El Colegio de Madrid lidera el rechazo de la abogacía al 'lawfare' con un CGAE dividido

El Colegio de Madrid (ICAM) es la primera gran institución de la abogacía que, uniéndose a las asociaciones judiciales, de fiscales y a los letrados de la administración de justicia, muestra su rechazo público al acuerdo anunciado ayer por el PSOE y JxCat. En un contundente comunicado aprobado ayer por la junta de gobierno, la entidad que lidera el decano Eugenio Ribón mostró su repudio al uso del término lawfare, "pues no tiene cabida en un Estado Democrático, afirma, y señaló que ve "inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional".

Por estas y otras razones, el ICAM anuncia que "ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes", dos principios del sistema que la institución encuentra seriamente amenazadas, a la vista del literal del pacto, tanto por la amnistía como por la intención de examinar en el Congreso la actuación de los jueces. "La conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional", asevera la junta de gobierno, que subraya que "la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y la función jurisdiccional".

Con este pronunciamiento, el Colegio de Madrid se adelanta a un Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que ayer se vio sumido en un profundo debate interno, según informan fuentes de la institución, sobre la necesidad de mostrar su rechazo o no al anuncio de socialistas y junteros. En el chat que comparten los 83 decanos y la dirección del CGAE, algunos reclamaron un posicionamiento público del organismo que preside Victoria Ortega. Sin embargo, desde la cúpula la respuesta fue que el organismo "ni puede ni debe" tomar partido, lo que no fue acogido con agrado por muchos de ellos. Los favorables a mantenerse al margen de la controversia, indican las mismas fuentes, los de Galicia y muchos de los castellanos; los decanos de los siete colegios catalanes guardaron silencio, al menos hasta ayer por la noche.

Al igual que se manifestó durante el procés independentista, las cuestiones políticas son una patata caliente para las instituciones de la abogacía. Por un lado, hay quien defiende que los abogados forman parte de la administración de justicia y no deben dudar en tomar partido en defensa del Estado de Derecho. Por otro, están quienes subrayan que los letrados son un colectivo plural, compuesto por muchas sensibilidades, y las instituciones no deben adoptar posicionamientos que no representen al conjunto o a una amplia mayoría en la profesión. En este caso, además, el asunto es aún más sensible, porque no solo se trata de un conflicto entre constitucionalismo e independentismo, sino que también entran en juego las afinidades políticas entre izquierda y derecha.

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Pablo Gabilondo

Estas distintas sensibilidades quedaron de manifiesto en las recientes jornadas organizadas en el ICAM y en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) sobre la amnistía. En la institución de la capital, los juristas participantes mostraron su rechazo al perdón general y aseveraron que crearía un grave perjuicio al Estado de Derecho. En la Ciudad Condal, en cambio, los expertos convocados señalaron que, bien construida técnicamente, la amnistía tiene cabida en la Constitución y enfatizaron que se trataba, sobre todo, de una cuestión política, según las crónicas sobre la sesión.