Así se preparan las empresas ante la nueva directiva europea sobre sostenibilidad

Tras ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea, la nueva directiva comunitaria sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés) obligará a las grandes empresas de la UE, aquellas con más de mil trabajadores y una facturación anual de 450 millones de euros, a identificar el impacto ambiental que generen con su actividad, mitigarlo y responder ante los tribunales por los daños que pueda causar.

Según el texto oficial “el comportamiento de las empresas en todos los sectores de la economía es clave para tener éxito en la transición de la Unión hacia una economía circular y neutra en carbono, en consonancia con el Pacto Verde Europeo”. Por ello, lo que viene a requerir la CSDDD es la implicación directa de las grandes compañías en el cuidado del medio ambiente y la protección de las personas. El incumplimiento de la normativa comportará sanciones económicas que podrían alcanzar el 5% de la facturación neta a escala global: es decir, no de la filial, sino de la matriz.

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Entre las obligaciones que establece la CSDDD para las empresas destacan la de aplicar la directiva de forma integral para que abarque todas las operaciones de la cadena de valor y suministro, la supervisión efectiva de las medidas adoptadas y su comunicación pública y la implementación de un procedimiento de reclamación. La nueva normativa también obliga a las grandes compañías a adoptar un plan de transición climática para cumplir con lo que ordena el Acuerdo de París.

Una vez entre en vigor la normativa, algo previsto para el segundo semestre de este año, los Estados Miembros tendrán dos años para incorporarla a su legislación y se empezará a aplicar de manera gradual a las empresas europeas que superen el citado umbral de facturación y aquellas terceras cuyo negocio lo alcance en la UE.

Del gesto al compromiso

Varios estados miembros de la UE ya cuentan con normas nacionales de diligencia debida en materia de ESG. En España, donde se encuentra en fase de anteproyecto, el 97% de las grandes empresas implementan, con mayor o menor compromiso, estrategias específicas de sostenibilidad que comunican a sus grupos de interés. Así lo destaca el noveno ‘Estudio Multisectorial del Estado de la ESG en las Grandes Empresas en España’, elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad. El último Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) evalúa a las 100 empresas más responsables en términos ESG de España en 2023. La clasificación está liderada por el Grupo Social ONCE y entre las compañías que figuran en los primeros puestos aparecen Ikea, Mutua Madrileña o Danone.

El Grupo Social ONCE trabaja desde hace años en mantener toda su labor social reduciendo la huella ambiental, desarrollando acciones como la puesta en marcha de un plan de bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) así como un plan de movilidad sostenible.

Uno de sus últimos proyectos en materia de sostenibilidad es el llamado ‘Puntos Limpios ONCE’, que surge de la necesidad de renovar los viejos contenedores de sus centros por otros más completos que incluyan recipientes para cada tipo de desecho (papel, orgánico, envases y restos). Para ello, la organización ha optado por una alternativa muy distinta a las opciones tradicionales: ha encargado a Revolución Limo -empresa pionera en soluciones responsables elaboradas a partir de plástico 100% reciclado- un diseño personalizado y su fabricación con materiales circulares.

El resultado final han sido unos puntos limpios con una estética muy atractiva, medidas accesibles y carteles en braille que además han sido fabricados en España y de forma artesanal. En el proyecto se han reutilizado en total 11.064 kg de plástico provenientes de electrodomésticos, teclados de ordenador, cubiertos de plástico y calculadoras.

Otro ejemplo sería el de Inditex. La compañía textil fundada por Amancio Ortega se ha marcado unos ambiciosos objetivos de sostenibilidad para los próximos años. Entre ellos la apuesta por el uso de materias primas con una baja huella de carbono, orgánicas o recicladas. También están implementando medidas para lograr un uso más eficiente del agua y la energía, basado en el ahorro, a fin de reducir sus emisiones de GEI.

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Con la entrada en vigor de la CSDDD estas iniciativas dejarán de ser un gesto voluntario para convertirse en una obligación legal. De ese modo, más allá de convertirse en un factor de competitividad ante un mercado cada vez más sensibilizado con el respeto al medio ambiente, el empleo digno y la buena gobernanza corporativa, las compañías deberán demostrar que están implementando estrategias efectivas de ESG y cumpliendo sus objetivos.

Así lo destaca el texto de la normativa al reconocer que aunque la mayoría de las grandes empresas vienen desplegando cada vez más procesos de diligencia debida, ya que pueden proporcionarles una ventaja competitiva ante la creciente presión de los consumidores y los inversores, "sin embargo estos procesos se basan en normas voluntarias y no generan una seguridad jurídica, ni para las empresas ni para las víctimas en caso de que se produzcan daños." El propósito de esta directiva es acabar con el 'ecopostureo' corporativo y obligar a las empresas a que asuman y demuestren su verdadero compromiso ambiental.