¿Quién controlará las agencias de 'rating'?

Es hora de que paguen los culpables… o al menos de que se les castigue. De ahí que las reformas que planea la Unión para el sistema financiero internacional toquen de lleno a las agencias de ‘rating’. Las razones de Bruselas para señalar a estas agencias -siendo Standar & Poor’s, Moody’s y Fitch las que dominan el sector- se debe su insuficiente capacidad de predicción para detectar el epicentro de la actual crisis financiera.

 

Aunque difieren en la dureza con la que deben ser fustigadas, todas las instituciones europeas coinciden en la necesaria regulación que debe recaer sobre las agencias de calificación crediticia. Esta renovación se viene arrastrando desde el G-20 de Washington y llegará al que tendrá lugar el próximo 2 de abril en Londres, donde la Unión Europea (UE) teme que EE UU no respalde sus ambiciones: aumentar el control, la calidad, la independencia y la transparencia de las agencias de ‘rating’.

La primera instrucción del Parlamento europeo (PE) para que las agencias de ‘rating’ puedan ejercer su actividad en la UE es transferir los poderes de registro y supervisión al Comité Europeo de Reguladores Bursátiles (CESR, en sus siglas en inglés) y no a las autoridades nacionales. La idea, apoyada este lunes por la comisión de Asuntos Económicos del PE, surgió del informe que el grupo de expertos, presidido por Jacques de Larosière, transmitió a la Comisión europea a finales de febrero con la intención de encaminar la renovación del sistema de supervisión financiera de la Unión. “Con este voto, la Comisión [de Asuntos Económicos] ha mostrado su voluntad de establecer una regulación europea efectiva”, afirmó Jean-Paul Gauzès, el eurodiputado de centro-derecha francés encargado de dirigir el informe al Parlamento.

Peligros de sobrerregulación

Sin embargo, algunos expertos que analizan el ímpetu reformador de la Unión advierten del peligro de sobrerregulación. Lo que sugieren es una regulación mejor, y no más legislación, ya que la situación actual se originó en parte por el incumplimiento de la normativa existente. Nicolas Veron, investigador del think tank europeo Bruegel, estima que las propuestas del grupo Larosiére en esta materia “aún dejan muchas cuestiones importantes abiertas”. Otra corriente de pensamiento defiende, de forma resumida, la introducción de más regulación sin que ello conlleve más costes.

Uno de los puntos que levanta más controversias es la propuesta para la creación con fondos europeos de una nueva agencia de calificación europea “independiente y sin ánimo de lucro”, que se ocuparía de ‘re-calificar’ los resultados generados por las agencias de ‘rating’ y asegurar que no están sujetos a conflictos de intereses. De este modo, todas las calificaciones, incluso las emitidas por instituciones no sujetas a las normas europeas o por agencias de terceros países, necesitarían el respaldo de agencias de la Unión.

La UE apuesta por hacer hincapié en la calidad de la calificación, de modo que la gran mayoría de las propuestas se anclan en este eje. Las agencias de calificación deberán utilizar estándares de evaluación sólidos y no podrán ofrecer servicios de consultoría ni calificar instrumentos financieros si no disponen de información fiable y precisa para los inversores. Estarán obligadas a publicar informes anuales de transparencia y a crear mecanismos internos que supervisen la calidad de sus calificaciones, según el borrador del informe del PE.

Tirón de orejas para los ejecutivos

Otra exigencia de gran actualidad a razón de los diversos escándalos que acumula esta crisis, se refiere a las funciones y remuneraciones de sus ejecutivos. Las agencias de calificación crediticias deberán contar con al menos tres directores independientes cuya remuneración no dependa del beneficio de la agencia. Ocuparán su cargo durante un único periodo máximo de cinco años y sólo se aceptarán dimisiones en caso de conducta profesional inadecuada. Además, las agencias de ‘rating’ deberán publicar el listado de entidades a las que califiquen y de las que reciban más del 5% de sus ingresos. En el caso de los bancos, no podrán emitir calificaciones si sus analistas poseen vínculos financieros con la entidad.

La posición española, proclive a endurecer el control sobre las agencias de ‘rating’, se sitúa junto a la de Italia, Grecia, Portugal, Francia y Malta. Curiosamente, las principales agencias han rebajado recientemente las calificaciones de la deuda pública de varios de estos países. La postura más blanda hacia estas agencias la representan Reino Unido, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca, pues consideran que se trata de una intromisión excesiva por parte de la Unión en los mercados financieros.