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Solbes no es partidatio de cambiar la ley para favorecer a Florentino Pérez en Iberdrola y Fenosa
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Solbes no es partidatio de cambiar la ley para favorecer a Florentino Pérez en Iberdrola y Fenosa

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, “no es partidario” de modificar el Real Decreto-Ley 6/2000, de 24 de junio, que impide que

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Solbes no es partidatio de cambiar la ley para favorecer a Florentino Pérez en Iberdrola y Fenosa

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, “no es partidario” de modificar el Real Decreto-Ley 6/2000, de 24 de junio, que impide que un inversor ejerza derechos políticos superiores al 3% del capital social en dos empresas consideradas “operadores principales” de una serie de sectores, tal que las telecomunicaciones y la energía.

Dicha modificación favorecería los intereses de ACS, presente al tiempo en el capital de Fenosa (35%) y en el de Iberdrola (10%). A tenor de dicho Real Decreto, la constructora que preside Florentino Pérez sólo puede ejercer derechos políticos superiores al 3% en Fenosa, la eléctrica cuyo Consejo de Administración y cuya gestión controla, mientras que el 10% de Iberdrola sería una inversión “financiera”, que no le da derecho a sentarse en su Consejo.

“Con aquel decreto el Gobierno Aznar pensó básicamente en la electricidad, y el tiempo le ha dado la razón, puesto que vamos hacia un duopolio eléctrico”, asegura un alto funcionario de Economía. “Lo que está claro es que en un mercado relativamente oligopolísta como éste, la presencia de un inversor con participaciones cruzadas en Iberdrola y Fenosa supone un riesgo claro para la competencia, porque en los Consejos de Administración se hacen muchas cosas, entre otras planes estratégicos para robarle clientes al competidor”.

“Cambiar la legislación me parecería una vergüenza”, asegura uno de los técnicos que participó en la redacción de aquella ley, “porque sería una nueva norma ad hominem, tendría efectos `retroactivos´, supondría su eliminación para todos los mercados afectados, no sólo para el eléctrico, y además el Gobierno estaría reaccionando de nuevo ante un movimiento empresarial, algo que nunca debería hacer. Desde todos los puntos de vista, pues, modificar la Ley me parecería vergonzoso. Otra cosa es que ACS vaya directamente a una fusión entre ambas eléctricas”.

Modificar el Decreto-Ley 6/2000 como Florentino Pérez ha solicitado a la CNE, encargada de su aplicación y cumplimiento, se convertiría en la segunda vez que el Gobierno Zapatero cambia una ley para favorecer operaciones empresariales privadas, después de la ampliación de competencias de la propia CNE para obstaculizar al OPA de E.On en beneficio de la de Gas Natural.

“El ruido que llega del Ministerio de Economía indica que, al menos de momento, Solbes no va a propugnar un cambio de norma”, aseguran las fuentes, coincidiendo en ello con la idea expresada por el propio presidente Zapatero, y en contra de las tesis previamente manifestadas por el secretario de Estado de Economía, David Vegara.

Lo cual significaría un duro revés para Florentino Pérez y sus socios en ACS, porque supondría tener un dineral invertido en Iberdrola sin disponer de los derechos políticos correspondientes. El triunfador de este episodio sería Galán, “que de esta forma se habría blindado, sin necesidad de dar entrada en su consejo a Pérez”, señalan las fuentes. A no ser, naturalmente, que esa inversión sea preparatoria de la fusión entre ambas eléctricas.

Lo llamativo del caso es que la propia ACS, en un comunicado hecho público el mismo día que anunció su inversión en Iberdrola, calificó la misma de “financiera”, no obstante lo cual, y seguramente a causa de la falta de respuesta de la autoridad competente, se ha animado a pedir a la CNE el cambio de ese Real-Decreto y el permiso para poder aumentar su participación en la eléctrica hasta el 24,9%.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, “no es partidario” de modificar el Real Decreto-Ley 6/2000, de 24 de junio, que impide que un inversor ejerza derechos políticos superiores al 3% del capital social en dos empresas consideradas “operadores principales” de una serie de sectores, tal que las telecomunicaciones y la energía.