El consorcio galo se replantea la compra del paquete de Sacyr en Eiffage

Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso, no ve la salida al final del túnel en su aventura francesa. El enésimo capítulo del affaire que enfrenta a la española con la tercera constructora gala, lo escribió este martes el juez Jacques Gazeaux, que ha inculpado a Sacyr y a su presidente por “difusión de informaciones falsas y engañosas”. Delito que, según el derecho bursátil galo, está penado con dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones de euros. Pero las desventuras del murciano en París no acaban ahí. Los virtuales compradores galos del paquete de Sacyr en la francesa a 63 euros se están replanteando la operación o incluso se habrían echado atrás, por la caída de la cotización de Eiffage respecto al pasado 8 de abril, publicaba ayer La Tribune.

“En Francia nadie se toma en serio la palabra de Del Rivero. Incluso el pasado día 2 abril, en su comparecencia ante los medios franceses, el presidente francés afirmó que la Justicia le había dado la razón”, han declarado a El Confidencial portavoces oficiales de Eiffage en París.

El drama para el español es que la Justicia francesa ya se pronunció sobre la efectiva acción de concertación de Sacyr con los seis accionistas murcianos –Explotaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias Alavesas (Efapa), Acciones Reunidas, Bens Patricios, Arcomundo, Portman Golf e Inmobiliaria Vano- gracias a cuyo 5,22% conjunto, sumado al 33,32% de Sacyr, se considera probado que el bloque español superó un tercio del capital de Eiffage. Porcentaje que le obligaría a lanzar una OPA del cien por cien.

La investigación de la AMF

Según la investigación del caso elaborada por la CNMV francesa, la Autorité des Marchés Financiers (AMF), a la que ha tenido acceso El Confidencial, las seis compañías citadas “contrariamente a sus declaraciones a la AMF, están ligadas a Luis del Rivero y José Manuel Loureda, accionistas fundadores y dirigentes de Sacyr, por relaciones de orden personal, de capital y de negocios, haciendo intervenir como pivotes a las sociedades Opera Bona, SA y Prima Domus, SL, en las cuales los dirigentes de Sacyr mantienen participación y han ejercido sus mandatos al lado de los accionistas de las sociedades citadas (salvo Bens Patricios)”. La AMF añade que los montantes “de entre 50 y 70 millones de euros” invertidos en Eiffage por parte de estas compañías “parecen muy significativos, cuando no desproporcionados, teniendo en cuenta la facturación aparente de dichas sociedades”. El drama para Del Rivero es que en Francia el regulador bursátil y la Justicia hacen mejor su trabajo que al otro lado de los Pirineos. Al menos cuando de juzgar a una compañía extranjera se trata.

La inculpación de Del Rivero tuvo lugar ayer, el mismo día en que Gazeaux, tras tomar declaración a Del Rivero, decidió levantar el embargo que había decretado el pasado 4 de abril sobre la participación de Sacyr en Eiffage. Complementariamente, el juez fijó una fianza de cinco millones de euros a Luis del Rivero y a Sacyr. Esta investigación judicial fue abierta el pasado 24 de junio a raíz de la denuncia contra Sacyr cursada por Eiffage, con constitución de parte civil, después de su asamblea general de abril de 2007. En esa asamblea, la mesa privó de derechos de voto a otros 89 accionistas españoles por considerar que Sacyr actuaba de concierto con ellos para hacerse con el control de Eiffage, sin declarar la operación como manda la normativa bursátil francesa.

A raíz de lo sucedido, Sacyr, que no pudo obtener los puestos en el consejo de administración de Eiffage a los que aspiraba, entabló acciones judiciales contra la constructora y lanzó una opa por medio de un canje de acciones sobre la empresa. En junio del pasado año, la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) invalidó esa opa, al considerar que Sacyr había actuado de concierto con al menos otros seis accionistas españoles, y le ordenó que lanzara otra opa, esta vez en efectivo y a un precio muy superior.

Sacyr recurrió y el pasado día 2 de abril el Tribunal de Apelación de París anuló la obligación de lanzar una nueva opa, aunque confirmó el dictamen de la AMF de que el grupo se había concertado con otros accionistas españoles para hacerse de forma subrepticia con el control de Eiffage.