El stock de viviendas sin vender es de 1,3 millones, más del doble de lo que afirma la ministra Corredor

“El Departamento de Estadísticas de Corredor [ministra de Vivienda] sigue insistiendo en inventarse los datos (están tan acostumbrados...). Nos dijo la ministra que al final de año habrá sólo 650.000 viviendas por vender (suficientes para entre 1 año y 2,5 años)”, afirmaba ayer en su blog José García Montalvo, profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Según Montalvo, a partir de los datos oficiales, “pones 18 meses a las viviendas iniciadas y tienes una buena aproximación de las viviendas terminadas. Y sólo en viviendas nuevas a final de año la diferencia acumulada entre terminación de vivienda y ventas será de casi 1,3 millones de viviendas (al ritmo actual de ventas de viviendas nuevas para cuatro o cinco años”.

El desbarajuste estadístico de Vivienda es tal que la propia ministra reconoció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que “no se puede conocer exactamente el número de viviendas vacías y que hay que tomar con cautela las estadísticas que se publican al respecto”.

Beatriz Corredor, por muy deprisa que hable, no puede ocultar los despropósitos del Gobierno ZP en materia de vivienda, reflejados en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, (PEV), que se aprobará previsiblemente la semana que viene y cuyo máximo objetivo es apuntalar como sea el cierre por derribo inexorable que sufren los promotores.

A saber, el Plan prevé añadir entre 15.000 y 20.000 viviendas más a la sobreoferta ya existente, con la excusa de que serán viviendas protegidas. Se construirán sobre suelos que compre SEPES (la sociedad pública gestora de suelo) a las inmobiliarias. No contento con eso, el plan del ministerio facilita la reconversión de viviendas libres en protegidas y promueve el alquiler con opción a compra. El precio previsto es el de los pisos concertados, los más caros de entre los de protección oficial. Eso sí, la ministra recomienda a las Comunidades Autónomas que sus habitantes no destinen a la compra de vivienda más de un tercio de su renta.

“Sería paradójico que se pagara más por un piso protegido que por uno libre”, reflexiona Montalvo. Teniendo en cuenta que las viviendas de protección oficial superan los 300.000 euros (ó 50 millones de las antiguas pesetas) en Madrid y Barcelona, ningún joven mileurista necesita que su Gobierno o Comunidad Autónoma le ayude a endeudarse de por vida por cuatro paredes, por mucho que se aumente la renta de quien puede acceder al regalo de un pisito de VPO.

Montalvo en su blog hace referencia al trabajo de Glaeser y Gyourko en el último número de Economists