¿Perro come perro? El caso del Sultán de Joló abre un frente judicial contra los abogados

Dice el dicho que perro no come perro, pero el caso del Sultán de Joló va a ponerlo a prueba entre abogados. El multimillonario arbitraje, en el que el árbitro Gonzalo Stampa ha sido condenado penalmente por desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), suma ahora una nueva derivada con la ofensiva legal que Petronas, la petrolera estatal malaya, prepara en España y otros países europeos, tanto en vía penal como civil, contra Stampa, los herederos del sultán, el fondo de financiación de litigios Therium… y los abogados del despacho B. Cremades y Asociados, asesor de los herederos.

Petronas ha presentado en los tribunales de Nueva York una batería de escritos a los que ha tenido acceso El Confidencial para recabar información de diferentes bancos, entre ellos Deutsche Bank, Citi, JP Morgan y HSBC, así como los españoles Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, para que aclaren todos los movimientos de pagos vinculados al caso. La solicitud también va dirigida contra Therium, que ha financiado el pleito, para que aporte datos. Queda fuera el despacho de Cremades, contra el que no se ha dirigido ninguna solicitud.

La petición de información de Petronas va acompañada de otro escrito del despacho Ramón y Cajal en el que se presenta como asesor de la compañía en Derecho español y manifiesta su apoyo en las peticiones de información. No obstante, fuentes jurídicas precisan a El Confidencial que la firma no va a representar a Petronas en ninguno de los procedimientos civiles y/o penales que tiene previsto iniciar en España.

Aunque Petronas no ha formado parte del polémico arbitraje, la compañía señala en sus escritos que se ha visto muy dañada por el impacto del caso a nivel mundial -parte de sus activos fueron embargados en la ejecución del laudo- y quiere reclamar una indemnización, todavía pendiente de cuantificar, si la condena a Stampa adquiere firmeza. A este respecto, cabe recordar que el árbitro todavía tiene opción de recurrir ante el Tribunal Supremo. Estas nuevas acciones legales de Petronas son independientes de las que tiene en marcha Malasia, que cuenta con Uría Menéndez como despacho de cabecera y que es con quien los herederos tuvieron el arbitraje.

Estas nuevas acciones legales de Petronas son independientes de las que tiene en marcha Malasia, que cuenta con Uría Menéndez

La petición de discovery va acompañada de otros escritos presentados por un despacho de Luxemburgo, donde se van a iniciar también acciones, para apoyar también la pertinencia de obtener los datos para preparar las reclamaciones. Ramón y Cajal desvela en su escrito, fechado el 28 de mayo, los detalles de las acciones que Petronas tiene intención de iniciar en España.

Acciones civiles y penales

En primer lugar, la petrolera prepara una reclamación por la vía civil en España contra Stampa por los daños que le ha causado el procedimiento. Esta demanda se presentaría una vez que la condena de Stampa sea firme, que a día de hoy no lo es.

En segundo lugar, Petronas también prevé iniciar acciones legales contra los herederos del sultán, sus abogados de B. Cremades y Asociados y el fondo Therium, tanto en vía civil como penal. Mientras que la acción civil sería para reclamar una indemnización por los daños generados por los intentos de ejecución del laudo fuera de España (aunque los ejecutaron despachos locales), la vía penal se sustentaría en un presunto delito por inducir a Stampa a desobedecer las órdenes del TSJM y, entre otras cosas, mover la sede del arbitraje de Madrid a París. Esta petición de trasladar la sede fue solicitada por los herederos y contestada por Malasia en su momento.

"No nos han notificado nada y estamos tranquilos. No tenemos nada que ocultar y vamos a dar la batalla para demostrarlo", señala Bernardo Cremades Jr., abogado de los herederos y socio de B. Cremades y Asociados, en declaraciones a este diario.

"No nos han notificado nada y estamos tranquilos. No tenemos nada que ocultar y vamos a dar la batalla para demostrarlo"

Un pleito en España entre abogados, además del previsible daño reputacional, provocaría la intervención de los colegios de abogados. El Estatuto General de la Abogacía establece que los abogados tienen el deber de comunicar a su colegio "la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad civil o penal contra otro profesional de la Abogacía, derivada del ejercicio profesional". Los colegios, por su parte, tienen el deber de mediar entre los profesionales cuando surjan "discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados", por lo que estos movimientos apuntan a una futura mediación del decanato.

Un sector dividido

Hace apenas dos semanas la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena al árbitro por desobedecer al TSJM, que tras nombrarle por sorteo (en la terna también estaban Jesús Almoguera y Deva Villanúa) anuló su nombramiento. Stampa decidió seguir adelante al entender que estaba correctamente nombrado y, tras trasladar la sede del arbitraje de Madrid a París a petición de los herederos, dictó un laudo histórico a comienzos de 2022 que condena a Malasia a indemnizar con 13.315 millones de euros a los demandantes.

Un par de meses antes de dictarse el laudo, Malasia presentó una denuncia en la Fiscalía de Madrid en la que acusaba a Stampa de no obedecer las órdenes del TSJM de poner fin al arbitraje tras la anulación de su nombramiento. Posteriormente, la Fiscalía presentó un escrito en el que acusaba a Stampa de presuntos delitos de desobediencia e intrusismo, este último descartado por los tribunales.

La apertura del juicio contra Stampa abrió una brecha en el sector, pero no todos se atreven a posicionarse en público

La apertura del juicio contra Stampa abrió una brecha en el sector, pero no todos se atreven a posicionarse en público. Por un lado, más de un centenar de árbitros suscribieron una carta de apoyo a Stampa en la que defienden que la vía penal nunca debería haberse usado contra el árbitro. Por otro, muchos árbitros se muestran críticos con la actuación de Stampa y rechazan que la condena afecte a Madrid como sede segura para el arbitraje.

En medio, el Club Español e Iberoamericano de Arbitraje (CEIA), la principal asociación del sector, que ha declinado a este diario volver a pronunciarse sobre la sentencia de la Audiencia de Madrid tras señalar hace meses, con motivo del procesamiento, que no iba a entrar a valorar las posiciones del conflicto.

Las nuevas acciones que prepara Petronas enredan todavía más un caso inédito que tiene en vilo al sector legal en España y las consecuencias que pueda tener para el arbitraje. A falta de recabar la información solicitada, la petrolera tiene por delante la (difícil) tarea de encontrar un bufete en España que no tenga un conflicto de interés y acepte liderar esta oleada de procedimientos judiciales. Mientras tanto, el arbitraje español ultima su gran encuentro anual el próximo 9 de junio en el XVIII Congreso del CEIA. Esta cumbre, la más importante del año para la comunidad arbitral, se ha enfocado en la compleja simbiosis entre el arbitraje y el Estado con debates en torno al "Estado como policía contra la corrupción en el arbitraje", "El Estado y las medidas anti-proceso en el arbitraje" o "Casos del año. Situaciones procesales cuando el Estado es parte", entre otros temas.

Un arbitraje histórico

El origen del caso se remonta hace dos años, cuando Stampa dictó un laudo que condena al Estado de Malasia a indemnizar con 13.315 millones de euros a los herederos del Sultán de Joló por la explotación de unos terrenos, inicialmente ricos en madera, perlas y otros recursos naturales, que con el tiempo se descubrió que tenían petróleo y gas, todo ello con base en un acuerdo comercial de 1878.

Dado que el valor de la zona era mucho mayor, los herederos quisieron renegociar los términos del canon que abonaba el país por la explotación de la zona. La imposibilidad de llegar a un acuerdo derivó en un arbitraje que se ha resuelto a caballo entre España y Francia, pero que Malasia nunca ha reconocido al considerar que se trata de un fraude.

La raíz del proceso penal contra Stampa está en su nombramiento como árbitro del caso por sorteo por el TSJM, encargo que aceptó en mayo de 2019. Tras ser nombrado, Stampa dictó en mayo de 2020 un laudo de jurisdicción en el que se declaraba competente para conocer el asunto. Contra este laudo, Malasia presentó una demanda de acción de anulación, pero el procedimiento quedó suspendido mientras se tramitaba un incidente de nulidad presentado por Malasia en el que alegaba indefensión porque no se le había emplazado correctamente. El incidente de nulidad fue estimado por la mayoría de la sala —incluyó un voto particular formulado por uno de los tres jueces— y anuló el nombramiento de Stampa y sus actuaciones.

Dos meses antes de dictarse el laudo final en París (la sede se movió desde Madrid tras la anulación del nombramiento), Malasia presentó una denuncia en la Fiscalía de Madrid en la que acusaba a Stampa de desobedecer las órdenes del TSJM. Posteriormente, la Fiscalía presentó su propia denuncia en la que le acusó de presuntos delitos de intrusismo y desobediencia. El pasado enero, un juzgado penal condenó a Stampa por un delito de desobediencia, pero le absolvió de otro de intrusismo profesional. Esta sentencia es la que ha sido recientemente confirmada por la Audiencia de Madrid.