"Las presiones en Celsa estuvieron al límite, pero las gestioné"

Álvaro Lobato (Madrid, 1960) tanteó la posibilidad de ser inspector de Hacienda, pero finalmente optó por la judicatura tras licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cursar un Máster en Macroeconomía en la misma universidad. Casado "con una mujer extraordinaria" y con cinco hijos, Lobato ha sido el juez encargado del caso Celsa, la primera reestructuración en España al amparo de la nueva Ley Concursal en la que los accionistas, la familia Rubiralta, ha perdido la compañía siderúrgica en favor de los acreedores.

El magistrado, de vuelta al juzgado tras una larga etapa en el sector privado, concede a El Confidencial su primera entrevista para hacer balance del impacto de la sentencia, analizar el estado de la Administración de Justicia en España y aportar algunas ideas para desbloquear una situación de la que responsabiliza a una derecha que califica de “corporativa” y una izquierda "paleolítica".

Lobato también es patrono de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide), el think-tank jurídico-económico más importante de España, así como socio fundador del Centro de Estudios Superiores Jurídico Empresariales, ajedrecista y lector.

PREGUNTA. En septiembre se cumple un año desde que se dictó la sentencia del caso Celsa, que ha marcado un gran precedente con la nueva normativa. Es la primera resolución que homologa un plan no consensuado con el deudor en una empresa tan grande. ¿Qué balance hace del caso?

RESPUESTA. Celsa es un procedimiento singular en el que han confluido un conjunto particular de circunstancias que no creo que se den en el futuro. Es una empresa muy local, con mucha identidad, en una zona de España en la que eso tiene un peso muy importante, todo ello en el conjunto de una economía poco internacionalizada. Con esto me refiero a que la titularidad de las acciones se concentra en grupos familiares. Una gran parte de la deuda, además, estaba en manos de hedge funds después de que los bancos nacionales vendieron gran parte de su deuda. La idiosincrasia es muy particular.

"Celsa es un procedimiento en el que han confluido un conjunto de circunstancias que no creo que se den en el futuro"

Otra circunstancia muy singular fue la gestión jurídica del procedimiento. Como abogado he participado en muchos procesos así y lo normal es negociar, pero en este caso hubo una extraordinaria beligerancia procesal. Intenté en muchas ocasiones a lo largo del proceso que las partes llegasen a un acuerdo, pero por alguna razón la estrategia fue otra y al final fue un enfrentamiento muy duro, el acuerdo fue imposible. A Celsa se le ofreció una participación del 49% en un momento determinado. No es la manera en la que estos procedimientos se deben resolver.

Desde el punto de vista económico, el procedimiento también fue muy complejo. Aquí lo que se dilucidaba era cómo se distribuía el valor de una compañía entre los accionistas y los acreedores, si la deuda valía más que la compañía.

El proceso era además algo nuevo, y creo que el acuerdo fue difícil porque nadie pensaba que se podía llegar al final, que los acreedores pudiesen quedarse la empresa. Me parece un signo de modernidad y estoy satisfecho con el proceso porque se desarrolló de manera razonable, con todas las garantías procesales y sin retrasos significativos. En un caso como este, el tiempo era fundamental.

P. Tanto la Generalitat como el Gobierno se pronunciaron sobre el caso. ¿Sufrió presiones durante el juicio y antes de dictar la sentencia por su parte o de las partes?

R. En un procedimiento de este tipo siempre hay presiones y, además, es razonable que las haya. Quiero decir, cuando alguien se está jugando tantísimo en un proceso, parece razonable que acuda a todos los mecanismos de presión que estén a su disposición. Lo que hay que hacer es soportar la presión, el juez debe soportar la presión. No se trata de eliminar las presiones, el mundo real funciona así, en el mundo hay presiones. Me parece completamente natural. Otra cosa es el efecto de esas presiones, hay que gestionarlas.

"Lo que hay que hacer es soportar la presión, el juez debe soportar la presión"

En este caso hubo presiones, no políticas, pero las partes, como es natural, trataron de influir, yo también lo habría hecho. No hay ningún reproche en ello. Por mi parte lo que hice fue recibir a todo el mundo. Tuve decenas de reuniones con las partes antes de dictar la sentencia. Al principio sí hubo una resistencia numantina por parte de Celsa, lo recurrieron todo, estaban en su derecho a hacerlo, pero la carrera de obstáculos fue compleja.

P. ¿Se ha cruzado alguna línea roja?

R. No se ha cruzado, pero es evidente que hay cosas que han estado en el límite. Hay presiones legítimas y otras no tan legítimas, pero lo que hay que hacer es gestionarlas.

P. En muchos despachos de abogados ven la sentencia de Celsa como un aviso a navegantes de cara a otras reestructuraciones. ¿Hay una mayor proactividad por parte de los deudores para buscar soluciones?

R. La sentencia ha marcado un antes y un después. Ahora hay un incentivo muy poderoso para llegar a un acuerdo. El deudor tiene que llegar a un acuerdo o pagar su deuda. Se ha producido un cambio cualitativo en las dinámicas de las negociaciones. El deudor no va a poder cobijarse en el concurso de acreedores durante años, un negocio muy floreciente para algunos, pero no para los acreedores.

Soy partidario de la reforma de la Ley Concursal porque ha desplazado el centro de gravedad del procedimiento a favor de los acreedores. Los acreedores han tomado el control, deben hacerlo con responsabilidad y prudencia, pero me parece fundamental.

P. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y, tras una década como juez, ha trabajado durante 25 años en el sector privado. En unos meses cumple dos años al frente del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona.

R. Mi etapa en el sector privado ha sido la más enriquecedora de mi vida, no tanto en términos de conocimiento, que también, como por lo que aprendí de la cultura del mercado y la eficiencia. Esa experiencia es la que probablemente me ha permitido resolver un caso como el de Celsa. Hoy soy mucho mejor juez gracias a ello.

En el sector privado he participado de una visión del mundo distinta de la que tenía en mi primera etapa como juez. Viví una cultura de eficiencia en la que funcionan los incentivos, regulada por el mercado. Al volver me he dado cuenta de que la Administración de Justicia española es una singularidad en relación con la sociedad española. España es un país en el que conviven varias dinámicas, tenemos, por un lado, una España ilustrada, abierta al mundo; y, por otro lado, una España oscura, sindicalizada, que vive de las subvenciones y el proteccionismo. Estas dos dinámicas conviven en muchas instituciones, y en el caso de la Administración de Justicia ha sido la variable regresiva la que ha tomado el control.

La administración de justicia es un sistema estacionario. Está atrapada entre una derecha judicial, corporativista y burocrática que dificulta cualquier reforma; y una izquierda judicial que languidece y está atrincherada en un paleolítico ideológico y cultural. Ambos modelos comparten muchos prejuicios que existen en el sistema: la sospecha sobre el mercado, la estigmatización de los empresarios, de la ganancia de dinero y la desconfianza frente a la eficiencia. A ambos les aterroriza la palabra mercado.

"El problema no es tanto ideológico como de eficiencia. La estructura está paralizada, sin incentivos ni sanciones"

La Administración de Justicia se tiene que modernizar, cueste lo que cueste y a cualquier precio. El problema no es tanto ideológico como de eficiencia. La estructura está paralizada, sin incentivos ni sanciones. La sociedad española va por otro lado. La sacralización de lo público que hay en España ya no existe en ningún lado.

En definitiva, la clave es la eficiencia. Te pongo un ejemplo emblemático. Para trabajar utilizo un sistema de transcripción digital de voz que uso desde hace muchos años. Cuando trabajé en la empresa privada tardaron 12 horas en instalarlo. En el juzgado han tardado un año después de tener que pedir varios permisos y al final lo he tenido que pagar yo. Lo que está pasando es tan sintomático como esto. La estructura de la justicia está completamente anquilosada, hay un problema de gestión.

P. ¿Alguna idea para solucionarlo?

R. Habría que introducir un sistema eficiente y poderoso de incentivos en el que una parte muy importante de la retribución fuese variable y, por supuesto, incrementarla en función de la productividad.

También habría que acabar con la inamovilidad de los empleados de la administración de justicia. No puede ser que apruebes un examen y ya está. Los funcionarios tienen que estar sometidos a evaluaciones, que impliquen premios e incentivos, y a sanciones efectivas, cosa que no hay. Todo esto aplicado tanto a jueces como al resto del personal de la administración de justicia. Cuando alguno oye la palabra mercado o competencia, colapsa.

P. Se ha mostrado especialmente crítico con la aplicación de la llamada Ley de la Segunda Oportunidad. Una ley bienintencionada que no cumple sus objetivos porque se usa en muchos casos para endeudarse de manera excesiva a sabiendas de que no habrá consecuencias. ¿Qué falla?

R. Hay una idea generalizada, que es falsa, que la parte más débil de una relación es siempre la moralmente más digna. La pobreza genera los peores sentimientos en los seres humanos. Es muy fácil hacer caridad con el dinero de los demás.

Hay un riesgo moral enorme con esta ley. Si alguien sabe que puede endeudarse sin límite y sin control, porque no lo hay, lo va a hacer. Una parte sustancial de los créditos que se exoneran, diría que un 90%, son créditos al consumo. Muchas veces incluso se pide un crédito para pagar otro anterior. Es importante el hecho de que no son préstamos para emprender ni para crear empresas. En una economía competitiva me parece razonable que el emprendimiento no sea sancionado ni estigmatizado si se fracasa, pero exonerar créditos al consumo que se han pedido para comprar una televisión o irse de viaje no tiene sentido.

"Si alguien sabe que puede endeudarse sin límite y sin control, porque no lo hay, lo va a hacer"

En el caso de Cataluña hay un número de concursos sin masa, precedente a la exoneración, un 30% superior al resto de España. Esto ha llevado a la existencia de plataformas que fomentan e incentivan este tipo de prácticas. Desde el punto de vista social se proyecta una imagen de que como las deudas son con los bancos, pagan ellos, pero lo cierto es que la banca desplaza esos costes a proveedores y clientes solventes. Son ellos los que pagan el precio de la exoneración de esos créditos, que a su vez conlleva un encarecimiento del crédito, que es un lastre para la economía.

P. ¿Cómo se podría dar una vuelta a la ley?

R. En mi opinión habría que restringir la exoneración a los créditos de carácter empresarial y quizá algunos otros muy puntuales. También debería haber una interpretación restringida de lo que es un endeudamiento temerario o negligente para evitar que se puedan producir situaciones que perjudican a quienes quieren beneficiar. Como juez he negado muchas exoneraciones cuando he visto endeudamiento temerario. Además, la aplicación de la ley también ha llevado a una especie de competición para ver quién logra la siguiente medalla con la mayor exoneración. Lo que veo es que se ha generado una cultura del incumplimiento.

P. ¿Cómo ve la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

R. El consejo está absolutamente bloqueado. El hecho de que los jueces elijan a los jueces no va a mejorar el funcionamiento del CGPJ en absoluto. El consejo es una institución política, por tanto, la ideología y la política tienen su juego, pero ese juego no puede representar el 90% del funcionamiento del organismo. ¿Cómo disminuir esto? Modernizando la administración de justicia. La orientación ideológica y política de los jueces tendrá su peso, pero será minoritaria.

Hoy por hoy, el CGPJ es una cámara de eco de los partidos políticos. Los partidos creen que controlando el consejo controlan la justicia, y eso no es cierto. Se ha quedado como una institución obsoleta en la que una derecha corporativa y una izquierda paleolítica se reparten los puestos. Hay que dar un salto a la modernidad y a la revolución digital. Todo eso diluirá todos estos factores que ahora gravitan sobre el consejo.

P. ¿Existe el lawfare en España?

R. Entiendo el lawfare como un activismo judicial consciente para influir o condicionar la vida política. Si lo hay, es absolutamente excepcional. Yo, personalmente, no lo he visto. Lo que sí es indiscutible es que hay decisiones judiciales que tienen efectos políticos, pero como comentaba antes, es una cuestión de saber gestionarlo.