Inquietud en el Ibex por la norma europea que ampliará las exigencias en sostenibilidad

Expectación entre las grandes compañías ante una nueva norma que se cocina en Bruselas. Se trata de una directiva muy ambiciosa que quiere obligar a las multinacionales con negocios en la Unión Europea a evitar que se cometan infracciones en materia de derechos humanos y compromisos medioambientales dentro de su proceso productivo. Por el momento, el proyecto, que solo afectará a las organizaciones de más de 500 empleados o con un gran volumen de negocio, se encuentra en manos del Parlamento Europeo, quien deberá revisar las más de 2.000 enmiendas que se han presentado en los últimos días.

De acuerdo con el borrador, la nueva ley introduciría la posibilidad de que los afectados por alguna infracción en estas materias puedan exigir responsabilidad (desde indemnizaciones hasta multas) a las compañías por las vulneraciones que comentan no solo ellas, sino también sus proveedores o cualquier actor que esté involucrado en la línea de negocio, independientemente del país donde estén situados.

Aunque se trata de una norma todavía en fase de tramitación que no se hará realidad hasta, por lo menos, dos años (primero debe pasar los filtros europeos y, tras ello, ser estudiada por las autoridades españolas para su transposición), las empresas potencialmente afectadas —multinacionales y compañías de gran tamaño— miran con mucha curiosidad y un poco de preocupación el proyecto.

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Como aseguran desde algunos de los grandes despachos españoles, temen que la eventual directiva les coloque en una peor posición competitiva frente a otras organizaciones que no tienen presencia en territorio comunitario y, por lo tanto, no estarían obligadas a asumir las responsabilidades previstas en la nueva ley.

La cuestión reputacional es, asimismo, otra de las fuentes de inquietud de cara a la directiva sobre due diligence. Según indican desde los bufetes, los criterios ESG se han convertido en una prioridad para las multinacionales, que no sollo llevan los últimos años adoptando las diferentes normas que se han ido aprobando en materia de sostenibilidad, sino que han intentado ir varios pasos más allá para posicionarse como entidades climáticamente responsables. Una eventual reclamación a raíz de la norma europea, precisan, podría provocar un daño significativo en su imagen.

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Todos estos factores han llevado a algunas organizaciones a adelantarse y diseñar planes que les permitan adaptarse a las posibles exigencias que vengan aparejadas con la aprobación de la norma. Al fin y al cabo, precisan desde las firmas, muchas de ellas ya contaban con protocolos centrados en esta materia, si bien no eran tan ambiciosos como prevé el proyecto de directiva.

Más de 2.000 enmiendas

En el caso de aprobarse el borrador de la Comisión en su versión original, la nueva directiva introduciría cambios importantes y obligaría a las organizaciones a elaborar un mapa de riesgos bastante exhaustivo de todas las entidades con las que trabajan para garantizar que ninguna de ellas comete ninguna vulneración contra los derechos humanos (empleando a menores de edad, por ejemplo) o incumple las normas en materia de sostenibilidad y cambio climático. Asimismo, deben establecer medidas que prueben que, en caso de que se produzca una infracción, hicieron todo lo posible por evitarlo. Es lo que se conoce como due diligence o diligencia debida.

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Está enfocada para empresas con más de 500 empleados o con una facturación superior a los 150 millones de euros. En un principio, las compañías más pequeñas no estarían obligadas a cumplir con las exigencias legales, a no ser que pertenezcan a sectores de "alto impacto", como puede ser el textil, el calzado, la agricultura, las industrias madereras y pesqueras, la ganadería, la minería y algunas manufacturas básicas metálicas. En ese caso, la directiva les sería de aplicación solo si cuentan con una plantilla superior a los 250 empleados y sus ingresos se sitúan por encima de los 40 millones de euros.

Aunque se trata de un proyecto muy ambicioso, desde las firmas no descartan que se acabe desinflando un poco en las próximas fases parlamentarias. Especialmente, durante el paso por el Parlamento Europeo, ante el cual ya se han presentado más de 2.000 enmiendas que buscan rebajar algunos de los puntos más significativos del texto. Uno de los grupos que han introducido correcciones es Renew Europe. Sus enmiendas plantean un doble objetivo: preservar la innovación de la directiva en lo que se refiere a proteger mejor los derechos humanos y el medio ambiente y, a la vez, evitar que esta norma "acabe lastrando la competitividad de las empresas europeas frente a sus homólogas de otros países", indican.