Galán, dispuesto a 'embarrar el campo' al estilo Pizarro para cerrar el paso a ACS en Iberdrola

La exitosa estrategia jurídica seguida por Manuel Pizarro, presidente de Endesa, en contra de la OPA lanzada en septiembre de 2005 por Gas Natural, está a punto de encontrar imitadores en la vecina Iberdrola. Ignacio Sánchez Galán, su presidente, parece dispuesto a embarrar el campo, al estilo Pizarro, para impedir la toma de control de la eléctrica por Florentino Pérez y ACS.

El inicio de las hostilidades, que ambas partes se cuidan muy mucho de oficializar, ha venido marcado por la sorprendente resolución adoptada por la CNE el pasado jueves, 15 de febrero, concediendo a ACS derechos políticos para votar en la Junta General de Iberdrola por encima del 3% establecido en el Real Decreto-Ley 6/2000, a pesar de que ACS tiene la gestión de un competidor directo como es Unión Fenosa, donde controla un 40,5% del capital.

La decisión de la Comisión Nacional de la Energía ha provocado multitud de críticas en medios jurídicos, que la califican de incoherente y técnicamente deficiente, además de llena de lagunas. Así, el fallo considera estratégicas determinadas inversiones que son públicas por estar previstas en el plan de empresa, pero no juzga tal, por ejemplo, la eventual decisión de la gerencia de Iberdrola de comprar Unión Fenosa.

De acuerdo con algunas de las fuentes consultadas, el entorno de Sánchez Galán va a pedir “aclaraciones” al Ministerio de Industria en torno al dictamen de la CNE, como un primer paso antes de decidir si lo recurre directamente, medida que no adoptará antes de recibir, cosa que podría ocurrir hoy mismo, el informe completo de la CNE, puesto que hasta el momento sólo son conocidas las conclusiones del acuerdo adoptado.

Será el momento en que los equipos de abogados se pongan a trabajar sobre una resolución que podría muy bien conducir a una guerra jurídica entre la actual gerencia de Iberdrola y la de ACS, de proporciones parecidas a la que hemos vivido en torno a las OPAs de Endesa.

Decisión política

Fuentes consultadas por este diario han calificado la decisión adoptada por la CNE de “política” en lugar de técnico-jurídica, por contravenir lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000 (Ley Rato), según el cual las empresas que participen en el capital de dos o más sociedades que tengan la condición de operador principal en un mismo mercado o sector, no podrán ejercer los derechos de voto correspondientes al exceso del 3% en más de una entidad.

Por si fuera poco, el dictamen de la CNE que concede derechos políticos a ACS va en contra de decisiones adoptadas con anterioridad en las que se aplicó a rajatabla el RDL 6/2000, caso de La Caixa, a quien se obligó a elegir entre ejercer los derechos políticos en Endesa o en Repsol YPF, y de BBVA, que tuvo que optar entre permanecer en el Consejo de Iberdrola o el de Repsol YPF.