La Unión Europea endurece su legislación ambiental ante el avance de la ‘ecodelincuencia’

Hasta diez años de prisión, 40 millones de euros o el 5% de la facturación anual: estas son las nuevas sanciones contra aquellos que atenten en la UE contra los hábitats naturales y la biodiversidad que albergan, extraigan agua de manera ilegal, trafiquen con madera o especies y realicen vertidos ilegales de residuos o promuevan su traslado a terceros países, entre otras infracciones. La cuantía de las penas y las multas dependerá de la gravedad, la persistencia o el carácter irreversible de los daños. Asimismo, las empresas podrán ser sancionadas con medidas adicionales como su exclusión del acceso a financiación pública o la retirada de todos sus permisos o autorizaciones de actividad en la UE.

Los delitos medioambientales, que a menudo tienen carácter transfronterizo, son muy lucrativos y, sin embargo, difíciles de detectar, perseguir y castigar, por lo que en los últimos se han convertido en uno de los principales campos de actuación para los grupos de delincuencia organizada. Se trata de la llamada 'ecodelincuencia', que se ha convertido en la tercera actividad delictiva más cometida en el mundo (según datos UE), tras el tráfico de armas y de drogas. En la UE este tipo de delitos están aumentando un siete por ciento cada año.

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Por todo ello Bruselas ha decidido incorporar una nueva directiva (Directiva 2024/1203) a su legislación que amplía la protección del medio ambiente a través de un endurecimiento de las sanciones penales y una notable ampliación de las multas económicas.

Se amplian las figuras delictivas

La nueva Directiva amplia la lista de conductas delictivas que deberán tipificarse como infracciones penales en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, pasando de 9 a 20 respecto a las que figuraban en la norma anterior (Directiva 2008/99/CE). Una directiva que, a juicio de las autoridades comunitarias, había quedado obsoleta ante el aumento de la delincuencia medioambiental tanto a escala internacional como europea.

La nueva directiva define con mayor precisión el carácter de los delitos medioambientales, armoniza el nivel de las sanciones contra las personas físicas y los extiende por primera vez a las personas jurídicas que intervengan en todos los Estados miembros de la UE. Asimismo, y aunque esta norma se aplicará básicamente a los delitos cometidos dentro de la UE, los Estados miembros podrán optar por ampliar su jurisdicción a aquellos que se cometan fuera de su territorio.

Entre las agresiones ambientales que pasarán a considerarse como infracción penal figuran la explotación ilegal de los recursos hídricos, el tráfico ilegal de madera, el reciclado ilegal de componentes contaminantes de buques, las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos y el traslado de residuos a terceros países.

Tráfico de residuos

Para las autoridades comunitarias el tráfico de residuos es uno de los delitos ambientales más graves, vinculado directamente al crimen organizado, que lo controla y se lucra con ello. La exportación ilegal de materiales residuales a países de fuera de la UE (plástico, componentes electrónicos, textil y otros) ha aumentado casi tres cuartas partes desde 2004 hasta rondar los cuarenta millones de toneladas en 2023. Casi la mitad de todos esos materiales, algunos de ellos muy contaminantes y altamente peligrosos para la salud de las personas y del medio ambiente, son exportados a países de África y del sudeste asiático donde las normativas de prevención de riesgos y los controles medioambientales apenas existen. A partir del 21 de mayo de 2027 las exportaciones de residuos de la UE a países no pertenecientes a la OCDE solo se permitirán si estos países confirman directamente a la Comisión Europea que están dispuestos a importarlos bajo su responsabilidad y demuestran que tienen la capacidad de gestionarlos de manera responsable.

La nueva normativa incluye una nueva tipificación de delito equiparable al ecocidio, el llamado 'delito cualificado'. Esta clasificación se aplicará cuando un delito contemplado en la Directiva se cometa de forma intencionada y cause la destrucción de un entorno natural o provoque un daño irreversible o duradero, como los llamados 'megaincendios forestales' o la contaminación generalizada del aire, el suelo o el agua.

Más medios, más colaboración

Se establecen nuevas disposiciones legales en apoyo de los defensores del medio ambiente (oenegés, plataformas de afectados o cualquier otro tipo de colectivo que vele por la protección del entorno) y para favorecer y respaldar la participación ciudadana en los procesos penales contra este tipo de delitos. También incluye un conjunto de disposiciones que contribuirán a mejorar la eficacia de las autoridades en la detección de las infracciones y a lo largo de las investigaciones para luchar contra la delincuencia medioambiental, por ejemplo, mediante la dotación de recursos suficientes, la formación especializada o el establecimiento de mecanismos de cooperación entre los Estados miembros.

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Las palabras de diputado europeo Antonius Manders (PPE, Países Bajos) en la tramitación de la nueva directiva en la Eurocámara resumen el espíritu de la misma. “Ya es hora -argumentó- de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán. Además, es un gran paso en la dirección correcta que cualquier persona que ocupe un cargo directivo en una empresa que contamine pueda ser considerada responsable, al igual que la propia empresa. La introducción del deber de diligencia hace que ya no haya dónde esconderse tras ninguna exención o laguna legislativa”.

Los Estados miembros tienen dos años a partir de hoy para adaptar sus ordenamientos jurídicos a la nueva directiva.