Así es la propuesta de Ley del Suelo que llevará el PP al Senado en septiembre

El Partido Popular ya tiene perfiladas las grandes líneas de la Ley de Suelo que prevé llevar al Senado a principios de septiembre, un guion que ha empezado a compartir con diferentes jugadores del mundo empresarial y de las administraciones, con el objetivo tanto de testar su aceptación como de consensuar posturas.

La Ley del Suelo es la columna vertebral que necesita el sector para corregir la falta de terrenos finalistas sobre los que poder promover viviendas. Este es uno de los grandes cuellos de botella que arrastra el mercado inmobiliario desde el estallido de la burbuja y uno de los principales responsables del encarecimiento de los hogares.

Para solucionarlo, los populares abogan por cinco grandes líneas de actuación: silencio administrativo positivo, emisiones de informes en tres meses, evitar nulidades de planes por defectos de forma o ausencias subsanables, legitimación reforzada para poder impugnar un plan y modificar la ley de vivienda en lo relativo al tope del alquiler y lo que consideran hiperprotección de los inquilinos

La idea de los populares es iniciar la tramitación a la vuelta de verano, a través de una iniciativa legislativa y aprovechando su mayoría absoluta en el Senado. Con esta medida, quiere contrarrestar la proposición de ley que el PSOE, con el apoyo del PNV, ha registrado en el Congreso.

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Marisol Hernández

Esta es prácticamente igual a la norma que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tuvo que retirar el pasado mayo, al perder los apoyos tanto de Sumar como del PP, con pequeños cambios dirigidos a reforzar las competencias autonómicas.

Las dos iniciativas coinciden en tener como máxima dar seguridad jurídica al planeamiento, evitando que errores fácilmente subsanables puedan tumbar todo un plan, y requerirán la modificación de varias leyes. En el caso de la propuesta del PP, son cinco.

La primera es la Ley del Suelo, para recoger el silencio administrativo en todos los casosm salvo en obras de protección singular, limitar la nulidad y las impugnaciones. La segunda es la Ley reguladora de la jurisdicción del contencioso-administrativo (LJCA), para evitar la revisión de oficio.

La tercera es la Ley de Vivienda, en los relativos a zonas tensionadas y okupación, la cuarta es la Ley de Expropiación forzosa, y la quinta, la Ley de Concesiones de Obra Pública, para que ses la Administración del Estado la que recaude todos los informes sectoriales y, en caso de que no se emitan, se aplicará el silencio positivo.

En este último caso, además, los populares pueden presumir de la experiencia de Galicia, donde la presión del Gobierno regional para apremiar los plazos de los informes ha reducido la espera seis meses, incluso, con los informes de mayor complejidad como los de impacto ambiental.