Caja Madrid valida la elección de Fernando Serrano como presidente de la Comisión de Control

El Consejo de Administración de Caja Madrid convalidó en su reunión de ayer la elección de Fernando Serrano como nuevo presidente de la Comisión de Control. La elección de Serrano (siete votos contra seis) supuso la paralela derrota del hasta entonces presidente de la citada Comisión, el aguirrista Pablo Abejas, y tuvo lugar en la tormentosa reunión celebrada el pasado viernes, que ha abierto un nuevo capítulo en la guerra que la Comunidad de Madrid ha emprendido en su intento de despachar a Miguel Blesa y colocar en la presidencia a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad.    

El de ayer se trataba de un Consejo ordinario que tuvo de extraordinario la lectura, al final del mismo, de la amenazadora carta que el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad madrileña, Antonio Beteta, le dirigió el pasado sábado. En la misma, Beteta advertía a Blesa de las consecuencias de no acatar la postura de la citada Consejería sobre las incompatibilidades de miembros de la Comisión de Control, lo cual podría provocar la toma de cuantas acciones administrativas y judiciales estén previstas. 

En definitiva, Beteta le pide a Blesa que Caja Madrid no otorgue validez al nombramiento de Serrano como nuevo presidente de la Comisión de Control, ya que para la gente de Esperanza Aguirre ese cargo sigue legalmente ocupado por Pablo Abejas, a pesar de haber perdido la votación sobre su permanencia el pasado viernes. El Consejero de Economía y Hacienda advierte, además, a Blesa de que no se le ocurra comunicar al Banco de España el nombramiento de Serrano, algo que, en opinión de una fuente de la Caja, no son más que “pataletas de mal perdedor”.

La pelea entra así en un nuevo estadio, que obliga a la Comunidad a pasar de las amenazas a los hechos, es decir, a judicializar la guerra. Está por ver que la presidenta Aguirre vaya a embarcarse en esa aventura. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que “da la impresión de que en la Comunidad de Madrid no se han leído bien la legislación en vigor, ya sea la vigente Ley 4/2003 de 11 de marzo sobre Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, trasposición de la LORCA, o la nueva Ley aprobada en la Asamblea de Madrid, reforma de la anterior y origen de la polémica, que en estas cuestiones no ha variado nada”.  

En efecto, el Artículo 6 de la citada Ley 4/2003 sobre “Órganos competentes de la Comunidad de Madrid”, asegura textualmente que “en el marco de lo dispuesto en la presente Ley y en la legislación básica estatal, la Comunidad de Madrid ejercerá sus competencias administrativas en materia de supervisión, inspección y control de la actividad económico-financiera y benéfico-social de las Cajas de Ahorros con domicilio social en el territorio de la Comunidad de Madrid”, pero no le confiere ninguna potestad sobre la actividad y funcionamiento de sus órganos de Gobierno.

Por su parte, el Artículo 22, sobre “Principios de actuación”, todavía reduce más las posibilidades de la Comunidad para interferir, a través de los consejeros, en la actividad de dichos órganos de Gobierno, al afirmar que, por un lado, “Los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja a que pertenezcan y de la función social de la misma”, mientras que a continuación puntualiza que “Los miembros de los órganos de gobierno actuarán con plena independencia respecto de las entidades o colectivos que los hubieran elegido o designado, los cuales no podrán impartirles instrucciones sobre el modo de ejercer sus funciones. Sólo responderán de sus actos ante el órgano al que pertenezcan y, en todo caso, ante la Asamblea General”.