"¿Webex? Me suena, pero no caigo": la digitalización se atraganta en los juzgados

Hace unas semanas, Paz Vallés, abogada penalista, solicitó a un juzgado de Marbella conectarse a través de videoconferencia a una causa en la que su cliente tenía que declarar. Otro de los imputados en el proceso iba a testificar desde Madrid, por lo que se iban a conectar con un juzgado de la capital. La respuesta que recibió la letrada, no obstante, fue negativa. En el documento, el juez expone que preguntó a los funcionarios del órgano sobre la posibilidad de conectarse a la plataforma Webex (un soporte similar a Zoom utilizado por algunos órganos judiciales), pero estos no sabían utilizarla "aunque sí habían oído remotamente el nombre".

El caso de Paz pone sobre la mesa una realidad incómoda dentro del poder judicial, y es la falta de digitalización de algunos tribunales. Algo que resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta el contexto actual, tras más de un año de pandemia en que los juicios 'online' están prácticamente a la orden del día.

"Se ha avanzado muchísimo desde el inicio de la pandemia, pero queda mucho por hacer", relata Luis Acayro Sánchez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cantabria e impulsor del primer proceso íntegramente telemático que se celebró en España.

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El juez explica que, aunque muchos órganos se hayan adaptado al sistema digital, otros siguen sin estar al nivel. El motivo principal radica en una "falta de coordinación y gestión" a la hora de formar a los profesionales, que muchas veces sí cuentan con los medios "pero no pueden aplicarlos por desconocimiento de su uso", lamenta. Una labor que, como apunta Sánchez, corresponde en gran parte a los TSJ de cada comunidad, que tienen competencias para dictar instrucciones e impulsar programas de formación.

Diferencias entre comunidades

Las deficiencias en el ámbito de la tecnología también dependen de cada comunidad autónoma. Un claro ejemplo de ello es la anécdota que cuenta Judit Clos, letrada especializada en derecho inmobiliario. En vista del estado de alarma y a fin de evitar desplazamientos innecesarios, solicitó a un juzgado madrileño realizar las audiencias previas por videoconferencia. "Es algo habitual en algunos partidos judiciales en los que ejerzo, como Girona o Figueres", cuenta. La respuesta del órgano jurisdiccional fue, en esta ocasión, negativa y escueta: alegaron no disponer de medios para poder realizar el encuentro 'online' y fijaron un nuevo señalamiento.

El avance tecnológico de los tribunales es diferente en cada comunidad autónoma

Esto se debe no solo a que parte de la responsabilidad de digitalización recae sobre los TSJ. Como apunta Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Nacional, estos asuntos dependen de los gobiernos que tengan transferidas las competencias de Justicia en cada comunidad, "por lo que cada territorio tiene un grado diferente de implementación de tecnología". Así, regiones como Cantabria no dictaron ninguna instrucción al respecto desde el inicio de la pandemia, mientras que otras como Comunidad Valenciana han progresado en este sentido de forma notable en el último año.

Cambio cultural

Otro de los factores que explican el retraso de algunos tribunales es, según Sánchez, la resistencia que muestran algunos jueces hacia las nuevas tecnologías. "Por la generación a la que pertenecen, no están familiarizados con las herramientas y les cuesta más adaptarse", observa. Esta falta de iniciativa, unida a la ausencia de programas de formación, provoca que muchos juzgados tengan las herramientas "pero no sepan usarlas".

En esta línea, Delgado señala que, para alcanzar una verdadera digitalización en la Justicia, es esencial un cambio cultural. "Al fin y al cabo, se trata de modificar la forma de trabajo a otra que no es la habitual", recuerda. La pandemia ha actuado como un revulsivo en este sentido, y si bien en el último año se ha avanzado de forma considerable, "el camino que queda por recorrer es largo", confiesa.

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No obstante, el magistrado recuerda que hay muchos aspectos en los que la Justicia está bastante avanzada, como es el ámbito de las notificaciones electrónicas o ciertos trámites "que a día de hoy se pueden hacer telemáticamente sin ningún problema".

La digitalización es, de hecho, una de las principales prioridades del actual Ministerio de Justicia, liderado por Juan Carlos Campo. Destaca en este sentido el Plan Justicia 2030, aprobado en febrero del año pasado, que prevé, entre otros objetivos, completar la implantación de la Oficina Judicial, consolidar el expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal para preservar la eficacia del sistema en todo el territorio.