Un sindicato para abogados: el proyecto de una letrada que irrita a los colegios

La creación del sindicato de abogados Venia, el primero en España de alcance nacional, no ha pasado desapercibida en el sector legal. Desde su nacimiento oficial hace menos de un año —el BOE publicó los estatutos a mediados de abril del año pasado—, la agrupación está generando cada vez más interés entre los letrados, que miran todavía con atención a este sindicato que asegura que busca redignificar un oficio que se ha degradado significativamente en los últimos años. Ahora bien, Venia también ha despertado los recelos de los colegios de Abogados, que ven cómo esta organización reivindica unas funciones que, en su opinión, les corresponden en exclusiva a ellos.

"Nos ven con muy malos ojos", afirma Belén García, secretaria general de Venia, abogada madrileña e impulsora principal del proyecto. Junto con ella, otras cuatro profesionales del derecho fueron las fundadoras de Venia (no todas abogadas). Ahora, el equipo se ha ampliado hasta la docena. La letrada cuenta que en noviembre, una vez fue oficial su creación, mandaron una carta a cada uno de los 83 organismos presentes en España para presentarse formalmente, "pero solo contestaron tres. Dos para recibirnos. Y el tercero, el de Ourense, para decir expresamente que no éramos bienvenidos", subraya.

En Alcalá de Henares fueron más allá y presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional alegando que el sindicato estaba asumiendo unas labores que eran competencia exclusiva de los colegios. El tribunal la desestimó el pasado febrero y dio la razón a Venia por una cuestión puramente procesal (al ser un sindicato de ámbito nacional, solo podía impugnar su creación el Consejo General de la Abogacía Española).

¿A qué se debe ese rechazo? Una explicación es el discurso que se mantiene desde el sindicato, centrado en que los colegios han dejado de lado la lucha por los derechos de los letrados. En su opinión, estos organismos, junto con el CGAE, solo se preocupan de sus propios intereses y su función se ha reducido a organizar desayunos y conferencias, mientras que dejan en un segundo plano los problemas reales de la profesión. Por otro lado, muchos comparten los argumentos de Alcalá de Henares y consideran que la defensa y representación de los letrados les corresponde únicamente a ellos. Sin embargo, García rechaza este extremo y cita la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que subraya que la libertad sindical de los abogados les permite tanto crear este tipo de proyectos como afiliarse.

Germen de la idea

La idea de fundar un sindicato de alcance nacional surgió durante la pandemia. "En el confinamiento, había mucha incertidumbre y confusión entre los abogados por el cierre de los juzgados, la suspensión de las vistas por contagio… Creé varios grupos de WhatsApp para resolver dudas entre nosotros", relata. Las conversaciones derivaron en muchas quejas que hicieron aflorar en García los primeros planteamientos.

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Sin embargo, no se decidió a dar el paso definitivo hasta febrero, después de un encuentro del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con CCOO y UGT. "En la charla, ellos dijeron que los abogados necesitaban un sindicato. El decano dijo que no lo veía y eso fue lo que me decidió", afirma. Se juntó con otras cuatro compañeras (no todas ellas abogadas) y empezaron con los trámites. Pocas semanas después, en abril, presentaron los estatutos y los depositaron en el Ministerio de Trabajo. En noviembre, hicieron algunas modificaciones sobre la estructura y, una vez fue firme, ya dieron a conocer el proyecto entre los compañeros.

En un principio, el sector recibió al sindicato con recelo. "Las primeras reacciones fueron decirnos que los abogados no podíamos estar sindicados. Había mucho caos", narra García. La confusión tiene una explicación reciente. En abril de 2019, hace casi tres años, la Audiencia Nacional denegó la creación de un sindicato de letrados del turno de oficio. El motivo del no fue puramente técnico: la ley recoge que solo pueden instituir estas organizaciones los trabajadores con una relación laboral o un vínculo "de carácter administrativo o estatutario", dos características que no se cumplen en el caso de los abogados que prestan asistencia jurídica gratuita. Ahora bien, los magistrados matizaron que lo vetado era la creación del sindicato, no la participación. Pero, entre los profesionales, el mensaje que caló no fue ese.

"Al principio había mucho caos. Los abogados pensaban que la ley no les permitía sindicarse", cuenta la fundadora de Venia

Para corregirlo, el equipo se vio obligado a hacer una labor pedagógica y explicar a todos los interesados que el artículo 28 de la Constitución española, que recoge el derecho a la libertad sindical, también aplica a los profesionales del derecho. Y parece que las explicaciones van dando sus frutos, ya que la desconfianza se está transformando en interés y cada vez son más las peticiones que reciben de abogados que quieren afiliarse. "Ahora debemos estar en torno a los 500", calcula.

La letrada asegura que prácticamente cualquier profesional puede sindicarse. Abogados por cuenta ajena, por cuenta propia, del turno de oficio, procedentes de gran despacho, de pequeño bufete. Incluso graduados en Derecho que todavía no hayan realizado el máster de acceso a la abogacía. "La única excepción son los profesionales que tienen personas a su cargo. Pero porque lo prohíbe la ley general", matiza.

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Una profesión sin dignidad

A pesar de llevar apenas cinco meses en activo, Venia ya tiene varios proyectos en marcha y muchos otros en mente. "Queremos devolver la dignidad a la profesión, que se ha dañado mucho en los últimos años", asegura. La razón detrás de esta degradación, agrega, es triple. Por un lado, el descrédito social. "La sociedad tiene una imagen equivocada de los abogados. Te ven trajeado entrando en un juzgado y asumen que es un oficio donde se gana mucho dinero. Y puede serlo, pero la realidad es que hay mucha precariedad. A muchos profesionales les cuesta llegar a fin de mes", relata.

Segundo, la falta de reconocimiento de derechos sociales, favorecida por la ausencia de un convenio colectivo para el sector. "Este año va a ser el primero que podremos tener días de descanso en navidades. En todo el año, solo tenemos agosto y tampoco nos está permitido desconectar al 100%. Muchas veces nos vemos obligados a trabajar a pesar de estar de baja o después de que haya fallecido un familiar porque no tenemos esos derechos reconocidos", critica.

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Y, por último, el abandono por parte de los colegios de Abogados. "Hay una pasividad muy grande", lamenta García. En su opinión, estos organismos no están creados para defender los intereses de los abogados, sino los de los ciudadanos. Prueba de ello, explica, es el código deontológico, que regula la profesión y prevé una batería de sanciones enfocadas exclusivamente para los profesionales. Sin embargo, cuando un letrado llega con un problema, critican, suelen desentenderse e instarle a que lo resuelva por otras vías.

Luchas activas: no ir a juicio si estás de baja

Uno de los temas donde el sindicato ha puesto el ojo es la suspensión de juicios por enfermedad. Recientemente, cuenta García, llevaron el caso de un afiliado al que la Audiencia Provincial de Madrid no le suspendía un juicio a pesar de que estaba de baja médica. "Cuando lo solicitó y adjuntó el documento de la baja, le dijeron que aportara informes médicos. Lo hizo y el forense dijo que no estaba tan mal, que podía ir al tribunal. Acudió al colegio para buscar protección y le restaron importancia. Le dijeron que fuera, que solo iba a ser un rato", afea la letrada. Al final, consiguieron que se suspendiera el juicio, pero desde el sindicato presentaron una queja al presidente de la AP al considerar que los tribunales no deberían pedir información médica adicional, que rechazó. "De ahí ya pusimos un recurso contencioso-administrativo", anuncia.

Este problema es el día a día de los abogados que litigan ante los tribunales. La Ley de Enjuiciamiento Civil deja en manos de los jueces la decisión de aplazar o suspender un juicio. Es decir, que siempre depende de la voluntad del magistrado, sea cual sea la circunstancia. De este modo, ni siquiera situaciones como una baja médica o la hospitalización de un familiar aseguran a los letrados poder posponer un juicio. En noviembre de 2021, hubo un pequeño adelanto al anunciar el Ministerio de Justicia un cambio en la norma para incluir la maternidad y la paternidad como causa de suspensión, pero esta modificación todavía no se ha materializado.

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"Esta es una lucha importante. Hay casos de abogados que han tenido que ir a juicio con fiebre. Yo misma tuve que trabajar hasta tarde el día que falleció mi padre porque el tribunal no quiso posponerme un plazo. Depender del criterio de cada tribunal deja desprotegidos a muchos, y eso no es justo", lamenta. Desde Venia, agrega, buscan pronunciamientos de tribunales que sienten precedente y que permitan a los abogados tener algo a lo que agarrarse cuando solicitan la suspensión por razones tan sangrantes.

Otro de sus objetivos a combatir es la proliferación de los letrados falsos autónomos, un mal extendido en el sector y que afecta especialmente a los más jóvenes. Desde los colegios suelen desentenderse e instan a los perjudicados a acudir a los tribunales, asegurando que los organismos nada pueden hacer. La Inspección de Trabajo, indica García, tampoco tiene los bufetes en el foco. "Mi intención es mantener una reunión con la ministra de Justicia y pedirle que mire con atención este asunto", aclara.

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Por otro lado, García cuenta que otro de los proyectos en que están trabajando es la prohibición de la inscripción en varios turnos de oficio. Algunos colegios (por ejemplo, el de Alcalá de Henares) impiden a los letrados ejercer en otras regiones. "Consideramos que es un ataque a muchos derechos. El de acceso al trabajo, sin ir más lejos", narra la letrada, que dice entender el razonamiento detrás, que pretende impedir que haya profesionales apuntados que luego mandan a otros compañeros con menos experiencia. Ahora bien, recuerda que esta conducta ya está tipificada como sancionable en el código deontológico. "Si alguien quiere ganarse la vida con esto y llega a todo, ¿por qué no puede hacerlo?", pregunta.

Otras metas en el horizonte son la subida de los baremos del turno de oficio o las pensiones que ofrece la Mutualidad de la Abogacía, "ridículas", según García, en comparación con las cuotas abonadas. "No es normal que se hayan enriquecido a costa de miles de mutualistas que luego no reciben apenas nada", asevera. Ahora bien, la abogada indica que, de momento, desde el sindicato buscan ganarse la confianza del sector poco a poco, buscando pequeños logros que les hagan avanzar y crecer poco a poco.