Victoria Ortega (CGAE): "Las ayudas europeas en Justicia se destinarán a la digitalización"

La pandemia ha dejado tareas pendientes al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). La digitalización del sector, a pesar de haberse visto fuertemente impulsada en este último año, sigue dejando mucho que desear. Sobre el tintero siguen estando varias reformas legislativas que deben ser impulsadas por la nueva titular de Justicia, Pilar Llop. En conversación con El Confidencial, la presidenta del organismo, Victoria Ortega, repasa los retos que actualmente afronta el colectivo, entre los que destaca la conciliación, la formación de los profesionales y la defensa de la justicia gratuita. Lo hace durante las VIII Jornadas de las Juntas de Gobierno, que se celebraron el 8, 9 y 10 de septiembre en Bilbao y reunieron a más de 800 letrados. Un evento anhelado por el colectivo después de año y medio de contactos a través de una pantalla.

PREGUNTA. El pasado julio se reunió con la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. ¿Qué sensaciones tiene de la nueva titular? ¿Qué retos tienen ambos organismos en el horizonte?

RESPUESTA. La sensación es muy positiva. Creo que va a continuar con los proyectos que ya estaban iniciados, como la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pretende escuchar a todos los que tengan algo que decir con ese texto. También va a continuar con la tramitación de la Ley de Derecho de Defensa, aunque aún no se ha concretado una fecha definitiva de aprobación.

TE PUEDE INTERESAR

Guía legal para sobrevivir al curso 21-22: entre la recuperación y el riesgo de rebrotes

Irene Cortés Pedro del Rosal

P. ¿Cómo ha afectado la pandemia a los abogados y abogadas? ¿Ha empeorado su situación económica?

R. Ha afectado como al resto de la sociedad. Ha habido compañeros y compañeras que se han visto directamente afectados, tanto en el ámbito sanitario como en el personal. Tuvimos ese primer momento de paralización absoluta por el confinamiento que paró también la Justicia, con un consecuente periodo de paralización de los plazos procesales y los administrativos, con lo que eso supone para el colectivo. Esto impacta directamente en el ámbito económico de la abogacía. Pero es verdad, todo hay que decirlo, que han surgido una serie de procedimientos judiciales derivados de la pandemia que han dado posibilidades de trabajo a los letrados, como por ejemplo en el ámbito laboral, el concursal o el administrativo con la impugnación de las reclamaciones por las multas del estado de alarma. Ha repercutido negativamente, pero vamos a ver si salimos adelante.

P. ¿Cómo ha impactado el covid en la digitalización de los bufetes? ¿Se ha reducido la brecha entre grandes y pequeñas firmas?

R. Este es un tema que veníamos trabajando desde hace tiempo. Introdujimos la firma electrónica cuando no se hablaba de aquello. Aunque la situación ya era muy diferente entre grandes despachos y unipersonales, la pandemia tampoco ha generado diferencias muy grande. Desde el consejo, hemos diseñado un plan de ayudas para los compañeros destinado no solo a la adquisición de tecnología sino también a la formación. Pero el problema más grande ha estado en la Administración de Justicia. Nos hemos visto en una situación de confinamiento y los tribunales no estaban preparados para afrontar una situación así. Ahí es donde es importante y urgente incidir. De hecho, las ayudas europeas en Justicia se van a dedicar a la digitalización.

TE PUEDE INTERESAR

Los seis obstáculos que impiden la digitalización en los despachos

Irene Cortés

P. Una de las reivindicaciones del colectivo es la posibilidad de conciliar. ¿Qué medidas ve necesarias para mejorar la situación de los abogados en este sentido?

R. Hace falta una regulación que dé seguridad jurídica. Que no estemos a la discrecionalidad de un órgano jurisdiccional y que de él dependa si le parece bien o no suspender una vista. Eso tiene que estar necesariamente regulado. Es cierto que cada profesión tiene sus características y hay que adaptarlo a la realidad de la abogacía. Por otro lado, también es necesario regular para respetar el ámbito de desconexión. Por ejemplo, imponer tiempos en los que no se puedan recibir notificaciones judiciales.

P. Una ventaja que ha aportado la pandemia es la posibilidad de teletrabajar. Sin embargo, muchos despachos se muestran reacios a implementarlo y han vuelto al presencialismo en cuanto han podido. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse en la abogacía?

R. El teletrabajo es una fórmula que, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La solución estaría en un sistema mixto. No cabe duda de que la presencialidad tiene sus aspectos positivos en la relación entre equipos, que es la base de gran parte del trabajo. El acierto está en saber compaginar las dos fórmulas, hay que saber combinarlas. Nos hemos visto obligados a adoptar un modelo que anteriormente no conocíamos. Ahora hay que buscar fórmulas intermedias, también en el ámbito de los grandes despachos de abogados.

TE PUEDE INTERESAR

¿Oficina o teletrabajo? Qué bufetes exigen presencialidad y cuáles dejan seguir en casa

Irene Cortés

P. Hace unas semanas, se impulsó una iniciativa para frenar la precariedad laboral en la abogacía a raíz de una oferta en la que se publicitaba un puesto de falso autónomo en un despacho. No es algo nuevo. La precariedad en la profesión es una realidad que, además, golpea de manera especial a los jóvenes. ¿Cuenta el consejo con algún sistema de control o prevé implementar medidas para frenar estas prácticas?

R. Este es un tema que hay que abordar con prudencia. En lo que respecta a la remuneración de los profesionales, en la profesión existe una libertad de precios. De hecho, la Comisión de Competencia insiste mucho en que se respete este extremo y no nos permitiría ningún tipo de regulación de precios. Por tanto, desde el consejo no podemos entrar a decir por qué precios se trabaja. Sobre los falsos autónomos, se trata de una cuestión judicial. Hay varios pronunciamientos al respecto y, de hecho, la jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo es contundente al respecto. No es que no queramos hacer algo, es que podemos hacer poco.

P. ¿Qué opina del reciente dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Garzón por escuchar conversaciones entre los acusados de la Gürtel y sus abogados?

R. He leído el informe entero y no comparto las manifestaciones. Lo digo con absoluto respeto al documento, a los autores y al comité, pero no lo comparto. Creo en la independencia del Supremo y considero que el derecho al secreto profesional debe respetarse.

TE PUEDE INTERESAR

La abogacía critica el dictamen de la ONU a favor de Garzón: "Ataca el secreto profesional"

Irene Cortés

P. No es la primera amenaza que recibe este derecho, especialmente cuando afecta a los abogados de empresa. Hace unos años, vimos la reforma de la Ley General Tributaria, aunque finalmente no salió adelante, o la doctrina Azko, dictada por el TJUE en 2010. ¿Es lícito limitar el secreto de los internos? ¿Prevé el consejo blindar de forma más sólida este derecho?

R. Los abogados internos están cubiertos por el secreto de la misma forma que los externos. Es un derecho del cliente más que del profesional. Desde el consejo, estamos impugnando las normativas que van apareciendo ante los tribunales para mantener la postura que recoge el propio estatuto [que reconoce expresamente este derecho a los 'in house']. El secreto está en la misma base del derecho de defensa.

P. Recientemente han incrementado los baremos de la retribución del turno de oficio. ¿Es suficiente?

R. No. Es verdad que la subida fue considerable, pero también es verdad que llevaba paralizada muchos años, por lo que no alcanza lo que tenemos como criterio, que es el IPC. Por eso vamos a seguir insistiendo en ello. Además, vemos importante alcanzar un equilibrio entre comunidades. Es complicado que existan diferencias tan grandes entre unas y otras. Aunque si igualamos, por supuesto, sería al alza.

TE PUEDE INTERESAR

311 €/asunto en Euskadi y 106 en Andalucía: el mapa de la desigualdad en el turno de oficio

Pedro del Rosal

P. Hablemos de voces discordantes. Muchos abogados cuestionan la necesidad de la colegiación obligatoria. ¿Debería articularse como algo optativo?

R. La colegiación debe ser obligatoria. Es en beneficio de la ciudadanía. De esta forma, existe un control deontológico de la actuación y un control de la formación continua. Lo que no sería admisible es que esta profesión no estuviera sometida a unas normas de actuación y no se pudiera controlar. Hablamos de la prestación de un servicio público que además se engloba dentro de un derecho fundamental, así que me parece absolutamente necesario que la colegiación se articule como obligatoria.

P. Otra crítica existente en cierta parte del colectivo es el número de órganos colegiados que existen en España, que actualmente asciende a 83. ¿Son necesarios tantos?

R. Claro que sí. Prestan un servicio a los compañeros y compañeras y tienen una labor de cercanía. Hay regiones como Cataluña que tienen 14 y hay otras con cuatro, pero no creo que moleste. Habrá quien critique el número, pero creo que lo que se cuestiona es la propia existencia de las instituciones. Desde ahí, lo que tenemos que hacer es trabajar, prestar servicios y de esa manera convencer. Pero de número o cercanía no creo que se cuestione.

P. ¿Qué les diría a los abogados que dicen que este consejo no los representa?

R. En primer lugar, que me parece una opinión muy respetable. Y en segundo lugar, les diría que hicieran un poco el esfuerzo por conocerlo. Luego pueden seguir pensando lo mismo, en su derecho están. Nosotros procuraremos hacerles cambiar de opinión a base de trabajo y prestación de servicios, pero que ellos hagan por conocer. Incluso que den ideas para mejorar; nosotros aquí estamos para recibirlas.