El Gobierno calca la base imponible de patrimonio para el nuevo impuesto a los ricos

El Gobierno confirma su intención de armonizar el Impuesto al Patrimonio por la puerta de atrás. El Grupo Socialista y el Grupo de Unidas Podemos han presentado una enmienda para crear el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas calcando la base imponible que se aplica en Patrimonio, así como las mismas deducciones o bonificaciones.

Hacienda no se ha complicado a la hora de abordar el nuevo tributo que anunció María Jesús Montero hace un mes, evitando una guerra fiscal autonómica que inició Andalucía con el anuncio de la bonificación del 100% a partir del año que viene a Patrimonio, tal y como hace Madrid. El Ejecutivo ha usado la opción de una enmienda en la Proposición de Ley de los impuestos a la banca y a las energéticas para establecer el tributo a las grandes fortunas, a partir de los tres millones de euros. La idea del Gobierno es que en junio se realice la primera declaración del impuesto sobre el ejercicio actual, un 'timing' para el que no hay precedentes con el diseño de nuevos impuestos.

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La enmienda dice que el impuesto tiene un carácter de complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, y que será temporal, durante dos años. El Ejecutivo alega a través del grupo parlamentario que hay dos finalidades para el nuevo impuesto. Por una parte, recaudatoria, exigiendo "en estos tiempos de crisis energética y de inflación, un mayor esfuerzo a quienes disponen de una mayor capacidad económica, es decir, una muestra de solidaridad de las grandes fortunas". Los tipos aplicables serán del 0% hasta tres millones, del 1,7% entre esta cifra y los 5,34 millones; del 2,1% hasta los 10,7 millones, y del 3,5% en adelante.

La segunda meta es "armonizadora". Es decir, el Gobierno deja por escrito que quiere evitar una guerra fiscal autonómica y que se tribute por el patrimonio en todas las regiones, algo que siempre ha tenido en la agenda, pero que no había abordado hasta ahora. Así, señala que el objetivo es "disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas CCAA, especialmente para que la carga tributaria que los contribuyentes residentes en aquellas CCAA que han desfiscalizado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio no difiera sustancialmente de la de los contribuyentes de las CCAA en las que no se ha optado por reducir la tributación por dicho impuesto".

Lo que hace Hacienda es superponer un impuesto sobre otro, evitando la doble tributación mediante la deducción de la cuota autonómica en la nacional. La configuración del nuevo impuesto, señalan las formaciones socialista y morada, "coincide básicamente con el del Impuesto sobre el Patrimonio, tanto a su ámbito territorial, exenciones, sujetos pasivos, bases imponible y liquidable, devengo y tipos de gravamen, como en el límite de la cuota íntegra". También se mantiene lo que se conoce como escudo fiscal: que la cuota de Patrimonio y Renta no puede sobrepasar el 60% de la base imponible del IRPF, con un máximo de reducción del 80% en la tributación del nuevo tributo.

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El Ejecutivo defiende que se evita la doble imposición, algo que será clave frente a los recursos que puedan llegar. Asimismo, dice que se prevé una vigencia de dos años, pero introduce una cláusula de revisión, "para efectuar una evaluación de sus resultados" al final de dicha vigencia "y valorar su mantenimiento o supresión", con lo que deja la puerta abierta a que se mantenga. Se trata de la primera propuesta formal para el nuevo impuesto tras el anuncio de Montero el 29 de septiembre.