La CNE no estudiará la OPA de Iberdrola sobre Scottish Power por su carácter comunitario

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)no examinará finalmente la OPA Iberdrola sobre Scottish Power al entender que la operación tiene carácter comunitario y es a Bruselas a quien compete autorizar o no esta compra.

La operación, lanzada por la eléctrica española el pasado 28 de noviembre estaba desde hace varias semanas sobre la mesa del consejo del organismo regulador.

En una reunión maratoniana celebrada ayer y que se prolongó hasta pasada la medianoche, los nueve miembros del consejo acordaron que no es necesario aplicar a la compra de la compañía británica la denominada Función 14, que faculta al regulador para estudiar aquellas operaciones que puedan afectar a las actividades reguladas en España.

De esta manera, el organismo que preside María Teresa Costa no atenderá a la petición de Endesa, que pedía que la CNE analizara la operación de la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán y personarse en el expediente.

La cuestión de si la CNE debía o no autorizar la compra de Scottish Power por Iberdrola estaba presente en los mentideros empresariales y jurídicos españoles desde hace bastantes días. Ayer mismo, Endesa pidió al regulador del mercado energético el estudio de la operación, reclamando, además, poder personarse en el expediente correspondiente, por entender que la misma cae dentro de la famosa Función 14 de los cometidos de la CNE.

Endesa, por su parte, manifestó la necesidad de que la CNE revise la compra de Scottish por parte de Iberdrola al amparo de la Función 14, por entender que la eléctrica vasca desarrolla actividades reguladas y puede adoptar decisiones, derivadas de la adquisición de la compañía británica, “que pongan en riesgo o causen efectos negativos respecto a tales actividades” (...) “lo que podría afectar a la seguridad y calidad del suministro”.

La denominada Función 14 faculta a la CNE para autorizar o no, incluso para hacerlo con condiciones, aquellas operaciones en las que participen las empresas eléctricas, susceptibles de poner en riesgo su solvencia o la garantía de las inversiones necesarias para las actividades reguladas.