Caixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja se adjudican el fondo público de pensiones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho público el resultado de la licitación para la gestión y depositaría de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, la apuesta de José Luis Escrivá para que se canalice el ahorro complementario para la jubilación. Casi en el último momento antes de las elecciones del domingo (aunque después seguirá trabajando el Ministerio en funciones), se ha publicado el acta definitiva que adjudica el lote a las gestoras de fondos de pensiones de VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja.

Una vez conocida la adjudicación por parte de la Secretaria de Estado de Seguridad Social y Pensiones, queda el proceso de formalización, que se espera que se produzca en agosto, con el Gobierno actual en funciones, después del resultado electoral que se produzca este domingo. El contrato tiene un valor estimado de 24 millones de euros, aunque dependerá del volumen de patrimonio. La promoción de los fondos públicos de pensiones llega tarde respecto a las previsiones iniciales de Escrivá, pero al final se ha producido en la actual legislatura. El objetivo de este Gobierno ha sido que se fomente el ahorro complementario a través del ahorro colectivo en el mercado laboral, con empresas o autónomos, en vez de en planes privados de pensiones, donde el Ejecutivo ha recortado la deducción por aportaciones desde 8.000 euros a 1.500 euros anuales.

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Las cinco gestoras mencionadas se han impuesto a Mapfre y Nationale-Nederlanden, que son las que se quedan fuera entre la lista de las firmas que habían participado en la licitación. Las dos gestoras de los grupos aseguradores tenían peor nota en la parte cualitativa. En el caso de Mapfre, además, contaba con la peor nota en precio, por haber presentado la comisión ofertada más alta, mientras que NN se queda fuera por cuestiones cualitativas, ya que ofertó una comisión del 0,2%, igual que Ibercaja y Santander, e inferior a VidaCaixa.

Sin embargo, VidaCaixa cuenta con la mejor nota por criterio cualitativo. La aseguradora de CaixaBank es líder en pensiones, con 40.000 millones, de los que 12.000 millones son en planes de empleo, según Inverco. Los criterios sujetos a juicios de valor dependen de la propuesta de políticas de inversión, la propuesta de promoción de los planes de pensiones de empleo, el plan de comunicación a trabajadores autónomos, el ciclo de vida y la inversión socialmente responsable. Por otro lado, también hay criterios automáticos distintos del precio que son los que han puesto a VidaCaixa por encima del resto. En este caso, dependían de la rentabilidad media a cinco años de los planes de empleo y la adhesión al código de buenas prácticas de inversiones de la CNMV.

En cuanto al precio, Caser, que se ha adjudicado un lote con Indexa como asesor de inversiones, ha ofertado una comisión del 0,1%, y BBVA del 0,15%. La decisión se ha retrasado porque el Ministerio decidió analizar estas ofertas por ser "anormalmente bajas" respecto al resto, pero finalmente se han validado. NN, Ibercaja y Santander han propuesto un 0,2%, VidaCaixa un 0,26% y Mapfre un 0,299%. En cuanto a los depositarios, CecaBank, BBVA y Caceis han acudido con un 0,04%, y BNP, que se queda fuera porque iba con NN y Mapfre, un 0,035%.

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Cada gestora desarrollará tres fondos de pensiones, de renta variable, mixto y renta fija, que se incluirán en una plataforma digital que está por desarrollarse. Los planes de pensiones de empleo simplificado podrán adscribirse a estos macrofondos. Los fondos son privados, pero de promoción pública, para fomentar el ahorro complementario a través de la negociación colectiva. Además, hay entidades y asociaciones o sectores que han puesto en marcha planes de empleo simplificados, como UPTA con Sabadell, o ATA y el sector de la construcción con VidaCaixa.

Llevarse el concurso implica aceptar el paraguas y las reglas del Ministerio y participar en un programa de promoción pública para este tipo de ahorro a través del entorno laboral, mientras que los adjudicatarios se comprometen a llegar a gestionar, al menos, 500 millones en tres años. En caso contrario, se resolvería el contrato. De hecho, cada tres años se revisarán los contratos. El Ministerio ha hecho una estimación de que se llegue a un patrimonio gestionado por esta vía de 3.956,1 millones en un lustro, aunque dependerá de la aceptación del programa, el calado en la negociación colectiva, si se mantiene o incrementa la apuesta por parte del Gobierno que salga de las urnas el 23 de junio, o la evolución de los mercados.