El Supremo sienta en el banquillo a la antigua cúpula de Banesto por denuncia falsa e intento de estafa procesal
El próximo día 4 de mayo, el ex presidente de Banesto y actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el ex director general, José Ángel
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El próximo día 4 de mayo, el ex presidente de Banesto y actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el ex director general, José Ángel Merodio, se sentarán en el banquillo de los acusados. Al día siguiente, lo harán el ex director regional de Banesto en Cataluña, Miguel Ángel Calama y el abogado externo del banco Rafael Jiménez de Parga. ¿El motivo? Cuatro delitos continuados de acusación y denuncia falsa y un delito continuado de estafa procesal en grado de tentativa, según las acusaciones particulares y la calificación del Ministerio Fiscal.
Es uno de los flecos que todavía colea y que está relacionado con las delictivas actuaciones que el ex juez Luis Pascual Estevill había desplegado desde los juzgados barceloneses en su época de mayor gloria. Y de un tema que la Audiencia había archivado hace unos años se ha llegado al banquillo de su Sección Tercera porque el Supremo ordenó proseguir el caso hasta el final, hasta la última depuración de responsabilidades.
Ciertamente, los designios del destino son inescrutables. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acaba de estimar un recurso de la fiscalía y ha anulado el tercer grado penitenciario al ex juez Luis Pascual Estevill, condenado por prevaricación y por delito fiscal. El ex magistrado gozaba de los beneficios del régimen abierto desde noviembre pasado, cuando la Generalitat de Cataluña le permitió salir de la cárcel y volver a ésta sólo para dormir.
El fantasma de la corrupción, sin embargo, vuelve a sobrevolar los juzgados merced a un asunto relacionado con el polémico magistrado. El 26 de julio de 1994, Banesto presentaba una querella –respaldada por los ahora imputados- contra los empresarios Pedro Olabarría, los hermanos José Ignacio y Luis Fernando Romero García y Modesto González Mestre por supuesta estafa y alzamiento de bienes.
El 3 de agosto de aquel año, el juzgado número 10 abrió diligencias. El juez se fue de vacaciones y su sustituto era ni más ni menos que Pascual Estevill. La ratificación de la denuncia estaba prevista para el 13 de septiembre y la declaración de los acusados, para el 19 del mismo mes. Pero Estevill resolvió, de repente, ratificar la querella el 7 de septiembre y ese mismo día citó para el día 9 de septiembre a los empresarios en su despacho a las 8 de la mañana.
Pagaron para salir de la cárcel
Olabarría, José Ignacio Romero y Modesto González durmieron aquella misma noche en la cárcel Modelo, mientras que Luis Fernando Romero tuvo que depositar una fianza. Meses después, el caso era sobreseído y los empresarios, liberados. Por este motivo, los encausados se querellaron contra el juez y lograron que fuese condenado por prevaricación y detención ilegal el 4 de julio de 1996.
Un amigo de ellos, el también empresario Lorenzo Rosal Bertrand, declaró que, para lograr la libertad de los encarcelados, se reunió en un parking público con X.P.F., hijo de Pascual Estevill. El motivo de la reunión fue efectuar un pago de 25 millones de pesetas con el fin de lograr la libertad de los empresarios. El dinero cambió de manos en el interior de una bolsa de El Corte Inglés.
La querella de Banesto contaba con el apoyo de Alfredo Sáenz, José Ángel Merodio, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga. Merodio incluso había contactado con Olabarría el mismo día en que el juez citaba a los acusados diciéndole que su entidad había presentado la querella y que el asunto iba a ser “muy desagradable” para todos. Y no le faltaba razón: para algunos fue “muy desagradable” casi inmediatamente. Para otros, lo desagradable ha llegado años después.
La denuncia se debía, supuestamente, a préstamos por valor de más de 639 millones de pesetas, 3,84 millones de euros, que la entidad había dejado a empresas del grupo Olabarría y, especialmente, a Harry Walker. La red de sociedades de los empresarios entró en una profunda crisis y el banco les exigió responsabilidades personales acusándolos de haber creado una “apariencia de crédito y solvencia”. Pronto las acusaciones fueron desmontadas por las defensas, que tiempo después pasaron al ataque denunciando las extrañas circunstancias por las que los empresarios barceloneses pisaron la prisión.
Órdenes del Supremo
El propio Ministerio Fiscal señalaba en su escrito de acusación, en enero del 2007, que Banesto sabía que no podía exigir personalmente a los empresarios deudores el pago de las cantidades adeudadas por las sociedades anónimas. La Audiencia de Barcelona archivó el caso, pero el Tribunal Supremo, en un auto de ese año, ordenó continuar las investigaciones y decretó la apertura de juicio oral. Un reciente auto de la Audiencia de Barcelona admite “los medios de prueba propuestos por las acusaciones y las defensas” y señalaba las fechas del juicio: 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de mayo del 2009. Sáenz y Merodio declararán el primer día del juicio, mientras que los otros dos acusados lo harán al día siguiente.
En la historia laten varias connotaciones que hacen sospechoso el papel que tuvo cada uno de los actuales acusados. Curiosamente, Jiménez de Parga y Pascual Estevill eran compañeros de mesa del restaurante La Puñalada, donde ambos solían comer según se entra a la izquierda. Allí compartieron mantel en muchas ocasiones, más de las que el propio Estevill reconoció el 17 de septiembre del 2003 ante el juez instructor del caso: “Respecto al número de reuniones que mantuvieron [Jiménez de Parga y el juez], no puede concretar cuántas fueron en el juzgado, pero sí que fueron más de dos; en La Puñalada mantuvieron dos reuniones y siempre estuvieron ambos sin la compañía de ninguna otra persona”. Ambos se conocían de años antes, cuando ejercían como abogados. Y Estevill no tuvo inconveniente alguno en admitir que “las informaciones verbales que recibió del señor Jiménez de Parga influyeron en su decisión de acordar la detención y prisión” de los empresarios. Extrañas relaciones las del juez instructor y la parte querellante.
Ahora, los empresarios detenidos sólo quieren que la verdad aflore. “La finalidad de mis representados en este procedimiento no es otra más que se declare que la actuación de los acusados [es decir, la cúpula de Banesto] fue absolutamente ilícita. No se persigue el cobro de cantidad alguna, ni siquiera por daños morales, y ello a pesar de que los acusados son personas de notoria solvencia y que tras ellos está toda una entidad bancaria. La máxima reparación posible está en la declaración judicial de que los acusados consignaron hechos falsos en una querella para presionar a mis mandantes a que aceptaran el pago de lo que personalmente no debían”, dice la acusación particular.
Por ello, Olabarría y los hermanos Romero piden una indemnización de un euro para cada uno de ellos, mientras Modesto González señala que “se determine la responsabilidad civil en ejecución de sentencia”. Paralelamente, el fiscal reclama también que sean condenados “al pago de las costas procesales y de los perjuicios que la asistencia al plenario puedan ocasionar a los testigos propuestos por esta parte”. La última palabra la tendrán ahora los tres magistrados de la Sección Tercera de la audiencia de Barcelona.
El próximo día 4 de mayo, el ex presidente de Banesto y actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, y el ex director general, José Ángel Merodio, se sentarán en el banquillo de los acusados. Al día siguiente, lo harán el ex director regional de Banesto en Cataluña, Miguel Ángel Calama y el abogado externo del banco Rafael Jiménez de Parga. ¿El motivo? Cuatro delitos continuados de acusación y denuncia falsa y un delito continuado de estafa procesal en grado de tentativa, según las acusaciones particulares y la calificación del Ministerio Fiscal.
Es uno de los flecos que todavía colea y que está relacionado con las delictivas actuaciones que el ex juez Luis Pascual Estevill había desplegado desde los juzgados barceloneses en su época de mayor gloria. Y de un tema que la Audiencia había archivado hace unos años se ha llegado al banquillo de su Sección Tercera porque el Supremo ordenó proseguir el caso hasta el final, hasta la última depuración de responsabilidades.
Ciertamente, los designios del destino son inescrutables. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acaba de estimar un recurso de la fiscalía y ha anulado el tercer grado penitenciario al ex juez Luis Pascual Estevill, condenado por prevaricación y por delito fiscal. El ex magistrado gozaba de los beneficios del régimen abierto desde noviembre pasado, cuando la Generalitat de Cataluña le permitió salir de la cárcel y volver a ésta sólo para dormir.
El fantasma de la corrupción, sin embargo, vuelve a sobrevolar los juzgados merced a un asunto relacionado con el polémico magistrado. El 26 de julio de 1994, Banesto presentaba una querella –respaldada por los ahora imputados- contra los empresarios Pedro Olabarría, los hermanos José Ignacio y Luis Fernando Romero García y Modesto González Mestre por supuesta estafa y alzamiento de bienes.
El 3 de agosto de aquel año, el juzgado número 10 abrió diligencias. El juez se fue de vacaciones y su sustituto era ni más ni menos que Pascual Estevill. La ratificación de la denuncia estaba prevista para el 13 de septiembre y la declaración de los acusados, para el 19 del mismo mes. Pero Estevill resolvió, de repente, ratificar la querella el 7 de septiembre y ese mismo día citó para el día 9 de septiembre a los empresarios en su despacho a las 8 de la mañana.
Pagaron para salir de la cárcel
Olabarría, José Ignacio Romero y Modesto González durmieron aquella misma noche en la cárcel Modelo, mientras que Luis Fernando Romero tuvo que depositar una fianza. Meses después, el caso era sobreseído y los empresarios, liberados. Por este motivo, los encausados se querellaron contra el juez y lograron que fuese condenado por prevaricación y detención ilegal el 4 de julio de 1996.
Un amigo de ellos, el también empresario Lorenzo Rosal Bertrand, declaró que, para lograr la libertad de los encarcelados, se reunió en un parking público con X.P.F., hijo de Pascual Estevill. El motivo de la reunión fue efectuar un pago de 25 millones de pesetas con el fin de lograr la libertad de los empresarios. El dinero cambió de manos en el interior de una bolsa de El Corte Inglés.
La querella de Banesto contaba con el apoyo de Alfredo Sáenz, José Ángel Merodio, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga. Merodio incluso había contactado con Olabarría el mismo día en que el juez citaba a los acusados diciéndole que su entidad había presentado la querella y que el asunto iba a ser “muy desagradable” para todos. Y no le faltaba razón: para algunos fue “muy desagradable” casi inmediatamente. Para otros, lo desagradable ha llegado años después.
La denuncia se debía, supuestamente, a préstamos por valor de más de 639 millones de pesetas, 3,84 millones de euros, que la entidad había dejado a empresas del grupo Olabarría y, especialmente, a Harry Walker. La red de sociedades de los empresarios entró en una profunda crisis y el banco les exigió responsabilidades personales acusándolos de haber creado una “apariencia de crédito y solvencia”. Pronto las acusaciones fueron desmontadas por las defensas, que tiempo después pasaron al ataque denunciando las extrañas circunstancias por las que los empresarios barceloneses pisaron la prisión.
Órdenes del Supremo
El propio Ministerio Fiscal señalaba en su escrito de acusación, en enero del 2007, que Banesto sabía que no podía exigir personalmente a los empresarios deudores el pago de las cantidades adeudadas por las sociedades anónimas. La Audiencia de Barcelona archivó el caso, pero el Tribunal Supremo, en un auto de ese año, ordenó continuar las investigaciones y decretó la apertura de juicio oral. Un reciente auto de la Audiencia de Barcelona admite “los medios de prueba propuestos por las acusaciones y las defensas” y señalaba las fechas del juicio: 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de mayo del 2009. Sáenz y Merodio declararán el primer día del juicio, mientras que los otros dos acusados lo harán al día siguiente.
En la historia laten varias connotaciones que hacen sospechoso el papel que tuvo cada uno de los actuales acusados. Curiosamente, Jiménez de Parga y Pascual Estevill eran compañeros de mesa del restaurante La Puñalada, donde ambos solían comer según se entra a la izquierda. Allí compartieron mantel en muchas ocasiones, más de las que el propio Estevill reconoció el 17 de septiembre del 2003 ante el juez instructor del caso: “Respecto al número de reuniones que mantuvieron [Jiménez de Parga y el juez], no puede concretar cuántas fueron en el juzgado, pero sí que fueron más de dos; en La Puñalada mantuvieron dos reuniones y siempre estuvieron ambos sin la compañía de ninguna otra persona”. Ambos se conocían de años antes, cuando ejercían como abogados. Y Estevill no tuvo inconveniente alguno en admitir que “las informaciones verbales que recibió del señor Jiménez de Parga influyeron en su decisión de acordar la detención y prisión” de los empresarios. Extrañas relaciones las del juez instructor y la parte querellante.
Ahora, los empresarios detenidos sólo quieren que la verdad aflore. “La finalidad de mis representados en este procedimiento no es otra más que se declare que la actuación de los acusados [es decir, la cúpula de Banesto] fue absolutamente ilícita. No se persigue el cobro de cantidad alguna, ni siquiera por daños morales, y ello a pesar de que los acusados son personas de notoria solvencia y que tras ellos está toda una entidad bancaria. La máxima reparación posible está en la declaración judicial de que los acusados consignaron hechos falsos en una querella para presionar a mis mandantes a que aceptaran el pago de lo que personalmente no debían”, dice la acusación particular.
Por ello, Olabarría y los hermanos Romero piden una indemnización de un euro para cada uno de ellos, mientras Modesto González señala que “se determine la responsabilidad civil en ejecución de sentencia”. Paralelamente, el fiscal reclama también que sean condenados “al pago de las costas procesales y de los perjuicios que la asistencia al plenario puedan ocasionar a los testigos propuestos por esta parte”. La última palabra la tendrán ahora los tres magistrados de la Sección Tercera de la audiencia de Barcelona.