Estrategia de Solbes sobre el fondo de comercio: salvar las operaciones hechas, ceder las futuras

El Ejecutivo socialista sigue en su línea de defender a las grandes empresas españolas en Bruselas. Si el martes pasado asumía como propia la defensa de Telefónica tras la multa de 152 millones impuesta por la Comisión Europea, también va a tratar de salvar los privilegios adquiridos por la operadora y el resto de grandes empresas en el expediente por la deducción fiscal del fondo de comercio, a cambio de eliminar esta ventaja para los que hagan adquisiciones a partir de ahora.

Varias fuentes jurídicas han confirmado que, si finalmente Bruselas considera ayuda de Estado esta deducción (como propone el expediente con argumentos muy contundentes), Economía intentará “proteger las deducciones ya aplicadas –es decir, que la medida no sea retroactiva- y negociar su desmantelamiento progresivo: que los que ya han aplicado la deducción puedan seguir haciéndolo pero que nadie más pueda subirse al carro”, explica una de estas fuentes.

Otra fuente lo expone aún más gráficamente: “Se trata de que no afecte a los que ya compraron y que puedan seguir aplicando la deducción en el futuro, y que los que vengan paguen el pato”.

En todo caso, la prioridad del ministerio que dirige Pedro Solbes es que no se considere ayuda de Estado en ningún caso, de forma que se pueda salvar la deducción aplicada hasta ahora y en el futuro. Fuentes del ministerio aseguran que “es muy pronto para hablar de lo que se puede ceder en una negociación, porque el objetivo es que no se considere ayuda de Estado”.

Para ello, en la famosa reunión de Economía con las empresas afectadas del 19 de octubre, los representantes del ministerio animaron a las compañías a aportar toda la información posible y todos los argumentos a su alcance para lograr la mejor defensa posible, según fuentes que estuvieron presentes en dicho encuentro. La idea es que “todos estamos en el mismo barco” y que a quien más caso van a hacer en Bruselas es al Estado, por lo que las empresas deben aportar sus ideas a la defensa gubernamental.

Las empresas buscan su propia defensa

Sin embargo, muchas empresas no las tienen todas consigo y están contratando despachos de abogados para personarse en la causa. En el sector hay grandes temores a que la pérdida de peso de España en la UE haga vanos los esfuerzos del Gobierno y a que éste no sea todo lo activo que debería en esta defensa, ya que se trata de una deducción creada por el PP. De hecho, un editorial de El País del 15 de octubre apuntaba claramente en esta dirección, lo que sembró el pánico en las grandes compañías.

Algunas de las fuentes consultadas aseguran que son los grandes bufetes con presencia en Bruselas los que se están ofreciendo a las empresas para que se personen en el expediente, ante la jugosa minuta que esto les puede proporcionar. Sin embargo, uno de estos despachos asegura que no se trata de una iniciativa de los abogados, sino que son las empresas las que les están consultando sobre la mejor estrategia para defender sus intereses.

En todo caso, esta fuente cree que es necesario que las empresas afectadas se personen: “Lo normal sería que lo hicieran todas; en otros países ni se lo plantearían, pero aquí es más difícil porque las empresas no ven muy claro qué beneficios les reporta personarse”. A su juicio, numerosas empresas de otros países van a hacerlo para tratar de que la deducción se considere ayuda de Estado, por lo que no sería lógico que las españolas se quedaran al margen.