Feijóo deja en el aire los molinos del BNG

“Algo huele a podrido en la Xunta de Galicia”, dijo en su día Mariano Rajoy. Ahora, Alberto Núñez Feijóo, próximo presidente gallego, ejercerá como cirujano y extirpará el cáncer en el mayor concurso eólico de la historia de la región. Eso después de que el Ejecutivo gallego, de la mano del BNG, adjudicara en un procedimiento pleno de anomalías y críticas 2.290 megavatios de potencia, el doble de toda la capacidad instalada.

Una empresa de demasiada envergadura para no ser transparente. “El PP revisará de oficio todo el procedimiento, procediendo, en su caso, a su anulación y a una nueva convocatoria”, rezaba el programa electoral de Feijoó. Hasta el propio PSOE, supuesto compañero de fatigas de los nacionalistas en el Gobierno gallego, cuestionó la seguridad jurídica del proceso.

“Es vox populi que se lo dieron a sus amiguetes”, aseguran fuentes del sector. Lo cierto es que las dos cajas de ahorro de la comunidad, Caixanova y Caixa Galicia, no tienen motivos de queja. La primera, a través de Eólica Gelenova, obtuvo 235 megavatios repartidos en seis parques. La segunda, que acudía con la empresa lucense Norvento, se encargará de la gestión de otras cinco instalaciones y 172 megavatios.

También salieron bien libradas Aucosa –integrada por varias conserveras-, con 216 megavatios; y Ventos Cooperativos –encebezada por cooperativa láctea Feiraco- con 192. Por si acaso, la Administración autonómica se quedó con más del 14% de los megavatios repartidos, hasta 325. Según dijo ayer el propio Feijóo en una entrevista con el Faro de Vigo, “el concurso adolece de vicios que aconsejarían replantearlo, sea volviendo a presentar las ofertas, o recalificando las presentadas”.

“El concurso se resolvió en 24 horas. Los representantes socialistas en el jurado, de las consellerías de Medio Ambiente y Política Territorial, lo abandonaron porque hasta se les negaba el acceso a la información para proceder a la adjudicación. La decisión final fue de la consellería de Innovación, de Fernando Blanco, y de la de Medio Rural, gobernadas ambas por nacionalistas.

Hubo una tremenda falta de garantías”, explicaban ayer a El Confidencial fuentes próximas al futuro presidente de la Xunta. “Ya se ha pedido un informe a la asesoría jurídica de la Xunta por los recursos en contra que se han presentado y para tener certeza sobre la legalidad del proceso”, añadieron desde La Coruña. La adjudicación está pues en el aire.

Tres de esos recursos pertenecen a Iberdrola Renovables, uno por cada uno de los proyectos que concurrían al concurso y que aspiraban a 1.300 megavatios. ¿Potencia obtenida? Cero. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán no sólo considera que sus propuestas cumplían con los requisitos necesarios exigidos, sino que estima que se han producido irregularidades en la resolución.

De hecho, la eléctrica asegura que aún no ha tenido acceso al expediente administrativo y que la Xunta le ha denegado esa información en más de una ocasión. Los recursos han sido interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la compañía ha solicitado la suspensión de la resolución por las irregularidades en la comisión de valoración. También Unión Fenosa se quedó fuera del reparto.

La propia resolución del concurso se convirtió en una especie de agonía, después de que la Xunta aplazara la decisión a mediados de diciembre durante siete días. Aunque se argumentaron problemas técnicos, el Gobierno gallego pospuso su decisión para consultar antes al Ministerio de Industria sobre los riesgos jurídicos de que el reparto pudiera ser impugnado en Madrid. En todo caso, la adjudicación es provisional en tanto los proyectos seleccionados tenían que pasar por el Consello de la Xunta.