La trama de la CNMV coge forma: nuevos testigos confirman a la Policía su existencia

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encargados de la llamada operación Parqué han conseguido nuevos testimonios que confirmarían que altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pudieron conceder y retirar licencias para operar en territorio nacional vulnerando la normativa del sector, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso. El motivo por el que lo hicieron sigue siendo una incógnita, pero las indagaciones policiales están cada vez más cerca de resolverla.

Los expertos en delitos económicos de la Policía ya contaban con la declaración de un testigo protegido que ocupó posiciones en el supervisor bursátil en las que asegura que recibió presiones de sus superiores con el fin de retirar el permiso necesario para poder operar en España a ciertas firmas de valores, abocándolas inevitablemente al cierre. Los agentes sospechan que, en al menos dos casos, los directivos de la CNMV acabaron logrando su objetivo. El primero habría afectado en 2007 a la gestora de carteras Vetusta, mientras que el segundo episodio se habría producido en 2012 y tuvo como perjudicada a la Eafi (Empresa de Asesoramiento Financiero) Dracon Partners.

La declaración de ese testigo permitió iniciar las pesquisas, pero hasta ahora era el único testimonio de peso sobre el que giraba el caso, además de las denuncias de los perjudicados. Sin embargo, según fuentes cercanas a la operación Parqué, la UDEF ha dado un vuelco al procedimiento tras conseguir que otros empleados o exempleados del supervisor también hayan declarado que existieron órdenes expresas de la dirección del organismo para que los expedientes bajo investigación se cerraran precipitadamente y con la pérdida de la autorización como resultado, la sanción más perjudicial de todas las previstas. Los empleados no sólo han ratificado la única declaración que había hasta ahora, sino que habrían ofrecido datos adicionales que han permitido a los funcionarios de la UDEF acotar la infiltración de la supuesta trama en la CNMV y también las responsabilidades penales en las que habrían incurrido los culpables.

Según fuentes cercanas al caso, el primer testigo explicó cómo algunos de los directivos o exdirectivos de la CNMV presuntamente implicados descartaban informes de inspección a determinadas entidades e incluso imponían a los inspectores las conclusiones a las que debían llegar en sus informes, pese a que se contradijeran con las suyas propias. Es decir, forzaban la concesión de una licencia pese a que el inspector hubiera informado desfavorablemente, o decretaban la retirada de la misma aunque los técnicos del supervisor no encontrasen motivos suficientes para ello.

​Los expedientes bajo sospecha

Los expertos en delitos económicos de la Policía también han accedido a otra prueba clave: los expedientes que tramitó el regulador contra las dos principales firmas afectadas. Los documentos fueron remitidos a los investigadores hace aproximadamente un mes, después de que el pasado julio mandos de la Policía acudieran en persona a la CNMV para solicitarle esa información a la actual presidenta de la institución, Elvira Rodríguez.

Las fuentes consultadas aseguran que los agentes han concluido, tras analizar los expedientes -sobre todo el de Vetusta-, que la CNMV acordó la pérdida de las licencias sin agotar el periodo de subsanación de errores al que tenían derecho los perjudicados, tal y como habían denunciado. Así lo reflejan los documentos que tienen en su poder los investigadores. De confirmarse, los directivos de la CNMV implicados podrían ser acusados de prevaricación.

Posible cohecho

Pero los investigadores también creen que esas decisiones presuntamente injustas pudieron responder a algún tipo de aliciente externo que todavía no ha sido identificado. Como desveló El Confidencial este viernes, los agentes encargados del caso están rastreando el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV que pudieron tener algún tipo de participación en los expedientes sobre los que pivotan las diligencias.

Varios empleados han declarado que existieron órdenes de la dirección para que los expedientes bajo investigación se cerraran precipitadamente

En concreto, las pesquisas afectan al exdirector general de Entidades del organismo regulador, Antonio Carrascosa, posteriormente director general del FROB y actual consejero ejecutivo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) de la Unión Europea; Antonio Moreno, que ocupa el cargo de director del Departamento de Autorización y Registro de Entidades del supervisor y lleva 25 años con poder de decisión sobre las licencias; los responsables de menor rango J. A. y M. G.; y un quinto directivo que no ha trascendido. Los investigadores están analizando la evolución de sus bienes y cuentas bancarias durante los últimos años en busca de incrementos dudosos. Si alguno de ellos hubiera recibido algún tipo de contraprestación por la retirada de las licencias, podría ser acusado de cohecho además de un delito de prevaricación.

En este sentido, este diario ya señaló que el foco de las indagaciones se sitúa también sobre el banco Renta 4. Los agentes han confirmado que gran parte de los clientes que perdió Vetusta al quedarse sin licencia terminaron recalando en la entidad que preside Juan Carlos Ureta, al igual que ha sucedido en el caso más reciente de Banco Madrid. Con todo, tampoco se ha detectado por ahora ningún elemento que incrimine expresamente a Renta 4.