Escolar se querella contra Botín y otras 20 personas por presuntos delitos en el saneamiento de Banesto

Rafael Pérez Escolar ha presentado ante la Audiencia Nacional una nueva querella (190 folios de texto) contra Emilio y Jaime Botín Ríos, el ex gobernador del Banco de España Luis Angel Rojo, el ex subgobernador Miguel Martín, el actual consejero delegado del SCH, Alfredo Sáenz y otras 17 personas más, por hasta una docena de presuntos delitos que, entre otros, incluyen la apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos y delito tributario. La querella ha correspondido al Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional que ocupa el juez Baltasar Garzón.

La nueva iniciativa de Pérez Escolar poco o nada tiene que ver con la intervención de Banesto en sí, asunto que, dirigido contra las conductas de los antiguos administradores del banco, se trató judicialmente en el denominado ‘caso Banesto’ que terminó con condenas de cárcel para Mario Conde y otros altos directivos, Escolar incluido. Por el contrario, la actual querella pone en cuestión la utilización de los fondos públicos otorgados a través del FGD para el saneamiento de la entidad, el destino de gran parte de los créditos calificados como “dañados” y luego recuperados, cuyo reflejo contable no aparece en las cuentas del grupo Santander y, finalmente, el fraude al Fisco de los impuestos que deberían haber devengado.

El querellante denuncia, en concreto, “las maniobras urdidas por relevantes personalidades financieras y administrativas para disponer indebidamente en su propio beneficio de 750.000 millones de pesetas pertenecientes a Banesto, lo que, además del fraude causado a sus accionistas, lleva consigo un delito fiscal por más de 262.000 millones de pesetas. A lo que debe añadirse, entre otras graves infracciones penales, una gigantesca malversación de caudales públicos en beneficio del Banco Santander y de los propios querellados por un importe superior a los 327.000 millones de pesetas”.

A lo largo de esas casi 190 páginas, el querellante relata la desaparición de la contabilidad de Banesto y de su matriz, Banco Santander, de 750.000 millones de pesetas (cifra reconocida ante los tribunales por el entonces consejero y secretario del Consejo del primero, Juan Carlos Rodríguez Cantarero) correspondientes a múltiples cobros de créditos, préstamos y otros activos de Banesto, cuya disposición y destino se “ha venido ocultando a cal y canto”. En el momento de la intervención, Alfredo Sáenz, como administrador provisional designado por el Banco de España, y su equipo gestor, “adulteraron la contabilidad social de manera que gran número de elementos patrimoniales elegidos al azar recibieron la calificación de activos dañados, cuando se trataba de préstamos y créditos garantizados plenamente”.

La ‘presunta’ insolvencia de Villar Mir

Tales activos fueron “drásticamente provisionados por Sáenz, de modo que su valor neto contable quedó reducido las más de las veces a una peseta, aunque después Banesto recuperó su valor íntegro”, sin que los accionistas presentes y pasados hayan podido conocer el destino de esas partidas. Como ejemplo, Escolar cita el caso del crédito otorgado al grupo Villar Mir por importe de 17.450 millones de pesetas, que, a pesar de contar con máxima garantía hipotecaria, incluso con fianza solidaria del propio Villar Mir y su esposa, fue contabilizado por 1 peseta. El empresario terminó abonando religiosamente principal e intereses hasta una suma cercana a los 25.000 millones, recuperación que “se ha ocultado en las cuentas presentadas a los accionistas”.