El cisma de Millenium desata una guerra de bufetes ante la batalla inmobiliaria del año

Guerra de bufetes en la batalla inmobiliaria del año. La decisión del Millenium Hospitality, socimi controlada por el fondo Castlelake, de cesar a su fundador y presidente, Javier Illán, el pasado mes de enero por pérdida de confianza, ha desatado también una interesante guerra de togados, ya que las dos partes se han rodeado de algunos de los mejores letrados del país.

Nada más estallar las hostilidades, la socimi fichó a Pérez Llorca y se puso en manos del abogado del Estado en excedencia y of counsel de este despacho Eduardo Arbizu, un experto en control interno y gobierno corporativo, para intentar sostener las acusaciones que el fondo vertió contra Illán, al que imputan haber ocultado un conflicto de interés que tenía en dos operaciones que hizo Millenium (un terreno en Vejer de la Frontera y un inmueble en Bilbao).

Sin embargo, dos meses después, en marzo, y amparándose en un forensic encargado a KPMG, la socimi fue un paso más allá y decidió presentar una querella contra Illán por los delitos continuados de administración desleal, estafa y apropiación indebida. Para abordar este nuevo frente, Millenium ha tenido que recurrir a los servicios de CMS Albiñana & Suaréz de Lezo, uno de los principales despachos penalistas de España.

Algunas fuentes aseguran que la decisión ha sido adoptada después de que Pérez-Llorca recomendase ir por la vía mercantil y no por la penal, en contra de lo que decidió el consejo de administración de la inmobiliaria a finales de marzo. Desde el bufete han declinado hacer ningún comentario sobre esta información y tampoco Millenium ha entrado a hacer valoraciones, más allá de recordar que es práctica habitual encomendar a cada bufete especialista su materia.

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La querella fue presentada el pasado 21 de marzo y, dos meses después, se sigue esperando tener conocimiento de que ha sido admitida a trámite. Sea como fuere, la socimi se ha preparado ya para cualquier posible revés por esta vía y en la convocatoria de la Junta General de Accionistas, prevista para el próximo 22 de junio, ha incluido como uno de los puntos del día el ejercicio de una acción social de responsabilidad contra Illán.

En concreto, pide instruir al consejo para que, "una vez haya finalizado mediante resolución firme el procedimiento penal (...) y siempre que en dicho procedimiento penal no se haya obtenido ya el íntegro resarcimiento de los daños y perjuicios y la restitución del enriquecimiento injusto derivado del incumplimiento por don Javier Illán de sus deberes como administrador de la sociedad, interponga la acción social de responsabilidad, de enriquecimiento injusto y resarcimiento de daños y perjuicios en los términos que considere más oportunos para la defensa del interés social de la Sociedad".

Al otro lado de la mesa, Illán se ha puesto en manos de uno de los mejores penalistas de España, José Antonio Choclán Montalvo, quien ya antes de tenerse conocimiento de la querella estaba trabajando por el presunto acceso ilegal al ordenador del ex consejero delegado de la socimi.

Además, como adelantó este medio, Illán también ha fichado a Alvaro Remón, socio del despacho De Carlos Remón, bufete que en los últimos años ha conseguido importantes triunfos llevando a primeros espadas como el financiero Andrea Orcel, consejero delegado de Unicredit, o Ismael Clemente, primer ejecutivo de Merlin Properties, en sus respectivas disputas con Banco Santander. También ha estado al lado del exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras su salida del despacho Martínez-Echevarría.

Antes de conocerse la querella de CMS, Illán se puso en manos de José Antonio Choclán por el presunto acceso ilegal a su ordenador

Antes de que estallara el conflicto, Uría era el despacho de cabecera de Millenium y el bufete que acreditaba todas las operaciones ahora puestas en duda. Además, una de las consejeras independientes de la socimi, Pilar Muñoz, es la directora de asesoría fiscal interna del bufete.

Sin embargo, en la reunión del 24 de enero en la que se cesó a Illán, el que estuvo presente para sostener todas las acusaciones fue Pérez-Llorca, que desde ese día tomó el relevo. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que Millenium continúa trabajando con Uría, aunque ya no como firma de referencia.

Las operaciones en duda

Las dos operaciones que ha esgrimido la socimi controlada por Castlelake para arremeter contra Illán son la compra por 12 millones de euros de una finca en El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz), y del número 4 de la Gran Vía López de Haro de Bilbao. En el primer caso, Illán había comprado un préstamo ligado a este suelo a través de su sociedad Grupo Millenium Investment Partners (GMIP), pasivo por el que percibió 10 millones para su cancelación cuando la socimi adquirió el solar.

La inmobiliaria le acusa ahora de haber ocultado esta posición en la deuda, máxima que desde el entorno del empresario niegan. Pero, además, el punto crítico en este conflicto pasa por poder acreditar que el hecho de que GMIP estuviera en el pasivo produjo algún tipo de perjuicio a la plataforma hotelera.

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En el segundo caso, GMIP había señalizado la compra del edificio de Bilbao, que se preveía segregar en dos fincas: una para uso comercial y otra para hotel. La patrimonial de Illán adquirió la primera por 36,5 millones euros; y Millenium la segunda por 23,5 millones.

En esa misma fecha, GMIP vendió la finca uno a un tercero por 49,87 millones, obteniendo un beneficio de 13,37 millones. La socimi asegura que Illán nunca informó a la junta de la adquisición simultánea y posterior venta de la finca uno por GMIP, "ni se abstuvo de participar en el proceso de decisión y ejecución de la adquisición de la finca dos".

En este caso, como en el anterior, más allá de demostrar que realmente no se informó, el punto clave es poder acreditar qué perjuicio económico se generó a la compañía por las operaciones de GMIP.

Despido por gastos personales

En medio de esta tormenta, y a la espera de conocer quienes son las "otras personas físicas y jurídicas vinculadas" a Illán contra las que Millenium ha dirigido su querella, tal y como anunció la propia socimi, la participada de Castlelake ha prescindido recientemente de Miguel Torres, el que fuera director financiero del grupo hasta mediados de 2022 y actual director económico administrativo.

La socimi, según fuentes consultadas por este medio, le comunicó por carta su despido, alegando que habría autorizado gastos corporativos de Illán que, presuntamente, eran personales. Torres era una de las personas de confianza de Illán, que niega estos hechos. Desde Millenium rechazan aclarar las causas de la salida del directivo y se limitan a reconocer que ya no forma parte de la compañía.