Golpe a UGT y Eroski por posible fraude a la Seguridad Social y cese ilegal a una trabajadora

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Cecosa Supermercados (Eroski), se enfrentarán a una demanda en los próximos días. El sindicato y la compañía cesaron de forma ilegal a una trabajadora sindical que había prestado sus servicios mediante una relación indefinida para UGT y Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), de forma ininterrumpida desde hace más de 20 años, además de, supuestamente, estar ocultando un posible fraude a la Seguridad Social por realizar contratos ilegales a la empleada.

Se trata de un caso de cese ilegal de esta trabajadora de la oficina de UGT en Playa de Palma, por supuestas divergencias con la dirección general de la FeSMC de Mallorca. Esta medida se hizo sin previo aviso y simplemente se le denegó la entrada a la oficina, despidiéndole de forma verbal. Sin embargo, el problema va más allá de la decisión de haber desvinculado a la empleada, sino que se escondía algo detrás: el cambio constante de contratos con empleadores con los que ella ni siquiera tuvo contacto.

Desde 2005 hasta la fecha, la afectada tuvo más de siete contratos fraudulentos, en contra de su voluntad. Primero se le cerró un contrato por FeSMC UGT como contrato de obra para "apoyo, seguimiento y control planes FORCEM 2004/2005". Al año siguiente, el sindicato le cambió el contrato a obra o servicio en fraude de ley, sin especificación alguna del servicio concreto que la trabajadora debía prestar.

Meses después, volvió a modificarse, y esta vez como contrato de obra o servicio determinado según vida laboral, donde estuvo casi 6 años de obra o servicio temporal. En 2012, fue contratada por Método Estudios Consultores, con un paco de obra del que la trabajadora no tuvo conocimiento "más que por su aparición en mi vida laboral, siendo una empresa domiciliada en Pontevedra", apunta la afectada en el acta al que tuvo acceso El Confidencial.

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La historia no acabó ahí. El quinto cambio ocurrió en 2012, cuando fue contratada por Bufete Navarro y asociados laboral SL, con un contrato temporal en el que también se desconocía su actividad y solo se expresaba que era una pieza clave para la puesta en marcha del Plan de Igualdad (actividad que no ha realizado nunca para esta entidad). Luego volvió a tener como empleador a FeSMC, con un contrato de obra con un periodo de prueba de un mes, y desde 2013 hasta la fecha, Cecosa Supermercados (Eroski), la contrató indefinidamente sin que haya prestado servicio alguno a dicha empresa.

¿El problema? En ningún minuto dejó de prestar servicios al sindicato por más que haya sido contratada por entidades externas... con las que nunca tuvo contacto. "Las altas y contratos con empresas externas al sindicato eran gestionadas por el propio sindicato, sin mi intervención y con el único objeto de mantener una cobertura formal y de alta en la Seguridad Social mientras seguía prestando mis servicios administrativos y sindicales de siempre en Playa de Palma para la UGT", comenta la trabajadora.

En este sentido, el abogado que lleva el caso, José Manuel Raya, del departamento de Laboral y Seguridad Social de DMS Legal Intelligence, hace una crítica al sindicato por haber estado ocultando el salario y evitando cotizaciones, defraudando a la seguridad social. "Si al despido se le añade un posible fraude a la Seguridad Social por salario no cotizado resulta todavía más sorprendente, pero el tener conocimiento que un sindicato pueda acordar con grandes empresas este tipo de relaciones que, si no son, se acercan mucho a una cesión ilegal de trabajadores a cambio de no se sabe qué, es un escándalo".

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Debido a que hace algunos días la trabajadora junto a sus abogados celebraron un acto de conciliación en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB), y no consiguieron llegar a ningún tipo de acuerdo por parte del sindicato, la afectada junto a sus representantes decidieron interponer una demanda en su contra en los próximos días con el objetivo de solucionar esta situación. Según indicaron en este acto, estas instrumentalizaciones de empresas ajenas que no ejercen ningún tipo de dirección empresarial sobre un trabajador, se hacen con el único fin "de eludir las obligaciones laborales y de Seguridad Social tiene una calificación clara y precisa: cesión ilegal de trabajadores".

Otros antecedentes

La retribución total mensual de la trabajadora era de 1.909,69 euros, y se dividía en un salario formal y cotizado que se desglosaba en una retribución bruta, incluidas pagas extras abonadas por Eroski de 1.374,60 euros, según la base de su cotización el mes previo a su despido. Por otro lado, también contaba con una retribución mensual abonada por la FeSMC de 535,09 euros. "La cantidad abonada por la FeSMC se disimulaba como pago en concepto de dietas y gasolina", sentencian.

Por ejemplo, parte de su salario mensual por prestar servicios laborales en UGT, se pagaban sin cotizar en la Seguridad Social por estar bajo el concepto de dietas y locomoción, que "sorprendentemente" era un fijo mensual dentro de su cuenta bancaria y contrato. Esta forma de retribución sin cotización "me ha causado un perjuicio enorme de cara al cálculo de mi próxima jubilación, por lo que la demandada deberá responder por la responsabilidad directa en materia de prestaciones por falta de alta y cotización que pudiera corresponder", exige la demandante.

"Es especialmente hiriente (un despido así) si la entidad que lo hace tiene como finalidad defender los derechos de los trabajadores"

Entonces, sin mayor aviso, el sindicato decidió negar el acceso a su centro de trabajo y le despidió de forma verbal. La semana siguiente lo volvió a intentar y el personal volvió a impedirle el ingreso. También se le expulsó de los grupos de WhatsApp del trabajo. Por otro lado, Raya también dice que esta situación de despido ilegal es inaceptable. "Que una empresa despida verbalmente a un trabajador con muchos años de esfuerzo y sacrificio siempre duele, pero es especialmente hiriente si la entidad que lo hace tiene como finalidad defender los derechos de los trabajadores, como el caso de un sindicato", comenta.

En particular, la extrabajadora pide que las empresas demandadas reconozcan la improcedencia del despido, y, en consecuencia, que le abonen una indemnización correspondiente a 44.168,78 euros, así como los salarios adecuados a su periodo vacacional que consistía en 60 días, además de diciembre y enero completo. Por esto último, el órgano le debe 65 días, es decir, 4.080,70 euros. También pide que a dichos importes se le sume el interés de demora correspondiente, los intereses de mora, de un 10% anual desde la fecha de su devengo.

Sindicatos bajo lupa

Este no es el primer caso en el que un sindicato se ve enfrentado a una situación frente a la justicia. A comienzos del año pasado, El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Islas Baleares, dictó una sentencia en contra de Comisiones Obreras (CCOO) en la que calificó como improcedente el cese de un empleado de la sede de las islas que fue expulsado un mes después de ser elegido como representante legal de la plantilla.

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En 2019 el hombre había estado involucrado en las negociaciones para el nuevo convenio colectivo, pero no alcanzó ni a cerrar un acuerdo porque a las semanas decidieron desvincularlo. La dirección del sindicato de Baleares le abrió un expediente disciplinario por haber cometido una "falta muy grave": se le acusó de haber vulnerado la Ley de Protección de Datos por haber facilitado el acceso al sistema informático a una persona no autorizada, entre otros.

Aunque en primera instancia el juzgado que revisó el caso dio luz verde a CCOO, finalmente, los magistrados del TSJ consideraron que los hechos no eran lo suficientemente graves para justificar el cese, por lo que revocaron la decisión y obligaron a la dirección a readmitir al empleado o a indemnizarle con más de 25.000 euros.