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El juez cita a Iberdrola y Repsol a finales de año para el juicio por 'greenwashing'
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El juez cita a Iberdrola y Repsol a finales de año para el juicio por 'greenwashing'

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander señala para noviembre el juicio entre ambos gigantes energéticos por presunta publicidad engañosa por greenwashing

Foto: Sede de Iberdrola. (Reuters/Vincent West)
Sede de Iberdrola. (Reuters/Vincent West)
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El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander ha señalado el próximo 21 de noviembre para la celebración del juicio por la demanda de Iberdrola contra Repsol por "competencia desleal" y "publicidad engañosa por greenwashing" derivada de unas campañas publicitarias destinadas a los consumidores de energía, según confirman fuentes al tanto del procedimiento a El Confidencial.

El pasado 18 de julio, el juzgado celebró la audiencia previa del caso. En esta fase procesal, las partes deben ratificar sus escritos, proponer las pruebas que se tienen que practicar (testimonios, peritajes, etc.) y que el juez debe aceptar, y se fijan los hechos controvertidos.

En este caso, el juez ha admitido la práctica de prueba documental y de los informes periciales aprobados por las partes. Iberdrola está asesorada en este caso por Ontier, mientras que Repsol se ha puesto en manos de Dentons. Además, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán contrató a Nera Economic Consulting y Román Reputation Matters para sus periciales.

El juicio se celebrará en Santander, dado que es allí donde tiene su sede social la filial de comercialización de energía y estaciones de servicio de Repsol. En un principio, el grupo que encabeza Josu Jon Imaz presentó una declinatoria al entender que el asunto era competencia de los juzgados de Madrid por ir también contra su matriz, cuya sede está en la capital, pero la petición fue rechazada por el juez, que confirmó que el asunto debía quedarse en Santander.

Una batalla más allá de los tribunales

La demanda interpuesta por Iberdrola contra Repsol en los juzgados de Santander es solo una parte de la ofensiva emprendida por la eléctrica contra la petrolera. Antes de acudir a la justicia ordinaria, Iberdrola se dirigió a Autocontrol, el ente encargado de velar por una publicidad responsable. La eléctrica buscaba que este organismo censurara algunos de los anuncios lanzados por la energética en los que promocionaba sus combustibles 100% renovables.

Sin embargo, la resolución del jurado desestimó íntegramente esa reclamación de Iberdrola. Tras acusar de publicidad engañosa, el organismo rechazó este argumento y advirtió que la compañía presidida por Antonio Brufau "traslada de forma clara e inequívoca el mensaje según el cual se promociona una nueva categoría de combustibles".

placeholder El presidente de Repsol, Antonio Brufau (d), y el CEO, Josu Jon Imaz. (EFE/Javier Lizon)
El presidente de Repsol, Antonio Brufau (d), y el CEO, Josu Jon Imaz. (EFE/Javier Lizon)

Lejos de ignorar el pulso, Repsol decidió contraatacar a Iberdrola y presentó otra reclamación ante Autocontrol por los anuncios que difundió la eléctrica sobre el fin del uso de calderas de gas que supuestamente estaba obligando Bruselas. Según Repsol, la campaña lanzada por Iberdrola sobre este asunto era engañosa y Autocontrol falló de nuevo a favor de la petrolera.

Autocontrol concluyó en una primera instancia, el 22 de marzo, que "el anunciante se ha basado en una norma no aprobada definitivamente" y que "el contenido de la misma no recoge exactamente lo afirmado en la publicidad". Por lo tanto, dado que un cliente medio podría entender la campaña como una obligación para cambiar su caldera, "el mensaje sería apto para inducir a error al consumidor medio y, por lo tanto, engañoso".

Una batalla de fondo por el mercado energético

Fuentes del sector señalan que detrás de la supuesta lucha contra el cambio climático, lo que en realidad se está produciendo es una batalla entre empresas por imponer sus productos energéticos de futuro. Iberdrola planteó este pulso después de que un organismo del Reino Unido fallara contra Repsol por la venta de productos que no eran tan limpios como se había publicitado.

Sin embargo, la eléctrica no ha tenido éxito por ahora en España. Tras su guerra, en el mercado creen que Iberdrola está tratando de imponer la electrificación frente a la alternativa que ofrece Repsol de combustibles renovables, que sigue anunciando de forma masiva en medios de comunicación como un producto que ya se puede adquirir en las gasolineras.

Foto: Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, durante la reunión que ha mantenido con el consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

La energética trata de convencer a los usuarios, a la opinión pública y a los reguladores de que los combustibles renovables a partir de residuos y otros productos como el biometano o el hidrógeno verde son una alternativa mejor para la economía española, ya que generan una industria que no ofrecen otros productos, ya que implican mayor importación exterior, como por ejemplo de coches eléctricos que se abastecen de electricidad.

Entre tanto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llamada a ser comisaria o incluso vicepresidenta de la Comisión Europea a partir de este otoño, tomó partido en esta batalla en contra de Repsol y a favor de Iberdrola. Ante las declaraciones de Ribera, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, respondió si su objetivo era que cerraran todas sus plantas industriales.

Repsol cuenta con cinco refinerías en España (A Coruña, Bilbao, Tarragona, Puertollano y Cartagena) que emplean de manera directa a 1.000 personas en cada una de ellas. La firma está haciendo una apuesta decidida de inversión para transitar de los derivados del petróleo a los nuevos combustibles para garantizar así el empleo en estos centros industriales.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander ha señalado el próximo 21 de noviembre para la celebración del juicio por la demanda de Iberdrola contra Repsol por "competencia desleal" y "publicidad engañosa por greenwashing" derivada de unas campañas publicitarias destinadas a los consumidores de energía, según confirman fuentes al tanto del procedimiento a El Confidencial.

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