El Gobierno adelanta a 2025 la norma antipisos turísticos que pide Europa

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quiere pisar el acelerador para implantar cuanto antes el nuevo reglamento que el Parlamento Europeo ha aprobado para regular los alquileres turísticos. Aunque todos los Estados tienen hasta 2026 para adoptarlo, el Gobierno español quiere adelantar un año esta fecha y tenerlo listo antes de terminar 2025, punto que ha llevado a la conferencia sectorial que celebra este viernes junto al Ministerio de Industria, las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

"Voy a proponer que antes del próximo año tengamos una plataforma única estatal, adaptada a lo que dice Europa", ha avanzado Rodríguez. El reglamento comunitario está en vigor desde este mes de mayo y pone el foco en las grandes plataformas, como Airbnb, a las que obliga a tener que llevar un registro tanto de viviendas como de habitaciones y a tener que compartir datos con la Agencia Tributaria y con las autonomías.

"El reglamento permite una mayor agilidad en la persecución del fraude", ha subrayado la ministra de Vivienda, para quien es clave terminar con la alegalidad en la que se mueve gran parte de este mercado. Una industria que entre 2010 y 2018 creció un 80% y que solo en el último año se dispararon un 9,2%, hasta 351.389 apartamentos, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).

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Todos estos pisos turísticos representan el 1,33% del total de viviendas en territorio español, mientras que hace un año concentraban el 1,21%. Por comunidades autónomas, Andalucía lidera con 82.454 (+17,5%), seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña, con 59.413 (+19%) y 52.598 pisos (+15%), respectivamente. Les siguen Canarias (46.784 y +9,6%), Baleares (25.073 y -1,2%), Madrid (19.456 y +19%) y Galicia (17.883 y +21%).

Este fuerte crecimiento tiene un impacto directo en el precio de la vivienda y del alquiler, ya que cada vez más hogares se retiran del mercado residencial para dedicarlos a estos usos. Por eso, Rodríguez también ha adelantado que "frente a cualquier otro uso, hemos de priorizar el uso de la vivienda como uso residencial", aunque sin dar ningún detalle sobre cómo se va a hacer.

A pesar de la polarización política, cada vez más comunidades y ayuntamientos de todo signo están tomando medidas para combatir tanto la alegalidad con la que opera gran parte de los alquileres turísticos como para limitar su auge. En Madrid, por ejemplo, el Gobierno popular de José Luis Martínez Almeida acaba de lanzar una ofensiva en tres frentes: aumento de sanciones para quienes oferten pisos de manera irregular, suspensión de la concesión de licencias hasta que se apruebe el nuevo Plan General, y ampliación del número de inspectores.