políticos que la apoyaron, el Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D), los liberales de Renew Europe y Los Verdes, defendieron que la alemana había comprendido los elementos centrales de sus exigencias, aunque en algunas ocasiones fueran incompatibles. Los eurodiputados socialistas celebraron que Von der Leyen hubiera asumido su propuesta de que haya algún tipo de plan europeo para el acceso a la vivienda. La candidata a presidir la Comisión Europea incluyó en sus directrices políticas, la hoja de ruta del Ejecutivo comunitario durante los próximos cinco años, un compromiso en esa dirección.

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