La Justicia avala el plan de Operación Chamartín y tumba todos los recursos

Operación Chamartín aleja al último de sus grandes fantasmas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado los nueve recursos interpuestos por diferentes asociaciones, empresas y particulares, como Ecologistas en Acción, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 25 de marzo de 2020, que aprobó definitivamente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la capital, cambio que supuso dar luz verde definitiva a este desarrollo.

Este fallo del TSJM es crítico, porque avala toda la ordenación urbanística de Madrid Nuevo Norte, nombre con el que se ha rebautizado a la popularmente conocida como Operación Chamartín. No obstante, para despejar definitivamente todas las dudas, y que ya no penda sobre la cabeza de este plan ninguna espada de Damocles, habrá que esperar al recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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Los demandantes solicitaban, en primer lugar, que se declarase nulo y se dejasen sin efecto los acuerdos adoptados por la Comunidad de Madrid cuando modificó el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Simultáneamente, pedían la nulidad radical del acuerdo entre el Consistorio, Adif (propietario de gran parte de los terrenos) y DCN, el promotor privado, porque decían que habían infringido la ley del suelo al contar con un acuerdo previo.

Además, sostenían que el plan altera el equilibrio entre edificabilidad y cantidad y calidad de las dotaciones, adolece de la adecuada consideración de alternativas de desarrollo urbanístico en su tramitación y evaluación ambiental, y se aprovecha urbanísticamente de suelos actualmente afectados al dominio público ferroviario, las vías de la estación de Chamartín, al colocar sobre ellos una losa de hormigón sobre la que se promoverán zonas verdes.

Los magistrados, no obstante, han desestimado todas las alegaciones, al considerar que la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana “siguió el procedimiento adecuado”, al tratarse de una “mera modificación del planeamiento vigente y no de una revisión del PGOUM de 1997”.

Además, sostienen que la actual modificación no altera la clasificación del suelo; no conlleva un incremento significativo de la edificabilidad para actividades económicas; prevé una superficie edificable destinada a viviendas de protección en torno al 20,78%, cuando en el planeamiento general precedente no se establecía una reserva mínima para este régimen de vivienda; integra una estructura ferroviaria con la construcción de una nueva estación intermodal que no supone un cambio en el modelo urbano de la ciudad, y su puesta en marcha tampoco supone un incremento de la población en el término municipal de Madrid superior al 20%.

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En relación con la segunda de las alegaciones, los magistrados aseguran que "aún cuando a efectos dialécticos pudiera entenderse que materialmente, que no formalmente, el alcance del acuerdo entre DCN y el Ayuntamiento pudiera tener una relación directa con la modificación del Plan General, y que ésta tuviera una concordancia con los puntos que en la misma se recogen, su eventual consideración como convenio de planeamiento no determinaría por sí mismo la nulidad de la modificación, pues tal hecho no significaría que la plasmación en el instrumento urbanístico fuera realizado contraviniendo el interés general".

En cuanto a la alegación referida al aprovechamiento de los suelos ferroviarios y a la colocación de una losa de hormigón, el TSJM sostiene que “el nuevo suelo que genera el cubrimiento del sistema ferroviario resulta inscribible, de conformidad con el Real Decreto 1.1 1093/1997, sobre la inscripción en el registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”. Por lo tanto, desestiman la alegación planteada al no incurrirse en infracción ni en desviación de poder.