Florentino pretende imponer un consejero delegado a Galán para apoyar la fusión Iberdrola-Scottish Power

El consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) comenzará hoy a estudiar la petición formulada por el presidente de ACS, Florentino Pérez, para que le sea levantada la restricción que limita sus derechos de voto en Iberdrola al 3%, con independencia del 12,4% del capital que ya controla. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán presentó días atrás sus alegaciones oponiéndose de forma radical a tal pretensión, en lo que constituye una declaración de guerra formal. La CNE podría decidir en el consejo del jueves 22 de febrero.

La suerte de esta batalla, que promete ocupar el centro de atención económica durante muchos meses, tomando el relevo a la OPA sobre Endesa, depende en gran medida de la decisión que adopte al respecto la CNE. Toda la estrategia de Pérez está centrada en llegar a la Junta General de Iberdrola, a celebrar el 29 de marzo próximo, en posesión de derechos políticos equivalentes a la importancia de su paquete, para lo que sería necesario vulnerar la legalidad establecida en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, que limita al 3% los derechos de voto de ACS en Iberdrola al ser aquella accionista mayoritario (40,5%) en Fenosa.

En esa Junta General, Iberdrola va a proponer a sus accionistas una ampliación del 21% de su capital para hacer frente a la operación Scottish Power. Con ese 12,4% (porcentaje en constante aumento) que tiene Florentino Pérez, en alianza con la vasca BBK que preside Xavier de Irala (casi el 10% de Iberdrola), más algún que otro aliado que sin duda podría forjar por el camino, el bloque comandado por ACS podría presentarse a la Junta con la mitad del voto asistente en sus manos, teniendo en cuenta la dispersión del capital social y el porcentaje del mismo que normalmente acude a las Juntas Generales (el más elevado se registró en 2006, con un 55,4% del capital presente y representado).

Ese sería el momento, de acuerdo con fuentes próximas a la operación, para “atar en corto a Sánchez Galán”, obligándole, en las previas de esa Junta, a sentarse y aceptar un pacto de accionistas con Florentino Pérez: el bloque liderado por ACS apoyaría la compra de la compañía escocesa a cambio de que Sánchez Galán asumiera una serie de condiciones de su ya accionista principal, tal que la entrada de algún representante suyo en el consejo (cosa que también impide del Real Decreto 6/2000 antes citado), y el nombramiento de un consejero delegado consensuado entre todos, lo que implicaría una evidente pérdida de poder por parte de Galán.

Silencio cómplice del Gobierno

“Por ahí van los tiros de Florentino”, aseguran las fuentes, “apoyar la operación de Scottish propuesta por Galán y mantenerle en la presidencia, pero obligándole a delegar poder ejecutivo en un consejero delegado del gusto de ACS. Esa es la maniobra”. De ahí la importancia de la decisión que adopte la CNE en lo que a los derechos de voto de ACS se refiere, una decisión que, con la Ley en la mano, no podría ser más que una. En el fondo, Pérez no hace sino aprovecharse del silencio cómplice del Gobierno, que algo debería decir –vía Industria o vía Economía- a un señor que de forma tan clara pretende dar esquinazo a la ley.

Pero Sánchez Galán, que no se chupa el dedo y desde el primer momento le ha visto venir, ha maniobrado con presteza echándose en brazos de Scottish Power, lo cual implica sumar a los 31.600 millones de euros de valoración de Iberdrola los 17.000 millones que groso modo vale la escocesa, lo que quiere decir que mantener a futuro las posiciones accionariales logradas en la vieja Iberdrola va a suponer un esfuerzo financiero muy fuerte, para el que no todo el mundo va a estar preparado.