El órdago de Iberdrola al Gobierno: cuando las formas lastran las razones

La confrontación que mantienen el Gobierno español y el sector eléctrico se juega desde hace días en el terreno de los gestos. Tras la acometida del Ejecutivo en forma de decreto llamado a recortar en miles de millones las ganancias de las compañías eléctricas y la airada reacción de estas, la situación parece haber entrado en una etapa más diplomática, en la que la posibilidad del entendimiento se ha empezado a abrir paso entre las palabras gruesas.

Este clima menos beligerante ha sido una parte esencial en la mejora que han experimentado las cotizaciones de compañías como Endesa o Iberdrola en las últimas dos semanas, en las que acumulan repuntes en torno al 8 y el 11%, respectivamente. Pero lo cierto es que el paso de las sensaciones a los hechos sigue sin concretarse y hoy por hoy está vigente la norma llamada a infligir un golpe rotundo a las cuentas del sector.

Si desde el Gobierno parece haberse asumido que, en su deseo de dar una respuesta efectiva a nivel social y político a la escalada de los precios de la luz, incurrió en ciertos excesos, que pueden llegar a resultar contraproducentes, desde el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, aguardan un gesto claro por parte de las eléctricas que haga asumible algún tipo de marcha atrás en la norma aprobada. Mientras, los productores de luz condicionan cualquier política de responsabilidad social por su parte a un movimiento previo del Ejecutivo.

El sector debe entender que el Gobierno no se rige únicamente por razones económicas

En esa línea se enmarca el comunicado emitido este jueves por Iberdrola. Según el mismo, la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán se compromete, como ya ha planteado en varias ocasiones, a asumir los mayores costes energéticos para no incrementar los precios de la factura de la luz a la industria. “Iberdrola siempre apostará por la industria española”, reza el comunicado.

Pero, para ello, el grupo reclama la retirada de las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de los intereses del sector. Así, plantea su disposición a mantener los precios a la industria “siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables”, una decisión gubernamental que achaca al desconocimiento de los responsables políticos. “El Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios”, observa.

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Desde una perspectiva económica, es relativamente fácil entender la postura defendida por el sector eléctrico. Los beneficios para el sector de la actual escalada de los precios no son tan evidentes como pretende el Gobierno, las medidas planteadas por este socavan algunos de los principios esenciales del sistema eléctrico europeo (como las encaminadas a otorgar una mayor rentabilidad a las energías renovables para hacer más atractiva la inversión en este campo) y agravan la sensación de inseguridad jurídica en una industria que debe desempeñar un papel primordial en la estrategia futura de crecimiento del país, que tiene en la transición energética uno de sus pilares.

Pero tampoco puede perderse de vista que, para bien o para mal, las actuaciones políticas no se rigen únicamente por motivaciones económicas. Por eso, en situaciones intrincadas como la que se dirime actualmente en torno a los precios de la luz, conviene tratar de amoldar en la medida de lo posible los planteamientos económicos con el resto de intereses que deben atender los gobernantes (los sociales y los puramente electorales, en este caso).

Un planteamiento tan inflexible azuza las denuncias de que el sector recurre al chantaje

Y es ahí donde las formas adoptadas por Iberdrola en este comunicado pueden entenderse como inapropiadas. Es obvio que la compañía tiene derecho a defender sus intereses y que toda negociación es susceptible de verse envuelta entre órdagos de una y otra parte. Y también resulta lógico que el grupo no esté dispuesto a asumir nuevos sacrificios en su cuenta de resultados sin un alivio del daño que le producirá el decreto aprobado por el Gobierno.

Pero plantear su posición en términos tan inflexibles viene a enardecer las denuncias, para nada infrecuentes, de que la industria eléctrica está usando su posición de fuerza para chantajear al Gobierno. Y esto no solo viene en menoscabo de la imagen del sector, sino que tiene también la capacidad de hacer mucho más difícil para el propio Ejecutivo cualquier intento de suavizar sus normativas. Sobre todo si se tiene en cuenta que desde uno de los socios del propio Gobierno se presiona, por contra, para endurecer las medidas.

Es obvio que toda actividad económica está supeditada a que se den unas condiciones políticas, legales y sociales que favorezcan su desarrollo de un modo rentable. De modo que un cambio crítico en esas condiciones puede justificar que una empresa se replantee sus servicios en determinada jurisdicción. Pero exponer de forma tan directa, como se hace en el referido comunicado, la exigencia de cambios en las normativas aprobadas por el Parlamento puede ser fácilmente leído como un intento de injerencia que encaja mal con las prácticas responsables que poco a poco van extendiéndose en el ámbito empresarial (en muchos casos, forzadas por la demanda de los inversores), de las que en tantas ocasiones han hecho gala las propias compañías eléctricas.

Iberdrola y el conjunto del sector tienen argumentos de sobra para requerir un cambio en las disposiciones adoptadas por un Gobierno que, sin haber logrado ningún gesto claro de apoyo en el ámbito europeo, se muestra abierto a modificarlas. Pero en la batalla de los gestos en que andan envueltas una y otra parte, no parece factible que ninguna pueda salir triunfante sin facilitar una salida digna a la otra. Y el comunicado de Iberdrola difícilmente puede leerse como un paso en la buena dirección. “Rectificar es de sabios”, decía la compañía en su comunicado. Un cambio en sus formas posiblemente también pueda verse como un paso inteligente.