Intrum eleva a 700 los afectados por el ERE y alega causas económicas por primera vez

Con una semana de retraso, este jueves se celebró la primera mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Intrum quiere llevar a cabo antes de verano. La empresa ha elevado hasta 702 el número de personas que se verán afectadas por la medida, un recorte que supone cercenar en una tercera parte la fuerza laboral.

Este ajuste se esperaba desde que la compañía cerró la adquisición de Haya el pasado septiembre. Sin embargo, las estimaciones de qué alcance podía llegar a tener fueron agravándose con el paso de los meses.

El desplome de la compañía en bolsa, su elevado endeudamiento, la venta acelerada de activos y la salida de gran parte de la cúpula en España, incluido el consejero delegado, José Luis Bellosta, hicieron temer lo peor. Y los malos augurios se han cumplido.

Las dos empresas más afectadas, en números absolutos, son Intrum y Haya. En la primera se ha comunicado que el objetivo de la empresa es recortar 274 puestos de trabajo, y en la segunda, 243. En Solvia, la propuesta de extinciones asciende a 121 empleos, y en Aktua, a otros 60.

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Por centros de trabajo, en Madrid se concentra el 45% del ajuste, con el recorte de 316 empleos (124 en Haya, 85 en Intrum, 55 Aktua y 52 Solvia), mientras que casi otro 25% es en Valladolid, donde están previstas 166 extinciones (todas salvo una de Intrum).

En Alicante se han comunicado 70 salidas (50 de ellas en Solvia); en Barcelona, 47; en Zaragoza, 14; en Almería, 43; y en Huelva, una. Un duro punto de partida con el que la empresa ahora dirigida por Enrique Tellado ha arrancado las negociaciones.

Otra novedad respecto a los anteriores EREs ha sido que, en esta ocasión, además de alegar causas organizativas y productivas, la empresa ha incluido como motivo para llevar a cabo el ajuste causas económicas.

Para apelar a esta última causa, lo habitual es que la empresa acredite la caída del negocio durante, al menos, tres trimestres consecutivos y lo ligue a los puestos de trabajo que prevé extinguir, defendiendo que así podrá darse la vuelta a la situación.

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Además de tratar de reducir el número de afectados, sobre la mesa de negociación también jugarán un importante papel las condiciones de las salidas. En un ERE, la ley permite extinguir los empleos con 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores aspiran a defender lo mismo que en anteriores ajustes, donde se pactó 34 días y un máximo de 24 mensualidades.