La Audiencia Nacional analiza un email que amenaza con tumbar la megasubasta de María de Molina 50

Sube la temperatura en la guerra por la subasta del número 50 de la calle María de Molina. El pasado septiembre, el Ministerio de Hacienda sacó a la venta este inmueble por 156 millones de euros, y Grupo Lar, a través de la sociedad Barnaby, se impuso con una oferta de 204,7 millones. Todo un sueño, tras dos intentos de venta frustrados, que amenaza con convertirse en pesadilla. Sobre todo, si la Audiencia Nacional, que ha admitido a trámite la reclamación de una de las perdedoras, la socimi Whitemi, termina fallando a favor de la reclamante.

Esta compañía puso sobre la mesa 197,5 millones que le valieron la segunda posición en la subasta. Un premio de consolación que nunca aceptó y, desde el primer momento, pidió analizar el expediente. Ahí comprobó que la inmobiliaria de la familia Pereda había construido su oferta sobre un esquema financiero de once pagos, cuando las reglas del concurso, a su entender, exigían ceñirse a diez, y en octubre, asesorada por Next Abogados, presentó alegaciones contra la adjudicación provisional, solicitando excluir la oferta de Lar.

Lejos de darle la razón, un mes después, el 21 de noviembre, el Estado adjudicó definitivamente el inmueble a Lar, detrás de cuya millonaria oferta está BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo. Esta Orden Ministerial fue comunicada tres días después a todos los licitantes, excepto a Whiteni, según afirma la propia socimi en la demanda que ha presentado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Desde Hacienda, no han hecho comentarios asegurando que se trata de una causa judicializada.

El escrito, Whiteni enumera lo que, a su entender, son una suma de irregularidades. La primera, durante el acto público de la subasta, donde ella y otros licitadores preguntaron abiertamente sobre cómo debía ser la forma de pago y la secretaria de la mesa "realizó verbalmente una interpretación del texto de la proposición económica para avalar la adjudicación provisional" a Lar. Sin embargo, en el acta de la subasta, no aparecen ni las cuestiones verbales presentadas ni la respuesta.

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Ruth Ugalde

La segunda irregularidad tiene que ver con la adjudicación definitiva que, según denuncia Whiteni, el 24 de noviembre se comunicó todos los licitadores salvo a ella. "Ante el evidente agravio que implicaba no haber recibido respuesta a las alegaciones presentadas y no haber recibido notificación al mismo tiempo que el resto de interesados, esta representación optó por remitir un nuevo escrito a la Administración competente, solicitando que se notificase la resolución dictada por la Subsecretaria de Hacienda y Función Pública por delegación de la ministra y se aclarasen los motivos del trato desigual", puede leerse en la demanda.

Apenas cincuenta minutos después de recibir el escrito, el director general de Patrimonio dictó un acto resolviendo el recurso en contra de los intereses de Whiteni y defendiendo la validez de once abonos. La socimi respondió acudiendo a la Audiencia Nacional, donde presentó un escrito de interposición que la sala de lo Contencioso Administrativo admitió a trámite.

El primer paso que Whiteni dio fue pedir que la Administración mandase el expediente administrativo completo. Pero solo remitió uno parcial, en el que no aparecían ni estas irregularidades, ni un correo electrónico que la secretaria de la Mesa de Contratación remitió al asesor de unos licitadores asegurando: "hay 11 pagos y no pueden ser más de 10, por lo tanto, hay que quitar un pago y redistribuir las cantidades".

El segundo clasificado insistió en que se enviara el expediente completo a la Audiencia y fue entonces cuando llegó al tribunal este mail, que la socimi considera una prueba irrefutable. Sobre esta base, redactó la demanda definitiva. En ella, se puede leer que "verbalmente se había comunicado por la Secretaria de la Mesa de la subasta que el número total de pagos no podía exceder de diez. Además de esta respuesta verbal, el mismo día en que finalizaba el plazo de presentación de ofertas se planteó la consulta por escrito por parte de representantes de los interesados y la respuesta de la Secretaria de la Mesa de la subasta no pudo ser más clara y rotunda".

El correo en el que asegura que deben ser 10 pagos y no 11 hace referencia a un plan de pagos en el que hay un primer pago por el 25%

El correo electrónico en el que asegura que deben ser 10 pagos y no 11 hace referencia a un plan de pagos en el que hay un primer pago por el 25% y luego uno anual durante diez años por el 7,5% cada uno. Este esquema encaja con la oferta de Lar, que ofreció un pago inicial del 25% y "pagos aplazados correspondientes al 75% restante del importe de adjudicación a efectuar con periodicidad anual y con el mismo importe durante el plazo de 10 años", recoge la demanda.

La importancia de los plazos radica en que concede al comprador más músculo financiero y, por tanto, la posibilidad de hacer una oferta más generosa. El subdirector de Patrimonio intentó restar relevancia a este correo, asegurando que "no recoge un criterio del órgano de contratación ni de su mesa, sino una opinión de la Jefa de Servicio del Patrimonio del Estado", que en esta subasta era la secretaria de la mesa y, por tanto, la encargada de responder las dudas.

Whiteni no ha pedido cautelares y, por tanto, el proceso continúa. Desde Lar prevén escriturar el edificio en las próximas semanas

También señaló, siempre según aparece en la demanda, que "no pudo influir en la formulación de la oferta del recurrente, puesto que esta se había presentado con anterioridad, el día 13 del mismo mes". Sin embargo, según explican desde Whiteni, todos los licitadores todavía estaban en plazo de hacer una subsanación y mejorar su oferta si la respuesta hubiera sido que cabían once pagos.

La socimi no ha pedido cautelares y, por tanto, la adjudicación puede continuar su trámite. Desde Grupo Lar, confirman tener conocimiento del proceso y se muestran tranquilos. De hecho, prevén continúa con sus planes de escriturar el edificio en las próximas semanas, como está previsto.

Media docena de ofertas

Además de Lar y Whiteni, también concurrieron a la subasta Nescaleo SU (cuyo administrador único es Kronos), que ofreció 176 millones; Rainforest Capital Partners (Dunas Capital), con una oferta de 190,8 millones; Conren Tramway, con 165,7 millones, y Tomaleta Servicios y Gestiones, con una oferta de 180,1 millones. De los seis interesados, cuatro presentaron su oferta de pago dividida en diez plazos y solo dos (Lar y Dunas) en once plazos.

La socimi ha pedido a la Audiencia declarar "la inadmisión de la proposición económica" de Lar y adjudicar a favor de la segunda mejor propuesta, que es la suya. La AN ya ha dado traslado de la demanda a la Abogacía del Estado y al resto de partes para que hagan sus alegaciones. Además de Lar, también se han personado en la causa Dunas y Tomaleta.

Aunque la socimi solicita retirar la propuesta de Lar y adjudicar al siguiente, en el supuesto de que la Audiencia dé la razón a Whiteni, también cabe la opción de que opte por anular toda la subasta y volver a empezar a de cero. Una auténtica pesadilla para el Estado, ya que es la tercera vez que intenta sacar adelante la venta de María de Molina 50. De hecho, para evitar que esta vez el proceso volviera a encallar, el Ministerio de Hacienda aceptó un ajuste histórico al marcar el precio de partida en 156 millones, un 20% menos que los 196 millones que pidió hace tres años, y un 15,5% menos si se toman como referencia los 185 millones que pidió en las Navidades de 2020.