El G-7 remata al paradigma neoliberal y se abre el debate sobre los impuestos al capital

Estamos ante "los funerales por el Consenso de Washington". El acuerdo del G-7 para imponer mínimos a la tributación sobre beneficios de las multinacionales ha supuesto otro golpe, casi mortal, al paradigma neoliberal que ha dominado la política económica global desde los años 80. El covid dejó en 2020 el consenso en favor del gasto y, ahora, toca el turno de repensar los esquemas fiscales de los países desarrollados.

El Consenso de Washington es un decálogo de recomendaciones de política económica de corte neoliberal que acordaron formular el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos. La cita que hace referencia al fin de este consenso es de Gilles Möec, economista jefe de AXA IM.

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Los economistas jefe y los directores de inversiones de las grandes gestoras y bancos de inversión internacionales ya modifican sus análisis para incorporar esta tendencia hacia una reevaluación global de la fiscalidad. Si en 2020 vieron de forma nítida un impulso al gasto público, ahora proyectan otro esquema fiscal basado en evitar competencia a la baja entre países, tributación mínima exigida a las multinacionales, incentivo de las energías limpias o lucha contra la desigualdad. Y todo esto en un contexto de récord en la deuda pública que, en el caso de España, ya ha alcanzado el 125% del PIB.

En la misma línea, decía sobre el acuerdo del G-7 el director de inversiones de Julius Baer, Yves Bonzon, "es otra prueba anecdótica de que el régimen neoliberal de varias décadas ha terminado y el capitalismo patrocinado por el Estado es la nueva regla". A falta de meses de negociación, parece que se acabará estableciendo un tipo mínimo a la tributación de Sociedades, con un punto de partida en el 15%. Pero una vez abierto el debate fiscal, los fondos dan por hecho de que no será el único cambio.

"Los gobiernos de todo el mundo han acumulado enormes cantidades de deuda y, en algún momento, esto tendrá que pagarse"

"Como resultado de la pandemia y el repentino cierre de la economía global, los gobiernos de todo el mundo han acumulado enormes cantidades de deuda y, en algún momento, esto tendrá que pagarse. Dada la carga de la deuda contraída, todos los elementos de fiscalidad estarán sobre la mesa, desde los ingresos hasta los aumentos de capital y las tasas del impuesto de sociedades", arguye Brian O’Reilly, responsable de estrategia de mercados de MIFL, la gestora de Mediolanum.

El experto también pone el acento en la desigualdad: "Con la pandemia, una vez más, los menos favorecidos fueron los más afectados por trabajos mal remunerados que se perdieron en el sector del ocio y el turismo, razón por la cual los gobiernos introdujeron medidas de desempleo en todo el mundo para disminuir el impacto en las personas más vulnerables de la sociedad".

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En este contexto, prosigue O’Reilly, "Existe un debate creciente de que los más acomodados deberían pagar más para ayudar a las economías a recuperarse y reconstruirse, y los políticos están discutiendo abiertamente la perspectiva de un impuesto sobre el patrimonio. Las ganancias de capital, más que las amplias medidas del impuesto sobre la renta, se consideran un punto de partida obvio para gravar más a los ricos".

En España, el impuesto al Patrimonio existe y supone un elemento de tensión entre comunidades autónomas. En Madrid, donde se aglutinan y se captan en mayor medida altos patrimonios, está bonificado al 100%, lo que lleva a la acusación de 'dumping' fiscal desde otras regiones. Desde el Ejecutivo ya se ha dejado claro que existe la intención de imponer un mínimo nacional, lo que ha llevado a los asesores fiscales y patrimoniales a trabajar contrarreloj para modificar las estructuras de sus clientes ricos, con el fin de minimizar el potencial impacto a través de empresas familiares o inversión en capital riesgo.

Pero la tributación por el conjunto del patrimonio que tiene una persona física o la exigencia de una aportación tributaria a los más ricos no solo se debate en España. De hecho, lo ha propuesto el propio FMI. "También pueden considerarse contribuciones para la recuperación del covid-19 e impuestos sobre beneficios empresariales 'excesivos'. Pueden plantearse también impuestos sobre el patrimonio si las medidas anteriores no son suficientes. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben centrarse en fortalecer la capacidad tributaria para financiar más gasto social", señaló la institución en su último Monitor Fiscal.

Renta vs. capital

El FMI fue más allá. El organismo publicó en primavera un artículo del economista turco Daron Acemoglu en el que, bajo el título 'Rehaciendo el mundo post-covid', sostiene que el crecimiento cada vez es menos compartido con la desigualdad de gran parte del mundo industrializado, en el que desaparecen trabajos "buenos, bien remunerados y seguros", a la par que disminuyen los salarios reales de los trabajadores menos educados en Estados Unidos. Un debate que crece tras la publicación de la agencia independiente ProPublica que muestra cómo ha aumentado la riqueza de milmillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk o Warren Buffett sin que lo haya hecho su contribución tributaria de forma notable.

Como complemento a esta idea, el salario medio de los hombres blancos estadounidenses disminuyó un 13% en términos reales (restando la inflación) entre 1979 y 2017, pese a que en el mismo periodo el ingreso nacional per cápita creció un 85%, según los datos recopilados por la Anne Case, catedrática de Pricenton, y Angus Deaton, Nobel de Economía de 2015, en el libro 'Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo', en el que vinculan el empeoramiento económico de los estadounidenses blancos sin carrera universitaria con el aumento de muertes por suicidios, opiáceos o alcohol.

Volviendo a Acemoglu (entrevistado por Luis Garicano en El Confidencial en mayo de 2020), el economista vincula esta idea con el riesgo de que la siguiente fase de automatización que se está desarrollando rápidamente, impulsada por la inteligencia artificial, "podría exacerbar aún más la desigualdad". "La automatización es la sustitución de máquinas y algoritmos por tareas previamente realizadas por mano de obra, y no es nada nuevo. Desde que las máquinas de tejer e hilar impulsaron la Revolución Industrial de Gran Bretaña, la automatización ha sido a menudo un motor de crecimiento económico. Sin embargo, en el pasado formaba parte de una amplia cartera de tecnologías y sus efectos potencialmente negativos sobre el trabajo se veían contrarrestados por otras tecnologías que impulsaban la productividad humana y las oportunidades de empleo. Hoy no", escribe el economista turco, que suele estar en las quinielas para el Nobel.

"La desigualdad social no ha dejado de crecer en los últimos 10 años y los gobiernos intentan, con razón, corregirla. Hay muchas soluciones posibles para adoptar una mayor fiscalidad, cada una de ellas con sus propios méritos e inconvenientes", expone Francesco Sedati, director de análisis y gestión de carteras de renta variable de Eurizon. La propuesta de Acemoglu, prosigue, "abordaría una asimetría en la fiscalidad, pero podría disuadir la innovación y el espíritu empresarial. En última instancia, es justo decir que los impuestos aumentarán en los próximos años. En este contexto, es deseable que se aplique un marco fiscal global más armonizado para evitar futuros arbitrajes fiscales".

Acemoglu enumera ventajas de esta fase de automatización, pero también pone el acento en que "la pandemia ha dado a los empleadores más razones para buscar formas con las que sustituir trabajadores por máquinas". Y esta sustitución tiene también un incentivo fiscal. "En los últimos 40 años el trabajo ha pagado una tasa impositiva efectiva de más del 25%", frente a niveles del 15% en capital en el periodo, pero que están alcanzando gravámenes del 5%. "Este diferencial se ha ampliado con recortes de impuestos sobre los ingresos altos, la conversión de muchas empresas en sociedades anónimas pequeñas que están exentas del impuesto de Sociedades y generosas bonificaciones por depreciaciones", apostilla.

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Con estos argumentos, el investigador propone a los Estados repensar su esquema fiscal entre trabajo y capital. Y los fondos están expectantes ante este debate. "Con los últimos cambios tecnológicos tectónicos (inteligencia artificial, automatización) hay razones para esperar que no solo la producción sea muy intensiva en capital, sino que también el rendimiento del capital (TI, capital humano altamente especializado) siga siendo alto e incluso pueda aumentar. En este entorno, se espera que el problema de la desigualdad se convierta en un tema dominante y es probable que también se aborde desde el punto de vista fiscal. Los políticos buscarán formas inteligentes de mantener la paz social controlando el grado de desigualdad al tiempo que digieren el impacto de covid-19 en las finanzas públicas", resume Martin Wolburg, economista de Generali Insurance AM.

Norman Villamin, director de inversiones de UBP, pone el acento en el cambio climático y en la desigualdad al vaticinar las tendencias fiscales del mundo desarrollado: "Dados los déficits fiscales y el gasto estructural que se requerirá para abordar el problema del cambio climático en los próximos años, es probable que las políticas tributarias se implementen de manera más proactiva para abordar ambos problemas. El clima no es el único problema en juego actualmente. La desigualdad de ingresos es un problema acuciante en gran parte del mundo. Como resultado, no sería sorprendente ver políticas impositivas (y probablemente regulatorias) aplicadas para tratar de lograr estos objetivos también".