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Más 'crudo' para los Albertos: será el pleno del Constitucional quien vea su recurso de amparo
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Más 'crudo' para los Albertos: será el pleno del Constitucional quien vea su recurso de amparo

Todo indica que los Albertos empiezan a tenerlo crudo para sacar adelante en el Tribunal Constitucional su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que

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Más 'crudo' para los Albertos: será el pleno del Constitucional quien vea su recurso de amparo

Todo indica que los Albertos empiezan a tenerlo crudo para sacar adelante en el Tribunal Constitucional su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que les condenó a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad en el llamado caso Urbanor. Según ha sabido este diario de fuentes solventes, será el pleno del Constitucional, y no la Sala Segunda, la que vea un más que polémico amparo que, a cuenta del lío montado en torno al Estatuto catalán, parece haberse estancado de nuevo.

El lunes 15 de enero pasado, la Sala Segunda del Constitucional que preside el juez Guillermo Jiménez Sánchez examinó el recurso de amparo, presentado en abril de 2003 por los Albertos, contra la sentencia del Tribunal Supremo que el 14 de marzo de 2003 les condenó por varios delitos cometidos en la venta de los terrenos propiedad de Urbanor en los que hoy se levantan las Torres KIO.

De acuerdo con las fuentes (ver El Confidencial del miércoles 17 de enero), el magistrado Pascual Sala, ponente del caso, leyó ese día su informe y lo distribuyó entre los restantes cinco magistrados que componen la Sala, que a partir de entonces disponían de dos semanas para estudiarlo y adoptar una posición al respecto, por lo que el fallo definitivo se esperaba para finales de enero.

Pero el asunto encalló en el nudo gordiano de la prescripción del delito, lo que, en una nueva pirueta, llevó a la Sala Segunda a solicitar, antes del 31 de enero, a la Audiencia Provincial de Madrid -donde se juzgó en origen el caso Urbanor- una serie de documentos (ver El Confidencial del miércoles 31 de enero) relacionados con la prescripción. Entre ellos, la sentencia 144/00, de 29 de diciembre, que, tras declarar probados los delitos que se les imputaban, decidió, sin embargo, absolver a los Albertos por considerar prescrita su responsabilidad penal.

La dilación, contra los Albertos

La dilación del proceso parece estar jugando en contra de los famosos primos. De forma que, si a primeros de año se daba por seguro que la Sala Segunda –dividida entonces a razón de 4 magistrados contra 2 a favor de concederles el amparo- atendería una demanda que cuenta con poderosos avalistas, hoy las cosas no están tan claras ni mucho menos, hasta el punto de que algunas fuentes consideran que los primos empiezan a tenerlo “crudo”.

Las últimas noticias indican que ese marcador se ha roto, y que los Albertos tienen ahora muy difícil sacar adelante su recurso en la Sala Segunda. En vista de lo cual, el ponente, Pascual Sala, ha decidido llevar el asunto al Pleno del Constitucional (compuesto por los 12 magistrados que componen ambas Salas), donde no parece lógico pensar que Alberto Cortina y Alberto Alcocer lo vayan a tener fácil.

Conviene recordar que fue la Sala Segunda la que, en polémica sentencia de marzo de 2005 (STC 63/2005), de la que fue ponente Eugenio Gay, aplicó un novedoso criterio de prescripción que causó gran escándalo por ir contra la doctrina tradicional del Supremo, según la cual todo acto de denuncia paraliza la prescripción de un delito, con independencia de que el juez la acepte o no. Dicha sentencia, que levantó gran revuelo, fue votada por cuatro de los seis magistrados, incluido el propio Pascual Sala.

A vueltas con la prescripción

Todo indica que los Albertos empiezan a tenerlo crudo para sacar adelante en el Tribunal Constitucional su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que les condenó a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad en el llamado caso Urbanor. Según ha sabido este diario de fuentes solventes, será el pleno del Constitucional, y no la Sala Segunda, la que vea un más que polémico amparo que, a cuenta del lío montado en torno al Estatuto catalán, parece haberse estancado de nuevo.