Las asesorías jurídicas aprietan a los bufetes: precios más bajos y flexibilidad al fijar tarifas

Precios más competitivos y mayor flexibilidad a la hora de fijar tarifas. Estas son algunas de las demandas que hacen las asesorías jurídicas de las grandes empresas españolas a sus despachos de abogados y proveedores de servicios jurídicos de cabecera, de acuerdo con los datos extraídos en el Observatorio de la asesoría jurídica de la gran empresa, el primer informe sobre las áreas jurídicas del Ibex 35 y otras grandes compañías en España que elaboran El Confidencial y Deloitte Legal. En la encuesta, los departamentos legales muestran cierto descontento con la actitud de los despachos a la hora de definir sus honorarios y les trasladan la presión presupuestaria a las que están sometidos por parte de sus organizaciones.

En líneas generales, el estudio —que puede consultar pinchando aquí— revela una brecha entre lo que las asesorías jurídicas valoran en sus proveedores de servicios y lo que estos realmente les ofrecen. Así, los encuestados sitúan el precio y la flexibilidad a la hora de definirlo como dos de los factores más relevantes (con una puntuación de 4,2 y un 4,4 sobre 5), pero su nivel de satisfacción con los despachos en este aspecto es de 3,6.

No es el único indicador en el que se repite este vacío de expectativas. El mayor desfase, de hecho, se sitúa en la "capacidad de aportar soluciones y resolver necesidades como si estuviera dentro de la organización". Esta habilidad es, para los in house, la más relevante que debe cumplir un despacho (4,7), pero puntúan a sus proveedores en este punto con un 3,6 sobre 5. Algo similar ocurre en el conocimiento del sector, que es calificado con un 4,64 en importancia, pero solo un 3,82 en satisfacción.

Por el contrario, los abogados de empresa elogian el alto nivel de especialización de los profesionales externos (con una puntuación de 4,32), seguido del cumplimiento de plazos y expectativas acordadas (4,09) y la marca y reconocimiento público de la firma externa a contratar (3,91). Este último indicador, no obstante, apenas es relevante para los departamentos legales, que lo sitúan entre los últimos puestos de la tabla. En la misma línea, destaca la baja valoración que dan las grandes asesorías al uso de herramientas tecnológicas y enfoques innovadores (3,2).

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A pesar de estos desajustes, el informe de El Confidencial y Deloitte Legal revela que el ritmo de externalización de servicios jurídicos se va a mantener estable en el próximo ejercicio. La mayoría de los departamentos legales planean derivar la misma cantidad de trabajo a los despachos de abogados, y tan solo el 9% prevé reducir los encargos. En esta línea, los datos ponen de manifiesto que los in house siguen confiando en mayor medida en los bufetes tradicionales, mientras que apenas el 9% se pondrá en manos de proveedores alternativos (los denominados ALSP).