La Seguridad Social ultima la calculadora de pensiones a la espera del Pacto de Toledo

¿Es posible que un mileurista acabe cobrando una pensión pública de 3.500 euros? Para la herramienta de la Seguridad Social que ofrece información sobre la futura pensión, la respuesta es que sí. Esto choca con las dudas sobre la sostenibilidad del sistema, porque la calculadora no tiene en cuenta la inflación esperada o topes máximos.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya ha desarrollado técnicamente su actualización, según fuentes conocedoras, a la espera de que haya un acuerdo de reforma en el Pacto de Toledo. La idea era estrenar ya este año la nueva calculadora, pero la situación política ha paralizado también la actividad del Pacto de Toledo, que volvió a reunirse en 2016, sin que haya ningún acuerdo.

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Así, solo queda que el Pacto de Toledo acuerde cómo se actualizarán las pensiones para que la calculadora incorpore el mecanismo, ya sea el IPC o el índice de revalorización recogido en la reforma de 2013, junto a supuestos de la inflación esperada para el futuro y los topes máximos, con el fin de ofrecer una imagen fidedigna en euros actuales, según fuentes cercanas a la Seguridad Social.

Es decir, la herramienta utilizará proyecciones de inflación y crecimiento de la economía para llevar a futuro las bases de cotización del usuario, pero con información en euros constantes. Esto es, una fotografía que refleje una estimación de la pensión futura en euros actuales, sin poder sobrepasar además los topes máximos, según fuentes conocedoras.

Una de las reivindicaciones —o críticas— de la industria de activos bajo gestión es que la Seguridad Social, lejos de informar, genera ilusión monetaria en los cotizantes. Dicho de otra manera, información que aunque no es falsa 'per se', porque es una estimación en euros corrientes, sí refleja una falsa realidad.

La carta que no se envió

La otra crítica es que la Seguridad Social debe adoptar un papel activo al informar, y no pasivo como realiza con esta calculadora, en la que los cotizantes deben entrar en el sistema para recibir una estimación. La Ley 27/2011, que fue una de las dos grandes reformas de las pensiones, incluye: “La Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria”.

Esta reforma se aprobó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque esta parte nunca llegó a implantarse. Durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se llegó a presupuestar el envío de una carta a mayores de 50 años, informando de la futura pensión. Fue en octubre de 2014, y estaba previsto aprobarlo en un Consejo de Ministros, pero no llegó a salir de la reunión previa de subsecretarios.

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Desde entonces, la asociación de gestoras de fondos de inversión y de pensiones, Inverco, ha puesto entre sus prioridades intentar reactivar el envío de esta carta. Aunque el sector privado también tendría que hacerlo y aún no lo realiza. Es decir, la ley también incluye una obligación “para los instrumentos de carácter complementario o alternativo que contemplen compromisos por jubilación”.

Inverco y otras entidades privadas se justifican en que lo harán cuando se apruebe el reglamento que explique cómo llevar a cabo el deber de informar a partir de esta ley, pero que lo importante es que lo haga la Seguridad Social. De hecho, llevan dos ediciones de una encuesta en la que preguntan a usuarios sobre si querrían recibir información.

La primera vez fue en diciembre de 2017, y ahora ha sido el 1 de octubre de 2019, justo antes de la nueva campaña electoral. La encuesta la han realizado Inverco y Front Query a través de cuestionarios por internet entre 1.100 personas. Las conclusiones entre los españoles sondeados son claras: les gustaría recibir una carta sobre su futura pensión (95%), creen que les ayudaría a planificar su pensión (91,5%), les gustaría recibir información una vez al año (54,6%), desconocen que la Seguridad Social tiene una herramienta 'online' (74%) y casi nadie la usa (la ha utilizado el 16%).