Fracaso de la tarifa social de Sebastian: sólo un 1% de los posibles beneficiarios contrata luz más barata

Corría el mes de septiembre y el Plan Vive para la compra de vehículos sólo contaba con 18 operaciones en dos meses de vida. El Ministerio de Industria dio marcha atrás y lo modificó. Algo similar debería hacer, mientras dure, con la tarifa social. Siete meses después de su puesta en marcha, sólo el 0,78% de los clientes potenciales se han acogido a ella. De los 3.505.000 hogares con la electricidad contratada a una de las tres grandes eléctricas y con posibilidad de acceder a la tarifa social por contar con menos de 3 kilovatios de potencia, sólo 27.389 la han solicitado, según los datos que manejan las propias compañías.

Iberdrola es la compañía en que mejor se ha comportado el nuevo modelo. De los 1.565.000 clientes potenciales en toda España, a finales de enero habían contratado la tarifa un total de 18.650; unos guarismos que no dejan de suponer un pírrico 1,2%. En el caso de Endesa, de los 1.340.000 de clientes por debajo de los 3 kilovatios de potencia instalada, únicamente 5.500 clientes se han dirigido a la compañía para acogerse a la tarifa social, apenas un 0,41%. En Unión Fenosa, 3.239 de 600.000, un 0,53%. Una evolución que, cuando menos, debería hacer pensar a Miguel Sebastián.

“Equivale a la potencia contratada para la iluminación, el frigorífico, la televisión y un electrodoméstico especial de potencia alta”, dijo el ministro al explicar la nueva tarifa. Es más, cifró en un 10% su ahorro, ya que sólo se facturaría a los abonados el consumo realizado pero no la potencia contratada, que pasaría a ser gratuita. Desde las asociaciones de consumidores y desde la propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) se criticó que la tarifa social tuviera en cuenta la potencia instalada y no la renta. “Las ayudas podrían destinarse a individuos que realmente no las necesitan”, exponía la CNE. Por ejemplo, en el caso de una segunda vivienda.

Trámites de 20 euros

Sin embargo, eso no explicaría la baja aceptación de la nueva tarifa. Tal vez la clave es más prosaica y la diera recientemente Honorato López Isla, consejero delegado de Unión Fenosa, que en declaraciones realizadas en Galicia recordaba: “La peculiaridad de la tarifa social es que la tienen que solicitar las familias, pero para poder hacerlo pagan alrededor de 20 euros. Supongo que el ahorro de dos euros al mes, que son dos cafés, no les anima a hacer los trámites”. Tampoco las campañas de información han brillado por su presencia.

El futuro no es mucho más brillante. A tenor de la evolución de las solicitudes, el grueso de los clientes acogidos a la tarifa social ya figura en las filas de las eléctricas. Si analizamos la distribución por meses de los abonados que la han contratado en la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, observamos que en agosto, el mes de arranque del modelo, la solicitaron 1.949 personas, produciéndose en septiembre y octubre, cuando se fue obteniendo más información, la mayor demanda, con 6.412 y 5.184, respectivamente. Desde entonces, el interés decae. En noviembre se sumaron 2.232 abonados, 1.663 en diciembre y en enero apenas 1.210.

Todo sin contar con la incertidumbre que supone la vinculación de este debate con la negociación del déficit tarifa que actualmente llevan a cabo Industria y las eléctricas. No en vano las compañías ya han dado luz verde dentro del acuerdo global a la creación de un bono social cuyo coste asumirían y que debería venir a sustituir una tarifa social que habría nacido muerta. Fuentes del sector reconocen que todavía no saben si dicho bono se fijará en función de la renta o del consumo. Tampoco su cuantía. En todo caso, Miguel Sebastián anunció un acuerdo para el mes de febrero. Es obvio que ya no se escenificará en plazo.

La puesta en marcha del bono social al menos evitaría la coincidencia de la tarifa social con la entrada en vigor de la Tarifa Último Recurso (TUR), precio máximo de la energía para particulares, una de las preocupaciones de la CNE. Precisamente el umbral de la TUR es también una de las inquietudes del sector: “Por debajo de cinco kilovatios afecta a 13 millones de clientes. Si el umbral es de 10 kilovatios, a 19 millones, y eso no es último recurso. Ahí cabe todo. Por definición, hay empresas”.