La venta individual de los astilleros Izar abre el camino a grandes operaciones especulativas con los terrenos

La venta individualizada y no en bloque, como habían acordado en origen los sindicatos con la Administración, de los cuatro astilleros civiles de IZAR, abre el camino a la realización de gigantescas operaciones especulativas de carácter inmobiliario con los terrenos en que están asentados por parte de los nuevos adjudicatarios, que no tendrán ningún obstáculo legal para trasladar la producción a otros centros y proceder a vender el suelo donde hoy se asientan, terrenos muy valiosos por estar muy cerca de los centros urbanos.

El pasado martes, 18 de julio, el Consejo de Administración de SEPI comunicó a los sindicatos su decisión de adjudicar los Astilleros de Sestao (Bilbao) a Construcciones Navales del Norte; los de Sevilla, a Astilleros de Huelva; el Astillero Juliana de Gijón, a Factorías Vulcano de Vigo (el grupo adjudicatario incluye también a Naval Gijón), y la fábrica de motores de Manises (Valencia) al Grupo Ros Casares.

¿Cuál es ahora el siguiente paso? Es fácil de adivinar a la vista de la privilegiada situación en que se encuentran los diversos activos físicos, porque de eso se trata, en opinión de las fuentes consultadas conocedoras del proceso en su integridad: de trasladar la producción -si es que los adjudicatarios siguen con ella- a otros lugares y proceder a la venta de los terrenos.

La planta de Manises, por ejemplo, tiene 270.000 m2 en una de las zonas de mayor valor especulativo de Valencia, al lado de la Nacional III y más cerca del centro que el aeropuerto. “Ros Casares estaría loco si siguiera fabricando motores diesel de dos tiempos en la ‘Castellana’, pudiendo, de forma absolutamente legal, transferir dicha fabricación a una planta moderna de mayor eficiencia y vender los terrenos, lo que, aun en el caso de mantener los empleos, aseguraría al grupo una plusvalía fantástica”, aseguran las fuentes.

El mismo caso podría aplicarse a los Astilleros de Sevilla, Gijón y Bilbao. Cabe recordar que el PSOE ya hizo algo similar cuando se ‘privatizó’ la Fábrica (de calderas) de San Carlos, en San Fernando, Cádiz, adjudicándola a un grupo próximo al partido que terminó convirtiendo dichos terrenos en un barrio residencial de la localidad gaditana después de no pocas y escandalosas vicisitudes.

Las adjudicaciones del 18 de julio cierran, si bien de manera provisional a la vista de las violentas protestas llevadas a cabo por los trabajadores de los astilleros afectados, la crisis abierta en mayo de 2004, fecha en la que Bruselas obligó a Izar a devolver ayudas consideradas ilegales por importe de 1.200 millones de euros. La imposibilidad de afrontar esta carga obligó a la SEPI a segregar los astilleros militares, agrupados ahora en Navantia, e iniciar el proceso de venta de los civiles.

La impugnación de dicha sanción, que contaba con el dictamen favorable de la Abogacía del Estado, habría concedido al Gobierno español un mínimo de 10 años para manejar el tema sin pagar la multa y cumpliendo todas las regulaciones de la UE, tiempo que hubiera permitido a España reestructurar e integrar el sector naval como han hecho sus competidores franceses, alemanes, italianos y griegos. ¿Por qué no impugno el Gobierno Zapatero la sanción? La única explicación reside en la utilización política del tema para poner en entredicho la gestión económica del PP.

Proceso de liquidación

El 2 de marzo de 2004 se creó Navantia, separando las actividades militares de las civiles y creando la sociedad Izar en liquidación. El plan propuesto establecía un proceso de “liquidación de activos de los cinco astilleros civiles de Izar, Manises, Sestao, Gijón y Sevilla”. Dicho proceso sería manejado vía “la concesión de dichos activos al grupo industrial que presentase la mejor oferta económica”.