El juez lleva al banquillo al comprador de los pisos de la Iglesia y enciende el caso Fundaciones

El magistrado Jaime Serret, del Juzgado número 28 de Madrid, ha admitido parcialmente los recursos presentados por las acusaciones del caso Fundaciones, que investiga la presunta existencia de una trama que habría expoliado patrimonio de fundaciones ligadas al Arzobispado de Madrid, y ha decidido sentar también en el banquillo de los acusados a Roberto de Juan.

Este empresario es el comprador de 14 edificios residenciales del centro de Madrid propiedad de Fusara, una de las fundaciones víctimas, a través de Tapiamar. En el auto de transformación que el magistrado redactó en mayo del año pasado, donde concluyó la posible existencia de un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares, abrió ya la puerta a ir a juicio con diez acusados.

Sin embargo, dejó fuera del banquillo a De Juan y al resto de compradores del patrimonio de las tres fundaciones afectadas, Fusara, Santísima Virgen y San Celedonio, y Molina Padilla, que son, respectivamente, Tapiamar, la Universidad de Nebrija y Building Next Sucess.

En su opinión, no había indicios que permitieran concluir que "estos compradores están concertados desde el principio, sabiendo que las ventas de los inmuebles puedan ser fruto de un engaño a los patronos de las fundaciones y que, además, suponen dejar a dichas fundaciones sin la posibilidad de cumplir sus fines asistenciales".

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Sin embargo, un año después, tras analizar los recursos de las acusaciones (los inquilinos de las viviendas de Fusara y las propias fundaciones) ha concluido que De Juan también debe sentarse en el banquillo de los acusados, junto a los otros diez acusados.

Estos son los hermanos Antonio y Raúl Chávarri (intermediarios de todas las operaciones), David López Royo (delegado de fundaciones del Arzobispado), Manuel Fernández-Clemente (secretario de las fundaciones), Antonio Naranjo (gerente de una de las fundaciones), Julio Lage (interventor del Arzobispado), Jesús Merino (abogado de Chávarri), José Prado (abogado y socio de Raúl Chávarri), Ricardo de Guindos (Ribidor Asesores) y Daniel Hidalgo Pita (del bufete Chávarri).

Roberto de Juan era socio del jefe de Barclays en España, Álvaro Portanet, cuando ocurrieron los hechos, en la sociedad Idonae. La ligazón de esta entidad con el caso es tal que la operación de reventa que se elaboró para dar un pase rápido a las viviendas se bautizó como Informe Idonae.

Este documento lo hizo la consultora Savills-Aguirre Newman y estimó el precio que podía conseguirse con la venta de los inmuebles en hasta el doble del precio al que compró De Juan a Fusara, cuyo patronato habría sido presuntamente engañado por los miembros de la trama.

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El empresario abordó esta compra por 74 millones, cuando ya sabía, por el informe de Savills, que en un proceso ordenado podía conseguir entre 110 y 141 millones de euros. Portanet siempre ha sostenido que no ha participado de forma alguna en la compraventa de estos activos. Sin embargo, seguía siendo socio de De Juan cuando se hizo la oferta y todo el entramado societario que se creó para adquirir estos 14 edificios tuvo como primer domicilio social la vivienda particular del financiero y su esposa Ana Agag, hermana de Alejandro Agag.

Los inquilinos de Fusara habían pedido la imputación también de Portanet, pero el juez lo ha desestimado alegando que "no se explican los motivos jurídicos por los cuales hay indicios de criminalidad que justifiquen su imputación". En cambio, ha aceptado acusar a De Juan porque sí hay indicios de coordinación previa con Antonio Chávarri, quien, por medio de terceros interpuestos, se quedó con una participación en Tapiamar, sociedad que tras este nuevo auto pasa a ser responsable civil.