Baker McKenzie y Santander, los escuderos de la SEPI para entrar en Telefónica

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Estado, anunció el pasado mes de mayo que había alcanzado una participación del 10% en Telefónica en cumplimiento de la orden emitida por el Consejo de Ministros para contrarrestar la irrupción de Saudi Telecom Company (STC) en el accionariado de la teleco. En total, la compra de acciones ha supuesto un desembolso de 2.285 millones de euros.

Para articular la operación, la SEPI contó con los servicios jurídicos internos del holding y contrató a Banco Santander como asesor financiero tras un concurso restringido y confidencial. La entidad financiera, a su vez, subcontrató los servicios de Baker McKenzie "para completar el análisis jurídico de la operación en lo atinente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en las distintas jurisdicciones, distintas de la española, en las que cotizan los títulos de Telefónica", según confirma la SEPI en respuesta a una solicitud de información formulada por este periódico a través del Portal de Transparencia.

La compra del 10% de las acciones se ha efectuado de forma escalonada. En marzo, la SEPI afloró una participación del 3% que en abril llegó hasta el 6%. A principios de mayo, el holding estatal ya había alcanzado el 7%, hasta llegar al doble dígito el 20 de mayo, cuando comunicó el final de la compra de acciones para aportar una "mayor estabilidad accionarial" a la compañía.

De forma paralela a la entrada de la SEPI, Criteria, el holding de inversiones de Fundación La Caixa, también ha movido ficha para igualar esa posición y alcanzar el 10% de la teleco que preside José María Álvarez-Pallete. Hace un mes, la entidad presidida por Isidro Fainé anunció que había elevado su participación en la operadora hasta el 9,9% del capital, tras hacerse con un 4,91% adicional de acciones, confirmando así los planes adelantados por este diario.

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La entrada del Estado en el accionariado de Telefónica se ha traducido en el nombramiento de Carlos Ocaña como consejero en representación de la SEPI y en sustitución de Carmen García de Andrés, hasta entonces consejera independiente de la cotizada. El Gobierno admite que baraja pedir un segundo sillón en el consejo, pero todavía no está decidido, tal y como ha admitido públicamente el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá.