Los fondos de deuda impagada retienen más beneficio en España por miedo a Hacienda

Cuando la Inspección actúa contra un sector, tiene como finalidad no solo la propia recaudación de impuestos en el momento por tributación no realizada y sanciones, sino el efecto disuasorio. Y mientras falta por resolverse una batalla legal, eso es lo que ha sucedido con los fondos de inversión que compran deuda impagada a los bancos.

Varias inspecciones de la Agencia Tributaria (AEAT) han levantado actas en los últimos años contra fondos oportunistas que adquirieron carteras de deuda impagada de los bancos por posibles abusos fiscales con sus estructuras. Hay una batalla legal gestándose desde 2021 que, presuntamente, acabará en el Supremo dentro de unos años, según fuentes jurídicas.

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La discusión está en el valor inicial de los activos —créditos o inmuebles— para calcular el beneficio obtenido cuando se revalorizan de precio, ya sea para su explotación o posterior venta. En resumen, Hacienda quiere que contabilicen el precio que pagaron a las entidades financieras, mientras que los fondos apuntan en libros un valor mayor, basado en el que pagaron a su matriz para quedarse con el activo, y que es el que fijó el juzgado.

Estos fondos suelen tener su matriz en países europeos con mejor trato fiscal para ellos, como Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos. Desde sus sedes, realizan las operaciones de compra de activos, que sus filiales adquieren posteriormente para su explotación. Lo hacen por un valor mayor, fijado por el juzgado, que es el 60% de la tasación al constituirse la hipoteca o de la deuda pendiente. Automáticamente, la matriz genera un beneficio a costa de la filial, por el que tributan en su sede fiscal, y la subsidiaria explota el activo en España.

Más beneficio reconocido

Hacienda, por lo tanto, quiere que haya más beneficio reconocido en España. Y la agresividad de las inspecciones pasadas ya ha alterado los planes de varios fondos, según fuentes jurídicas, realizando estructuras para la gestión de las carteras compradas de forma más conservadora, aunque esto implica un régimen fiscal menos atractivo.

Varias fuentes confirman que, en los últimos meses, fondos que han comprado carteras de deuda en España están reconociendo precios menores de adquisición, en línea con los del mercado, lo que supone admitir un mayor beneficio aquí, aunque la fiscalidad para los vehículos sea inferior a la de Luxemburgo u otras jurisdicciones. De esta forma, baja la rentabilidad neta, pero aumenta la tributación.

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Bajo el argumento de la Agencia Tributaria, las sociedades de los fondos estarían computando como precio de compra el valor de la hipoteca que quedaba por pagar, pero considera que el precio satisfecho por esos créditos en el momento de la compra de los mismos por parte de los fondos era mucho más bajo, ya que habrían descontado el default (fallido) del anterior propietario, según fuentes del organismo.

Una vez que se ejecuta la hipoteca y se asigna el inmueble, el fondo lo vende con grandes pérdidas contables, que son irreales para Hacienda. Estos números rojos se explican por la diferencia entre el valor de la hipoteca pendiente cuando el fondo se hace con el crédito y el valor en la venta por su parte, que suele ser menor. Hacienda cree que el fondo realmente gana dinero por la diferencia entre lo que pagó al comprar la hipoteca y quedarse el inmueble y el valor en venta de este a un tercero. A esto se añade, señalan fuentes de la Agencia Tributaria, que el organismo ha detectado abuso en la aplicación de algunos convenios de doble imposición internacional. Considera que en varios supuestos se ha establecido una planificación con una calificación de negocios jurídicos realizados que se basa en que la operación tenga un carácter financiero y quede desligada del inmueble subyacente.

Es decir, traspasos del préstamo constituido sobre el inmueble, queriendo aparentar que no afecta a la explotación de este. Así, los fondos consiguen evitar la aplicación del artículo del convenio de doble imposición que atribuye al país en el que está el inmueble, que sería España, el derecho de gravamen de las plusvalías generadas. Bajo estas premisas, ha habido inspecciones y actas, hay una batalla legal en curso y se ha generado miedo en otros fondos no afectados que han adquirido carteras últimamente.