Martinsa-Fadesa teme que el juez no admita el concurso voluntario de acreedores

De los muchos temores que tiene en estos momentos Martinsa-Fadesa, la no admisión a trámite del concurso voluntario de acreedores por el juzgado mercantil número 1 de La Coruña es el primero de la lista. El juez aún no ha dictado el auto de admisión, algo que, según los especialistas, se desvelará en estos días o ya en septiembre, porque agosto es un mes inhábil.

La incertidumbre existe, aunque en la inmobiliaria quitan hierro al asunto. “Martinsa-Fadesa ahora mismo ni se plantea esa posibilidad. No vamos a hablar de algo que aún no ha ocurrido”, declararan a El Confidencial fuentes de la inmobiliaria. Pero el temor está ahí. “Que el juez no admita el concurso voluntario de acreedores presentado por Martinsa-Fadesa sería una muy mala noticia para la compañía, porque perdería el control”, aseveran los abogados de Ofilegal, bufete que ha promovido la creación de una asociación de afectados por la inmobiliaria.

En todo caso, al haber sido la compañía quien lo solicita, en el momento en el que el juez lo admite, se trata de un concurso voluntario. "La diferencia entre concurso voluntario y concurso necesario estriba en que, en el primero, los administradores concursales trabajan al mismo nivel que el Consejo de Administración, mientras que, en el segundo, al Consejo se le puede suspender de sus funciones”, explica Iure Abogados, que representa a 60 clientes. Caso aparte es si el concurso se califica como “culpable”, porque no se ha presentado a tiempo o si se detecta negligencia en la gestión. Entonces, el Consejo de Administración tendría que asumir con sus propios bienes sus deudas societarias.

“Lo mejor en cualquier caso para Martinsa Fadesa es el concurso voluntario. Lo contrario es un primer paso a una posición muy complicada”, reitera otro profesional del sector. “El peor escenario posible en estos momentos es que el juez mercantil no acepte como administrador al actual consejo de administración, sino que nombre a otros administradores aparte. Y para los accionistas, lo peor es que al final no quede nada que repartir”, añade.

Con todo, este especialista estima que “lo más probable es que nombren como administradores al actual equipo del consejo de Martinsa Fadesa. Habrá un impasse de no menos de seis meses de inactividad, tras de los cuales se intentará terminar las promociones y vender activos. Pero les van a vigilar de cerca. Entretanto, habrá un rosario de juicios de compradores a Fernando Martín, o de Fernando Martín a la tasadora TasaMadrid, o a la consultora Richard Ellis”.

Contratos que datan de 2006, la época de Jove

Ofilegal, por su parte, que ya aglutina a unos 65 afectados, destaca las piedras en el camino que están apareciendo sobre el terreno: “Los compradores están detectando irregularidades y quieren resolver los contratos de compraventa; los dueños de suelo con adjudicaciones mediante permuta pueden rescindir los contratos, con lo que la inmobiliaria pierde terrenos, etc.”. Los abogados de esta firma empiezan a detectar que “muchos contratos son de 2006, en la fecha en que Martinsa compró Fadesa. Algunos fueron gestionados por el equipo de Jove y sí podrían ser responsables los anteriores gestores. Aunque aún es muy pronto para valorar eso”, apuntan.

Pero lo peor para la primera inmobiliaria por activos del país sería, si las hubiere, las responsabilidades penales. “En algunos contratos se han detectado irregularidades serias. Martinsa-Fadesa promueve viviendas protegidas en manos de comunidades de propietarios en los que otra sociedad de la compañía, Fercler, ejerce como gestora. Sucede que, por ejemplo, en una promoción de la Comunidad de Madrid, los comuneros han abierto una cuenta a la que han aportado un millón de euros y la gestora ha sacado 500.000 euros y aún no se ha empezado a construir. En ese caso sí se podría presentar una querella criminal por estafa”, afirma Ofilegal.

Y luego hay complicaciones añadidas, como los clientes que han comprado viviendas en Hungría, Rumanía o Marruecos, bajo las legislaciones de esos países: “Se empiezan a ver cosas como que los contratos están escritos en rumano y en español, que les han subido el IVA, o que los avales son de bancos extranjeros con los que es muy difícil contactar...”.