Solbes gana tiempo en la financiación autonómica y da por hecho que incumplirá el ‘Estatut’ de Cataluña

Objetivo cumplido. Al menos para Pedro Solbes. El nuevo modelo de financiación autonómica no estará listo “hasta otoño”, lo que significa que el Ministerio de Economía gana tiempo para negociar la financiación de Cataluña al margen de lo que establece el ‘Estatut’. Aunque formalmente la próxima semana (el lunes) se reúne la Comisión Mixta Estado-Generalitat (un órgano bilateral) nadie cree que hoy por hoy -y a la vista de lo alejadas que están las posiciones- se puede lograr un pacto, lo que supone que no se podrá cumplir el calendario previsto en la ley fundamental de Cataluña, que fija en el 9 de agosto la fecha límite para que las dos partes acuerden el nuevo modelo de financiación que fija el ‘Estatut’.

En el ínterin puede llegar la sentencia del Tribunal Constitucional que eche por tierra algunas parte de la norma catalana, y eso es lo que parece esperar Economía como agua de mayo, que ayer se presentó ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin un propuesta concreta capaz de satisfacer las demandas de Cataluña y, por supuesto, de la mayoría de comunidades autónomas, que siguen sin conocer el detalle del nuevo modelo de financiación. Solbes ha afirmado en repetidas ocasiones que lo que se pacte con Cataluña debe ser generalizable para el resto del Estado, pero ni unos ni otros conocen el contenido de la propuesta de Economía, que insiste en que el 1 de enero de 2009 debe estar vigente el nuevo modelo. Pero también en el ínterin la situación económica se irá deteriorando, y eso le permitirá a Solbes negociar desde una posición de fuerza ante la falta real de recursos del Estado para satisfacer las demandas de los gobiernos regionales.

Con este escenario, y como no podía ser de otra manera, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer acabó sin acuerdo alguno. En el caso catalán, debido a que su conseller de Economía, Antoni Castells, quiere llevar las negociaciones a la Comisión bilateral, es decir al margen del órgano que coordina a las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas, tal y como fija el ‘Estatut’. Y en el caso de las comunidades autónomas del Partido Popular debido a que sus consejeros quieren más recursos, y la vista de cómo están las cuentas públicas no parece que eso sea posible, al margen de planteamientos de oportunidad política.

El coste del nuevo modelo

Lo que ha puesto hasta el momento Pedro Solbes sobre la mesa en buena voluntad, pero ni un euro más. José Antonio Griñán, el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, estimó ayer que el nuevo modelo (con sólo actualizar la población) costará alrededor de 4.000 millones de euros, pero para Antonio Beteta, consejero de Hacienda de Madrid, la cifra se situará en una horquilla entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Solbes, ayer, no quiso hablar de dinero ya que se trata de una cuestión que se discutirá “al final” de las negociaciones, toda vez que lo que toca ahora es hablar de “principios”, pero no parece que las cuentas públicas estén ahora para ese dispendio.

Entre esos ‘principios’ citados por Solbes no se encuentra lo que establece el artículo 206 del ‘Estatut’, que determina que una vez que se han aplicado “los mecanismos de nivelación” -la solidaridad del sistema- Cataluña no pierda ni un puesto en relación a su posición en términos de renta per cápita. O dicho en otros términos. Si Cataluña es la segunda o tercera región española en riqueza relativa, cuando se aplique los fondos de nivelación no baje hasta el puesto doce o trece, como ocurre actualmente. Por el contrario, algunas regiones situadas en los últimos puestos en términos de renta per cápita, pasan a los primeros lugares en financiación por habitante una vez que se aplican los fondos de nivelación.

En estas negociaciones, el principal aliado de Solbes parece ser Andalucía, que teme que una revisión en profundidad del modelo actual lleve a alterar el statu quo actual, y de ahí que su consejero de Hacienda se muestre en líneas generales satisfecho con el documento del Gobierno. Entre otras cosas debido a que su población (principalmente inmigrante) ha crecido en línea con la media del país, lo que le pone a priori en una situación neutral, aunque políticamente beligerante por razones obvias de afinidad política.